El Gobierno deja en el cajón la reforma de la ley de financiación de partidos en medio del caso Koldo

El Gobierno ha pasado de desplegar una estrategia a la ofensiva sobre la financiación de partidos a recular para posicionarse a la defensiva. La intención del Ejecutivo era aprobar antes de final de año una reforma para endurecer la ley de financiación de partidos. El objetivo consistía en “reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada”, según recoge el plan anual normativo. Se ponía el foco en Vox y casos como su presunta financiación por un banco extranjero, tras una denuncia del PSOE sobre financiación irregular que acabó archivando la Fiscalía Anticorrupción alegando una sanción previa del Tribunal Cuentas al partido de Santiago Abascal. Sin embargo, ahora las sospechas sobre la financiación irregular han virado hacia el propio PSOE tras la investigación que ha abierto la Audiencia Nacional, en el contexto del caso Koldo, y la reforma sigue metida en un cajón.

Esta medida ya se incluyó en el plan de regeneración democrática, “dada la detección reciente de ciertos casos de incumplimiento y a la vista del efecto social negativo que estos provocan”. Ante ello, se argumentaba que “es necesario reforzar el régimen actual para asegurar la vigencia y capacidad disuasoria de la norma”. El propio jefe del Ejecutivo puso en duda la financiación de Vox a través del banco húngaro Magyar Bank Holding (MBH), denunciando en el Congreso que "tiene como mayor accionista a una firma de inversión controlada al cien por cien por el Gobierno de Hungría". La formación ultraderechista ya había recibido una sanción de más de 233.000 euros por financiación irregular antes de que el Tribunal de Cuentas fiscalizase este préstamo.

Desde que la UCO desveló los pagos en metálico de Ferraz en la investigación a José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, la oposición ha tratado de expandir las dudas sobre la financiación de los socialistas. Una línea roja para los socios y que protagonizó en buena medida el interrogatorio de la comisión de investigación del Senado a la que acudió Pedro Sánchez la pasada semana. Impulsar en este contexto la reforma de la ley de financiación de partidos podría generar interpretaciones erróneas sobre sus objetivos o dar sensación de caer en el relato que promueven los populares.

El presidente del Gobierno reconoció en sede parlamentaria que recibió sobres del PSOE con dinero en efectivo para liquidar sus gastos, pero de forma “anecdótica”. “Siempre con las facturas, los pagos que haya podido recibir están justificados", defendió. Asimismo, enmarcó la financiación del PSOE a través de cuotas, con aportaciones de militantes y altos cargos, que supondrían el 25% de sus ingresos, y a través de subvenciones públicas el restante 75%.

La decisión del juez Ismael Moreno de abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro y su asesor ha puesto al Ejecutivo a la defensiva y a tratar de lanzar fuera los balones que se acumulan en su área. El mensaje que se reitera es el de colaboración con la justicia “para demostrar, con total claridad, que se está actuando conforme a la ley en cada paso”.

Para ello, los socialistas avanzan que “aportaremos la documentación bancaria que demuestra que todo el efectivo utilizado para responder a la liquidación de gastos procede la cuenta bancaria del PSOE”. Todo el efectivo abonado por el PSOE, añaden, “tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones no anotadas”.  

La contradicción de blanqueo y financiación

Aunque se trata de transmitir tranquilidad, fuentes del Gobierno no esconden su irritación por el hecho de que el caso Koldo esté alentando dudas sobre la financiación del partido. Un ministro socialista apuntala incoherencia de quese asocie a financiación irregular el hecho de que la trama Koldo haya podido blanquear dinero con estas prácticas de cobro en metálico porque “son delitos contradictorios”. La paradoja que señalan otras fuentes del partido es que el propio partido podría haber sido víctima de la trama si esta logró “colar” pagos de gastos no realizados.

La reforma de la ley de financiación de partidos no es la única medida pospuesta de la agenda del Gobierno fijada para este año, antes incluso de la ruptura anunciada por Junts. En la reforma de la ley de publicidad institucional tampoco se ha producido avances, pese a tratarse del eje central del plan de regeneración democrática en el combate a los denominados “pseudomedios” y “fake news”. Su pretensión pasa por “fijar límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas”.