La Comisión Europea admite la posibilidad de amnistiar el terrorismo si la ley no supone inseguridad jurídica

El representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca, admitió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la posibilidad de amnistiar delitos de terrorismo, si la ley no incluye un ámbito excesivamente amplio y ello no conlleva que la seguridad jurídica se vea afectada, extremo que en última instancia deberán determinar los jueces nacionales. "El hecho de que la amnistía pueda infringir los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley, no es una condición para violar el efecto útil de directiva de terrorismo", aseveró.

Por contra el abogado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José María Fuster Fabra, sostuvo que la promulgada en España vulnera los principios europeos, al tratarse de "una autoamnistía", que "el Gobierno promulga exclusivamente por su interés particular, no por el de Catalunya o España”, idea en la que coincidió con el representante de la Comisión Europea que, como ya hizo en la vista matutina, destacó que debería entenderse como tal la que se promulga para conceder inmunidad a los socios del Gobierno para garantizar su apoyo parlamentario.

La Comisión Europea, sobre la amnistía: "No parece que responda a un interés general", sino a lograr la investidura

En la vista relativa a las dudas planteadas por la Audiencia Nacional a la hora de aplicar la amnistía a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de pertenencia a organización terrorista y fabricación y tenencia de sustancias explosivos, Fabra incidió en que hacerlo vulneraría los principios europeos, porque el terrorismo es el delito más grave castigado por la legislación europea, aunque los asesinatos y estragos que planeaban fueran abortados por la labor de la Guardia Civil.

El letrado hizo hincapié en que la ley "no se ha aprobado por interés popular, sino por unos cuantos votos", lo que "es contrario al interés general de Catalunya y de toda España", sobre todo porque cuando se promulgó "en 2023 ya se convivía" sin problema alguno. Reforzó su argumento señalando que uno de los beneficiados, como el secretario general de Junts, Jordi Turull, había admitido haber participado en su redacción, aunque él también fue condenado por el Tribunal Supremo por el 'procés'. En su siguiente intervención, el abogado llegó a decir que sentía "pánico" y pidió a los miembros del tribunal que imaginaran que en sus respectivos países un partido necesitara a una formación islamista para formar gobierno.

La condición de "autoamnistía" fue contradicha por la abogada jefa ante la Unión Europea, Andrea Gavela, que echó mano de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la media de gracia y su reconocimiento a que obedeció a la necesidad de buscar "la reconciliación" entre Catalunya y el resto de España, "finalidad perseguida por la amnistía". En esa línea también se mostró la defensa de los CDR acusados en la Audiencia Nacional, en la que participaron media docena de abogados del colectivo, se negó que cualquiera de los 12 acusados por terrorismo tuviera algún vínculo con partidos políticos, al mismo tiempo que se señaló que habían sido amnistiados 129 policías frente a 179 activistas, lo que a su juicio descarta la autoamnistía y la discriminación por razones ideológicas que también fue alegado por la acusación popular.

El representante de la Comisión Europea fue mucho más allá con las preguntas del vicepresidente del TJUE, Thomas von Danwitz, que será el ponente de la sentencia que se dictará, matizó que "cuanto más lejos vaya la amnistía, más importante es tener un objetivo de interés general y demostrar que es un medio apropiado para lograrlo", lo que le dio pie a insistir en las "muchas dudas" de la Comisión Europea en "que esté justificada por un interés general", como ya había remitido en su intervención en la vista matutina, en la que se vio la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Cuentas, donde consideró una "autoamnistía" que un Gobierno la redacte para beneficiar a sus socios y así garantizarse su apoyo parlamentario.

Cuando el Abogado General, Dean Spielamann, preguntó sobre el Constitucional, Carlos Urraca aseguró que su sentencia negaba la autoamnistía, porque se había aprobado en un parlamento democrático, pero la Comisión Europea nunca había "dicho que fuera una autoamnistía porque se esté amnistiando a los miembros del Gobierno", sino que "lo que dice es que si hay respaldo para considerar que cuando se blinda a sí mismo, el mismo tratamiento o censura merece cuando amnistía a sus socios a cambio de apoyo a la investidura".

Discrepa del TC

Añadió que el TC había declinado pronunciarse sobre lo que considera "cuestiones extrajurídicas" y se limitó a mirar la exposición de motivos". Urraca añadió que no es ese el criterio que aplica el TJUE, que en su jurisprudencia marca que "hay que tener en cuenta el contexto y el contexto de esa ley es que quien está en el poder nunca" contempló una amnistía "hasta que necesitó los votos de otro partido". Aseveró que "el acuerdo se plasmó en un documento en el que nunca se habló de convivencia", y ello "ha ahondado en el conflicto en la sociedad española", porque se rehusó ampliar el debate y se aprobó por el método de urgencia.

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, tras recordar que el ministerio público "no representa los intereses ni del Estado ni del Gobierno", porque "su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad", aseguró al tribunal que "no va a haber problema de seguridad jurídica", porque es el único procedimiento de terrorismo al que se puede aplicar. Alerta Solidaria agregó por su parte que con el periodo acotado hace imposible que haya más causas que se puedan ver afectadas.