Los Pujol intentan evitar el juicio 'in extremis' con la 'Operación Cataluña' y los límites impuestos por Andorra

Una vez acordado que el expresidente catalán Jordi Pujol tendrá que asistir al juicio, al menos de momento, la vista sobre la fortuna que la familia guardaba en Andorra ha continuado con las cuestiones previas. Los primeros abogados en intervenir han coincidido en sus argumentos para intentar 'in extremis' evitar el juicio: la prueba fue ilícitamente obtenida, intervinieron personas "vinculadas al poder del Estado", dentro de lo que se llamó 'Operación Cataluña', y Andorra vetó que su información se pudiera utilizar para perseguir delitos fiscales y de blanqueo, que son las bases de las acusaciones.

La 'Operación Cataluña' y la participación del excomisario José Manuel Villarejo en la denuncia que dio origen al procedimiento ha sido recogido por varios abogados. Jaume Campaner, defensor de Josep Pujol, que se enfrenta a 14 años de prisión, ha asegurado que en la obtención de pruebas procedentes de la Banca Privada d'Andorra, en la que la familia guardó su fortuna, participaron personas "vinculadas al poder del Estado", por lo que debe entenderse que fueron "ilícitamente obtenidas". Ha recordado que el 24 de abril del 2017, los hermanos Cierco, propietarios de la BPA, aportaron a la Fiscalía Anticorrupción documentación bancaria sobre la titularidad de las cuentas en Andorra y, entre ellas, estaba la de Josep Pujol.

El letrado ha argumentado que "el pecado original" por el que se inició el proceso judicial fue la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014 con la que salieron a la luz las cuentas de la familia Pujol en Andorra. Esa publicación desencadenó el comunicado en el que Jordi Pujol Soley confesó la existencia en ese país de los fondos que, según sus palabras, procedían de una herencia de su padre, Florenci. "Acción-reacción", ha dicho el letrado.

H agregado que la investigación se mantuvo en "situación catatónica" hasta entonces, pese a que la denuncia de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, sobre el dinero en efectivo que le había acompañado a llevar a Andorra, se había producido en diciembre de 2012 y el 17 de enero de 2013 declaró ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Según el letrado, para que ella diera el paso, la policía la citó en un hotel; ella contrató como abogado a un socio de Villarejo, Rafael Redondo.

Whatsapp con Moragas

También ha hecho mención a unos whatsapps cruzados entre Álvarez y Jorge Moragas, entonces jefe de gabinete del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en los que se aprecia que el político del PP la animó a presentar la denuncia. "Si dieses una entrevista y lo contases todo salvarías a España y yo te haría un monumento", le dijo Moragas en un mensaje. "He hecho lo que me pedisteis", le comentó Victoria Álvarez después.

Al entender del letrado, esto es "el plato fuerte" de que hubo "injerencias", entre las que incluyó unos informes del excomisario José Manuel Villarejo sobre "el sumario Pujol" en los que considera que se refleja "la intervención estatal" y de un grupo de policías en la obtención ilícita de la prueba.

Precisamente, Francesc Sànchez, en nombre de Oriol Pujol, se ha remitido a la declaración prestada por Villarejo en Andorra, en la que causa en las que están imputados el expresidente Mariano Rajoy y los que eran sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. El letrado, que ha pedido que lo dicho por el excomisario sea reclamado a Andorra a través de una nueva comisión rogatoria para se incorpore al procedimiento, ha echado mano del reciente juicio que ha terminado en la condena del fiscal general del Estado. Así, ha afirmado que "si se llamasen González Amador", en referencia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tendrían un intercambio con la fiscalía, pero estamos hablando de los Pujol".

En su opinión, el proceso a la familia Pujol es "ilícito" desde el inicio, con la declaración ante la policía de Álvarez, porque "no fue una declaración de libre albedrío", sino procedente de la "voluntad de algunos policías y del aparato del Estado para intervenir en lo que estaba pasando en Catalunya".

Veto andorrano

Para entonces Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, quien se enfrenta a la mayor petición de pena (29 años de prisión), ya había asegurado que “las 21 comisiones rogatorias que bajan a España desde Andorra" especifican "que no sean utilizadas por delito fiscal ni para el de blanqueo cuando su precedente sea el primero”. Por eso, en su opinión, el escrito fiscal se ha desbordado y, aunque no todos los delitos deban quedar fuera, sí afectaría de pleno a los delitos fiscales de los años 2003 y 2004, que, además de haber prescrito, el abogado del Estado utiliza para construir el blanqueo de capitales del que se acusa a la familia.

El ministerio público acusa al expresidente catalán y a sus hijos de los delitos de asociación ilícita y blanqueo, aunque al primogénito le suma, además, falsedad, cinco delitos fiscales y frustración de la ejecución, con lo que el veto andorrano sería suficiente para prácticamente exculpar al padre y a cinco de los hermanos. La defensa sostiene que se ha producido "una infracción del principio acusatorio y del derecho a un proceso con todas las garantías" por "la inconcreción del escrito de acusación del fiscal".

Por si ello no fuera suficiente, Martell también ha esgrimido "la nulidad de la entrada y registro en el despacho de Joan Anton Sànchez Carreté", el asesor fiscal de la familia Pujol, que está citado como testigo en el juicio. Entre la documentación aportada por el abogado figura información que acreditaría que la familia del 'expresident' no tiene cuentas en el extranjero.

Como lleva defendiendo durante toda la instrucción, el letrado que defiende a la mayoría de los Pujol ha planteado la incompetencia de la Audiencia Nacional para celebrar el juicio, pues considera que debía haber correspondido a la Audiencia de Barcelona. Sostiene que si existiera el delito, lo que él niega como defensor, "se hubiera cometido en España y no en el extranjero (Andorra), aunque allá estén las cuentas que ocultaban la fortuna de Pujol. No hay delito que se haya cometido en integridad en extranjero. El fraude fiscal es a la Hacienda española".

Para la defensa, el escrito de acusación es "inconcreto y generalizado", porque describe que los investigados se repartieron "beneficios de concursos públicos", sin precisar a qué adjudicaciones públicas en concreto se refiere. Esa "inconcreción", según Martell, limita el derecho de defensa, argumento al que se han sumado los siguientes abogados en intervenir, al igual que han hecho con los relativos a la prescripción de los delitos imputados, dada la extensión que ha alcanzado la causa: casi trece años.

Por su parte, el abogado Oriol Rusca, defensor de Mercè Gironès, la exmujer del primogénito, para la que el fiscal pide la segunda pena más alta -17 años de prisión-, ha solicitado que declare un nuevo testigo: su hijo Jordi Pujol Gironés.