El Tribunal Constitucional analiza nuevos conflictos entre el Congreso y el Senado

El Tribunal Constitucional seguirá acumulando en su agenda de temas pendientes la resolución de nuevos conflictos de atribuciones entre el Congreso y el Senado si, como está previsto, el Pleno de este martes admite a trámite el planteado por la Cámara Alta contra un acuerdo de la Mesa del Congreso que confirmó la validez de la norma que obliga a adecuar la normativa de la Unión Europea el Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Este cambio, que pasó inicialmente desapercibido durante el trámite parlamentario, permite en la práctica rebajar penas a condenados de ETA en prisión. Sobre la mesa, los magistrados del órgano de garantías también tienen esta semana el último recurso presentado por el PSOE contra una modificación del Reglamento del Senado. Fue el que permitió cambiar motivos por los que puede aplicarse el procedimiento de urgencia a la hora de legislar.

La llegada al Tribunal Constitucional de ambos asuntos pasa a engordar un listado que da cuenta del choque institucional entre ambas cámaras y también entre los grupos parlamentarios socialista y del PP durante los últimos meses. Así, el pasado mes de octubre el Constitucional ya había admitido entrar a debatir sobre otros cuatro conflictos de atribuciones impulsados por los populares desde el Senado. Dos de ellos corresponden a la modificación por parte del Gobierno de una ley tras ser aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado bajo el argumento de que se cometió un error durante su tramitación. Los otros dos por unas enmiendas aprobadas por el Senado y que la Mesa del Congreso suprimió sin debate alegando que esas modificaciones habían sido vetadas previamente por el Ejecutivo, informó Miguel Ángel Rodríguez. Este miércoles se estudiará en el Senado la presentación de un nuevo conflicto en torno al bloqueo de sus leyes.

En cuanto al Sistema de Antecedentes Penales, el asunto que llega ahora al órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido fue interpuesto por Cámara Alta contra una decisión de la Mesa del Congreso de 15 de octubre del pasado año. La ponencia que se discute mañana, a cargo de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, aboga por admitir a trámite el conflicto de atribuciones y se espera que recabe el apoyo del Pleno, según ha informado Europa Press.

Rechazo a la 'ley Txapote'

El acuerdo de la Mesa hacía oídos sordos al rechazo por parte de la Cámara Alta a lo que los senadores del PP denominaban 'ley Txapote', dio por terminado el procedimiento y envió el texto legislativo al Gobierno para su publicación en el BOE. Según los impulsores del conflicto que deberá resolver el Constitucional, el Senado defiende su soberanía frente a quienes lo ven como una Cámara "sometida al Congreso y adormecida".

La reforma del sistema de antecedentes fue aprobado inicialmente por unanimidad en el Congreso, ya nadie pareció entonces darse cuenta de que la convalidación de penas cumplidas en el extranjero supondría beneficios para presos de ETA hasta que alertó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Fue entonces cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox, que la rechazaron durante su última fase parlamentaria en el Senado.

En ese momento, la mayoría popular en el Senado y un informe de la Secretaría General interpretaron que ese rechazo a la norma debía entenderse como un veto, a pesar de que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad. Así, el grupo del PP en el Senado solicitó varias veces a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que sometiera de nuevo a votación la ley en la Cámara Baja y amenazó, si no lo hacía, con presentar el conflicto ante el TC, algo que hizo finalmente en diciembre del pasado año.

Reglamento del Senado

Por otra parte, y con ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, el Pleno de este martes estudiará la admisión o no del recurso presentado por los senadores socialista ante el Constitucional contra una reforma realizada el pasado junio en el Reglamento de esta Cámara. Concretamente, por la modificación de cinco artículos que afectan a la aplicación del precepto número 133 de la norma de funcionamiento interno, lo que permite que la Mesa puede solicitar al Congreso o al Ejecutivo «los antecedentes necesarios para apreciar que concurren» los motivos por los que procede aplicar el procedimiento de urgencia la tramitación de un proyecto o una proposición de ley.

Fue el pasado septiembre cuando el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, anunció la interposición de este recurso de inconstitucionalidad que según los socialistas no solo altera funciones asignadas al Senado por la Constitución, sino que además se hace atribuyendo a la Mesa del Senado una suerte de "control de oportunidad política" sobre decisiones adoptadas por el Congreso y también por el Gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo