La Fiscalía archiva la denuncia de los Comuns contra Abascal por su "escaso potencial" para generar hostilidad contra migrantes

La Fiscalía del Tribunal Supremo encuentra que las manifestaciones realizadas el pasado verano por el líder de Vox, Santiago Abascal, y otros miembros de su equipo tras los incidentes en Torre Pacheco (Murcia) tienen "escaso potencial " para generar "riesgos significativos y reales de incremento de la hostilidad y la discriminación" sobre un colectivo como el de los migrantes.

La ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal firma el decreto de 20 páginas por el que se archivan las diligencias de investigación que se incoaron a raíz de una denuncia presentada por Gerardo Pisarello, diputado y portavoz de Comuns --grupo catalán dentro de Sumar-- en el Congreso de los Diputados.

El decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene fecha del pasado 6 de octubre y en él se señalan varias razones para archivar las actuaciones que fueron instadas contra Abascal pero también contra dos de sus portavoces en la cámara baja: Pepa Milán y Carlos Hernández Quero.

En el caso de Abascal, los Comuns interpusieron denuncia a finales del pasado mes de septiembre por unas manifestaciones en las que el líder de Vox apuntaba que tanto el PP como el PSOE llevaban "décadas trayendo inmigración ilegal que trae aumento de las violaciones, que trae aumento de la criminalidad y, además, provocando la desesperación de nuestro pueblo". Sus portavoces emplearon argumentos similares que también fueron denunciados a la Fiscalía.

Personas indeterminadas

En su decreto, la fiscal Madrigal también apunta para archivar estas actuaciones a la "relativa amplitud e indeterminación del grupo de personas afectadas" por las manifestaciones del partido de ultraderecha, "que podrían ser todos los marroquíes o todos los extranjeros en situación irregular en España procede o los miembros del Gobierno o los integrantes o responsables de PSOE y PP, como exponentes del bipartidismo y propugnadores de las políticas migratorias de apertura indiscriminada que se combaten". Alude igualmente al "contexto de combate político público en el que se insertan generalmente las reacciones a la actualidad".

Por todo ello, concluye que en este caso se da una "inhabilidad de los discursos denunciados para integrar los presupuestos de antijuricidad y tipicidad de los tipos penales sometidos a consideración" y ordena el archivo de las diligencias de investigación penal abiertas en su día contra los líderes de Vox por delitos de odio. El expediente le había sido remitido a la Fiscalía del Supremo desde la Unidad Coordinadora de Delitos de Odio y Discriminación.

La denuncia que se archiva

Los hechos denunciados se ceñían a las manifestaciones que los tres diputados habían proferido en ruedas de prensa, entrevistas en medios de comunicación y redes sociales, "alentando el odio y la discriminación contra personas magrebíes y musulmanes o que lo parezcan en el contexto de cinco días de disturbios y violencia en la localidad de Torre Pacheco", según rezaba la denuncia de Comuns.

Pisarello sostenía también que "tras la lamentable agresión a un anciano, denunciada en Torre Pacheco y posiblemente perpetrada por una o dos personas de origen magrebí" desde la extrema derecha se había alentado una "cacería" señalando a los inmigrantes y "fomentado el odio islamófobo con fines políticos". Eta campaña, no solo habría desinformado a la ciudadanía," sino servido como catalizador de un "discurso abiertamente racista". Y fue a consecuencia de todo ello que el pasado 10 de julio se registraron en Torre Pacheco "graves altercados protagonizados por grupos ultraderechistas", como ataques a comercios y domicilios de vecinos magrebíes y migrantes con resultado de varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Frente a esta denuncia, la fiscal Madrigal asevera que "en una sociedad democrática ni la corrección política y social, ni la adecuación de los discursos a sus respectivos foros ni la fijación de los niveles deseables o confortables del debate público pueden abordarse desde perspectivas punitivas".

Así, concluye "no se aprecia en las manifestaciones denunciadas y su altisonante descalificación de las políticas migratorias de la UE, del Gobierno, o de las que propugnan PSOE y PP, que promuevan, fomenten o inciten a la violencia contra los inmigrantes de origen magrebí, de manera tal que justifique la intervención penal".

"Mas específicas, directas y desagradables" considera la Fiscalía "las atribuciones delictivas y violentas que Fernández Quero hizo en la red social X el pasado 15 de julio, "refiriendo una serie de graves delitos a todos los marroquíes que recurrirían al robo, la violación y la violencia contra ancianos como método de "legítima defensa". No obstante, Madrigal tampoco ve en ellas delito de odio y descarta igualmente que sean lesivas.

Así, admite que "pese a los niveles de confrontación presentes en la realidad sociopolítica española" con motivo de los incidentes en la localidad murciana, "no es posible vincular causalmente las manifestaciones de los dirigentes de Vox denunciados con dichos disturbios previos, ni afirmar que hubieran generado un riesgo significativo de afectación de las bases de la convivencia pacífica o de la dignidad o el reconocimiento que merecen como seres humanos- individuales y como colectivo, los inmigrantes ilegales en España".

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