Juicio al fiscal general
El juicio al fiscal general afronta este miércoles su día clave con la declaración de Álvaro García Ortiz y del teniente coronel Balas ante el tribunal
La vista entra en su recta final con los informes de la UCO y el interrogatorio al acusado, que ha escuchado cómo varios periodistas aseguran que tuvieron el mail antes que él

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
El juicio al fiscal general del Estado entra este miércoles en su recta final con la declaración de los últimos testigos y de los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizaron el teléfono de Álvaro García Ortiz, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas. Este miércoles será cuando el máximo representante del Ministerio Público podrá aportar todas las aclaraciones y explicaciones que ha ido acumulando con lo escuchado durante las cuatro jornadas previas de la vista oral, en la que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por un delito de revelación de secretos.
Lo último fue lo manifestado por varios periodistas, que aseguraron haber dispuesto antes que él de la información contenida en el correo que Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, remitió al fiscal del caso para tratar de alcanzar una conformidad que evitara a su cliente el juicio por delito fiscal. Para ello el empresario tenía que admitir la autoría de dos delitos fiscales.
Los redactores de distintos medios de comunicación han asegurado ante el tribunal haber conocido el mail, cuya filtración se juzga, antes de las 21.59 horas, que es la hora en la que la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se lo envió al fiscal general, tras habérselo reclamado al fiscal del caso, Julián Salto, cuando este veía un partido de fútbol.
Después de que la semana pasada así lo aseguraran José Precedo, de elDiario.es, y Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, esta le ha llegado el turno a José Manuel Romero, entonces subdirector de El País, y Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, que fue el primero que informó del contenido del correo electrónico en el que González Amador asumía la comisión de dos delitos fiscales, lo que dio pie a que se le llamara "delincuente confeso". Durante el juicio la pareja de Ayuso llegó a afirmar que había sufrido tal daño que o "se marchaba de España" o se suicidaba.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, durante su declaración en el juicio al fiscal general del Estado. A 11 de noviembre de 2025. / TRIBUNAL SUPREMO
La sesión de esta martes había comenzado con la declaración del decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que ha revelado que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le confesó sentirse "como un sándwich", presionada "por arriba y por abajo" por las órdenes que estaba recibiendo por la nota informativa que preparó la fiscalía en la que se revelaban datos confidenciales sobre el pacto que proponía la defensa de González Amador. Sostuvo que Rodríguez no era "consciente” de la vulneración del derecho de defensa que suponía la nota de prensa y que García le propuso redactar una nota de prensa conjunta, opción que fue rechazada por el decano de los abogados madrileños.
El periodista Miguel Ángel Campos explicó que, tras informar elDiario.es de la denuncia por fraude fiscal presentada contra González Amador el 12 de marzo de 2024, llamó "a todo el mundo y a las dos y pico, una persona" le dijo que la defensa había empezado un acuerdo de conformidad. "Me dice 'Vente y te lo enseño'", relató el periodista, que se ha acogido a su derecho a no revelar sus fuentes cuando el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso le ha preguntado.
Por su parte, Romero insistió en que una "fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid" -él está convencido que "en legítima defensa"- le dijo el mismo 12 de marzo, que el asunto de González Amador no podía interpretarse como una persecución política porque, de hecho, la defensa del empresario había propuesto un acuerdo reconociendo los delitos. Lo hizo después de que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid redactara un tuit señalando que la fiscal provincial de Madrid, a la que se refería como fiscal del caso, había tenido un cargo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En todo caso, afirmó el testigo, nunca tuvo acceso al correo que se publicó el 13 de marzo y cuya filtración sustenta la acusación contra Álvaro García Ortiz. Tras conocer dicha información puso a su equipo a intentar confirmarla y cuando se dirigió a Fiscalía General para preguntar le dijeron que estaban tratando de recabar información.
Borrado del móvil
También declaró este martes el fiscal del Supremo delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Morillo, que explicó que él actúa de oficio cuando puede haber una vulnerabilidad en este campo, pero añadió que la nota de prensa sobre el caso de González Amador, que observó "cuando se difundió", en su opinión, "no constituye una violación de seguridad". "¿Si hay fiscales hablando de filtraciones de seguridad usted investiga?", le ha preguntado Gabriel Rodríguez Ramos, que representa la acusación particular que ejerce el empresario. "Si hablan delante de mí, sí", respondió, para admitir que no existe autoridad de control respecto de estos temas.
Para cuando llegue el turno de la declaración de Álvaro García Ortiz, ya habrán comparecido ante el tribunal que preside Andrés Martínez-Arrieta los guardias civiles que analizaron sus dispositivos y comprobaron que había procedido a borrar sus mensajes. Uno de los firmantes del informe que se realizó tras registrar su despacho es el teniente coronel Antonio Balas, citado ante la Sala para corroborar las conclusiones alcanzadas por los agentes tras estudiar lo intervenido en los registros.
El nombre del número dos de la UCO transcendió las investigaciones cuando se hicieron públicos los contactos de la exmilitante socialista Leire Díez para tratar de desprestigiarle.
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