Ábalos se querella contra las autoras de la auditoría encargada por Puente que le señaló por fraude con las mascarillas

El exministro José Luis Ábalos ha presentado una querella en los juzgados de Madrid contra las responsables de la auditoría encargada por el actual responsable de Transportes, Óscar Puente, que apuntó a la existencia de irregularidades en los contratos millonarios que obtuvo Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama Koldo, para la compra de mascarillas durante la pandemia. Les imputa supuestos delitos de falso testimonio de perito y falsedad documental

El citado informe señaló que Soluciones de Gestión duplicó la cuantía del encargo que obtuvo por una Orden firmada por Ábalos de los cuatro a los ocho millones de mascarillas en un periodo de "tan solo 38 minutos", además de otras irregularidades relacionadas con estos contratos y también los ofertados por Adif.

La querella, a cuyo texto ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se dirige contra Belén Villar, que fue de Gabinete del Subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ( MITMA), Jesús Manuel Gómez hasta marzo de 2022. Actualmente, es la directora general de Organización e Inspección del Ministerio y bajo su dirección se realizó la auditoría.

Igualmente, se querella Ábalos contra Belén Roel de Lara, la experta que lo elaboró y lo firmó. En esta acción penal, pendiente ahora de que el juzgado al que corresponda analice su admisión a trámite, Ábalos solicita la declaración como testigo de la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, además de otros ex altos cargos del periodo en el que él estuvo al frente de Transportes.

Cuestiona decisiones políticas

En opinión de Ábalos, "el informe tiene una proyección evidente que se orienta a cuestionar legitimidad de las decisiones políticas tomadas en el año 2020, en vez de ceñirse estrictamente a lo que debieran haber sido detectar los posibles errores administrativos para mejorar a futuro proyectando aseveraciones -cuatro años después- sobre la cantidad decidida para la compra de mascarillas; cuál debería ser su precio, qué proveedor escoger ignorando deliberadamente las orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco normativo de contratación pública en situación de emergencia relacionada con el covid".

La querella incluye también lo señalado por el que fuera responsable de Inspección en el Ministerio, Javier Sánchez Fuenfría, en relación con el citado cambio de criterio sobre la mascarilla a comprar en 38 minutos durante su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado.

“… Lo que sí les puedo decir es que, en la información que yo remito al subsecretario con las necesidades de las entidades, había necesidades para quince días, de tres millones novecientos y pico mil y, para treinta días, de siete millones novecientos y pico mil. Que se tome una decisión u otra y por qué se compran para un mes y no para quince días a mí se me escapa, no sé quién la toma, pero está justificado tanto para cuatro como para ocho…”, afirmó el responsable en dicha ocasión.

Además, la querella incluye las declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y también en el Senado y de otros responsables de Transportes que "evidencian contradicciones entre lo manifestado por los testigos y lo recogido en el informe objeto de querella", lo que a juicio de Ábalos "no puede entenderse como una mera diferencia de interpretación, sino como un indicio claro de que el informe ha incorporado datos inveraces, con una evidente manipulación o intención de inducir a error, y ello porque la discrepancia no es menor ni irrelevante, sino que afecta a elementos sustanciales del informe susceptible de subsumirse en el tipo penal de falsedad documental".

Así, a lo largo de las 59 páginas de informe la querella asegura que las responsables del documento "orillan, tergiversan y manipulan" lo que les explicaron los funcionarios que participaron en las operaciones para presentarlas como una "vulneración del proceso de adjudicación y contratación", sin tener en cuenta "la concreta situación que se daba y esencialmente lejos de lo que en las entrevistas se les manifestaba".

La querella también apunta a una "ausencia de causa legítima en la emisión del informe y su acreditado criterio de oportunidad en función de la situación política y judicial en nuestro país" mediante la ya citada manipulación de la información y declaraciones recabadas, lo que evidencia una actuación por parte de las responsables contra las que se querella "que no solo carece de objetividad y legalidad, sino que vulnera de manera flagrante los principios que rigen la función pública de ser veraz en sus actuaciones".

Contrario al Tribunal de Cuentas

Pero lo más grave para Ábalos es que la auditoría "se manifiesta en un sentido opuesto al en su día dado por el Tribunal de Cuentas -único órgano competente en el análisis y escrutinio de las cuentas públicas- que pone de manifiesto una cierta normalidad por el contexto en el que se conforma la contratación, habilitando los métodos de adjudicación y fijación de precio realizados", mientras que el informe que ocupa este proceso se posiciona de forma frentista a tal resolución con la especial gravedad de enfatizar en la irregularidad de la contratación que le consta no existe".

Agrega que "el informe auditor obvia de forma deliberada las orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco normativo de contratación publica en situación de emergencia relacionada con el Covid-19, orientaciones que si recoge el Tribunal de Cuentas", que considera que avaló la compra de mascarillas realizada tanto a través de Puertos como de Adif.