El fiscal que denunció a González Amador admite que "no era un asunto de enjundia" y que supo por sus jefas que era la pareja de Ayuso

El fiscal que denunció al empresario Alberto González Amador por dos delitos fiscales, Julián Salto, declaró este lunes ante el tribunal del Supremo que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el suyo no se trataba de "un asunto de mucha enjundia ni de mucha trascendencia" y que se enteró por sus superiores de que el administrador de la empresa investigada, Maxwell Cremona, "mantiene una relación sentimental con la presidenta madrileña", Isabel Díaz Ayuso.

Ante el tribunal que preside Andrés Martínez-Arrieta, Salto explicó que lo supo el 8 de marzo de 2024, porque el día anterior desde la Secretaría de la Fiscalía de Madrid le pidieron que remitiera la denuncia que había preparado en las diligencias preprocesales que instruía por dos delitos fiscales y uno de falsedad sobre la empresa de González Amador. Al preguntar por el motivo, le indicaron la relación que unía a su administrador con la presidenta madrileña.

"Si en este asunto no está implicado González Amador, de este asunto no se da cuenta" a sus superiores en la Fiscalía, respondió en otro momento del interrogatorio, a preguntas del letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago.

"Secretas y reservadas"

Según el relato de hechos del testigo, el 12 de marzo hubo una reunión con Fiscalía de Madrid a la que asisten la fiscal Superior madrileña, Almudena Lastra, la Provincial, Pilar Rodríguez y las tres fiscales de área, así como la viceconsejera y otras personas. Ese día elDiario.es había publicado la noticia de la denuncia fiscal. El testigo señaló que no recordaba exactamente la conversación, pero sí que se habló del asunto y había una propuesta de conformidad, porque el abogado de González Amador, Carlos Neira, le había transmitido que reconocía los hechos y quería pagar lo defraudado.

Insistió en que las comunicaciones entre fiscal y abogado son "secretas y reservadas", pero cuando se le preguntó por la denuncia, entendió que estaba obligado a dar cuenta a sus superiores como marca el estatuto fiscal. Justo la filtración que se juzga se produjo el 13 de marzo de 2024. A las 21.26 le llamó la fiscal Superior, Almudena Lastra, pero como él estaba en el estadio Metropolitano viendo un partido del fútbol y hay tanto ruido, su jefa le dice que lo entiende y que ya hablarían al día siguiente.

Órdenes contradictorias

Según su relato, diez minutos más tarde, le llamó la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez. En un primer momento, le dijo que la esperaría despierta y que cuando llegara en casa, la llamara. Pero Rodríguez le volvió a llamar y le dijo que "no puede esperar, porque el fiscal general del Estado no puede esperar" y le pregunta "que a qué están comprometidos". "Le digo que no nos hemos comprometido" a nada más allá de contestar correos, como se hace en todos los asuntos, afirmó Salto.

Entonces buscó los correos en su móvil y se los mandó a las 21.47 y 21.52 tanto a Lastra como a Rodríguez. En ellos pensaba que estaban todos los que le pedían, incluido el que decía que "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales" y que le había enviado Neira para tratar de buscar una conformidad que evitara el juicio.

"Llamo a la fiscal Superior para manifestarle mi sorpresa, porque mi superior inmediato [Pilar Rodríguez] me ha dado la orden contraria y Lastra me dice que me quede tranquilo", añadió el testigo. La fiscal jefa provincial de Madrid le había enviado un whatsapp a las 23.15 pidiéndole los correos del 5 y del 11 de marzo; el testigo le señaló que no había ninguno y que se debía referir al del día siguiente.

A diferencia del fiscal general, Salto -que estuvo imputado en un primer momento antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitiera la causa al Supremo- negó haber cambiado o borrado de terminal telefónico. Aseguró que desconocía que existiera algún protocolo en ese sentido, pese a lo asegurado por la defensa del fiscal general.

A preguntas de la Fiscalía, a la que representan tanto la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, como el fiscal jefe del TSJ de Extremadura, Javier Montero, Julián Salto explicó que el hecho de que Carlos Neira, con el que ya había coincidido en otros procedimientos, le enviara un correo el 2 de febrero en el que aceptaba la comisión de dos delitos, a él no le vinculaba en absoluto y que no lo podía aceptar en ese momento, porque "tenía la prueba del fraude por los expedientes de la Agencia Tributaria y no se puede aceptar un pacto en un caso que aún no había sido judicializado".

Inconvenientes para el pacto

En este punto, cifró hasta cuatro inconvenientes para aceptar ya el pacto que buscaba el abogado de González Amador: no era el momento procesal oportuno, había que asumir el delito, el empresario aún no había pagado a Hacienda y además había otras personas afectadas, los empresarios que habrían actuado como "factureros" para el empresario González Amador.

El fiscal se mostró categórico al afirmar que "a lo largo de su carrera" él nunca ha llamado a un abogado para que se conforme: "Nunca, no es ni nuestro trabajo ni nuestro deber".