El Gobierno agranda su choque con el Supremo tras la inhabitación del fiscal general

“El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”. Sin caer directamente en las acusaciones de guerra sucia judicial o ‘lawfare’, como sí han hecho ministros del socio minoritario de la coalición de Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, visibilizó con esta fórmula un nuevo choque institucional con el poder judicial tras la sentencia condenatoria del Supremo al Fiscal General del Estado. Lo hizo en una solemne declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa -sin preguntas- donde también destacó de Álvaro García Ortiz su “compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad”, pese a la condena con una pena de inhabilitación y multa por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia y la reacción del Gobierno agranda así una disputa entre poderes que viene de lejos y ha tenido en la aplicación de la ley de amnistía uno de sus principales capítulos. Las tensiones durante todo el procedimiento, tras la decisión del Ejecutivo de no forzar la salida de García Ortiz se revelaron este jueves. Sin conocerse todavía el texto de la sentencia completa, el Ejecutivo no tardó en reaccionar mostrando su discrepancia y algunas voces de peso en el partido, como la del portavoz en el Congreso, Patxi López, tildaron el proceso de una "auténtica vergüenza".

El primer episodio de fricción con el Alto Tribunal tuvo lugar en la pasada legislatura, tras el demoledor informe contra los indultos a los condenados del ‘procés’. Pese a ello, el Gobierno mantuvo su hoja de ruta y llevó la medida de gracia al Consejo de Ministros, lo que parte de la judicatura interpretó como desprecio al criterio del Supremo y a la separación de poderes. Un conflicto de legitimidades que se extendió luego con la reforma del Código Penal de 2022 para suprimir el delito de sedición y rebajar el de la malversación.

Tras aprobarse en el Congreso, el Supremo mantiene penas de inhabilitación por malversación para los líderes independentistas e, incluso, advierte de que la derogación de la sedición deja un “vacío normativo” favorable a la impunidad ante procesos secesionistas sin violencia contra el Estado. Un patrón que se repite con la ley de amnistía, todavía pendiente de aplicación. Este mismo miércoles, Sánchez ponía de relevancia “ya ha sido validada por cuatro instancias jurídicas”.

Se trata de la comisión de Venencia, la Comisión Europa, el Tribunal Constitucional y el informe del abogado general de la UE, según enumeró el presidente del Gobierno. Aunque este último no es vinculante, para deslizar que la amnistía podrá ser aplicada en los próximos meses, Sánchez destacó que el informe incide en que la medida de gracia “es conforme al derecho de la UE, no afecta a los intereses financieros de la UE y se produce en un contexto de reconciliación real de la sociedad catalana”.

A estas grandes colisiones se suman otras también simbólicas, como los nombramientos tumbados por el Supremo. Entre ellos, el de Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado, dos nombramientos clave de la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado. Primero como fiscal togada del Supremo y posteriormente como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Sumar agita el ‘lawfare’

Bolaños ha querido hacer equilibrios en su rechazo a la sentencia y blindarse ante un posible contraataque del poder judicial al asegurar que"España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial". Con todo, lo combinó con un dardo al defender a quienes “velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz”.

Sin referencias directas al fallo, Sánchez defendió durante un acto en el Congreso que "la democracia no es un estado que se conquista de forma permanente", sino que es un "privilegio" que hay que defender cada día de ataques como “campañas de desinformación y también abusos de poder”. Una cita que se produjo durante la presentación de la serie de ficción sobre el 23-F 'Anatomía de un instante', pero que generó interpretaciones varias tras lanzarse después de emitirse el fallo.

Sin medias tintas se han expresado otros socios de Gobierno, refiriéndose a un golpe judicial. Incluido el PNV, cuya portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, avisó que “la judicialización de la política nos perjudica a todos”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cargado contra la sentencia condenatoria del Supremo al fiscal general al asociarla con “un mensaje de poder a todo el país por parte de los militantes con toga”. A través de un mensaje en la red social Bluesky, la ministra de Sumar tilda el procedimiento de “una ruptura de la separación de poderes” y pide “democratizar la justicia” ante lo que considera una “ofensiva ultra”.