El juez del Supremo da tres días a la Fiscalía y al resto de partes para pronunciarse sobre la suspensión de García Ortiz

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha trasladado a la Fiscalía y al resto de partes personadas contra el fiscal general del Estado la petición realizada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales para que se acuerde la suspensión cautelar del fiscal general una vez se dicte auto de apertura de juicio oral contra él por vulneración de secretos. Se le acusa de filtrar datos que afectaron a la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso en una causa por fraude fiscal.

El juez les da tres días para pronunciarse, pero es poco probable que su respuesta sobre una posible suspensión en sus funciones de Álvaro García Ortiz sea inmediata, pues la medida se solicita para que se aplique "una vez se dicte auto de apertura de juicio oral" contra él, lo que no está previsto que se produzca hasta el próximo mes de septiembre, una vez se celebre el Acto de Apertura de Tribunales fijado para el día 5 de dicho mes. De este modo, el acto formal, que estará presidido por el rey, contará previsiblemente con la presencia y la lectura de su discurso anual por el fiscal general, pese a la inédita situación procesal en la que se encuentra inmerso.

La asociación minoritaria de fiscales personada contra García Ortiz ya realizó esta petición de suspensión del fiscal general de sus funciones con anterioridad, pero ha reiterado su solicitud después de que la Sala de Apelación del alto tribunal confirmase este martes el procesamiento de García Ortiz por impulsar y coordinar "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Concretamente, de un correo en el que la defensa del empresario confesaba la comisión de dos delitos fiscales de cara a llegar a un acuerdo con Fiscalía que le librara de ir a juicio.

En su escrito, la asociación sostiene que "la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso", en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en el juicio "y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

Últimas diligencias

En otra decisión conocida este jueves, la sala de apelaciones rechaza un recurso de la asociación de fiscales contra la decisión de Hurtado de denegar la práctica de varias de las diligencias, entre ellas la de encargar a la Guardia Civil que determinase si en el teléfono del fiscal general constaban una serie de números de teléfono, entre ellos los de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los de varios periodistas.

Tampoco se acepta su petición para solicitar la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador, recordando en este sentido que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó que "debían existir necesariamente tres expedientes tramitados: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y otro en la Fiscalía General del Estado".

La Sala de lo Penal comparte el criterio del instructor respecto de la primera petición y argumenta que, "en esta causa, los datos del teléfono del investigado no pueden suponer un dato fiable, en tanto que borró todos sus mensajes". En cuanto a la segunda diligencia, la Sala de lo Penal recuerda que "esta causa penal no se ha abierto por prevaricación, sino por revelación de datos o infidelidad en la custodia de los mismos, afectantes a un ciudadano investigado por Hacienda y por la Fiscalía que no deben ser hechos públicos".