Los jueces conservadores salen en defensa del Supremo ante las críticas "censurables" del Gobierno y los fiscales progresistas

La condena del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz no ha dejado indiferente a nadie. Este viernes, mientras la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha salido en defensa del Tribunal Supremo por las críticas que le ha dirigido el Ejecutivo, en lo que considera otro "censurable" traspaso de la "lealtad institucional", la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Alto Tribunal que haga pública la sentencia, cuyo fallo adelantó la semana pasada, en el que se condenó al que era máximo responsable del Ministerio Público a dos años de inhabilitación, porque, según argumenta, "sin motivación no hay justicia".

En su XXVII Congreso nacional, la asociación que reúne a los jueces conservadores ha hecho pública una declaración institucional en el que exige "el cese" de los "graves ataques y descalificaciones", que "deplora", que en su opinión está sufriendo el Tribunal Supremo y "el Poder Judicial en su conjunto, absolutamente impropias en una democracia avanzada".

Recuerdan que las decisiones del Poder Judicial "obligan a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales de gobierno". De ahí que "las declaraciones del presidente del Gobierno, realizando afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad sobre un asunto que estaba siendo todavía juzgado por el Tribunal Supremo, solo pueden ser calificadas como una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle", afirma.

A ello se suma "la desautorización" posterior "contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del alto tribunal", lo que supone "un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones" por las que se condena al fiscal general.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que también ha participado en el congreso, ha declarado que "en democracia se puede respetar una sentencia y discrepar con respeto de su fallo, sin deslegitimar ni a la justicia ni a ningún tribunal". "Eso ha hecho el presidente y eso hago yo", ha "querido dejarlo claro", dice en su mensaje en X, aunque Pedro Sánchez más que discrepar lo que hizo fue insistir en la inocencia del fiscal general pese al fallo del Supremo.

Motivación

Por su parte, la asociación que presidió el propio García Ortiz y su sucesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, esgrime "su profunda preocupación ante el hecho de que, más de ocho días después de que el Tribunal Supremo anunciara el fallo condenatorio contra el fiscal general del Estado, la sentencia siga sin motivación pública".

En opinión de la UPF, "la conmoción que aquella decisión provocó en la opinión pública no ha remitido" y "la falta de fundamentación jurídica mantiene a la sociedad -y al propio afectado- en un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia".

El comunicado alega que no es lo mismo adelantar el fallo de una condena que de un recurso de casación, pero la sentencia del fiscal general no es la primera cuyo dispongo se ha conocido antes de conocerse en su integridad la resolución que la motiva, para evitar que sea filtrado.

El propio Supremo lo hizo cuando procedió a la ilegalización de Batasuna, pero también cuando, en casación, elevó de nueve a 14 años la condena de los violadores de una joven en San Fermín, a los que se conoció como La Manada. También resulta una práctica habitual en el Tribunal Constitucional, sobre todo, cuando las sentencias incluyen votos particulares -como en este caso-, porque su redacción suele retrasar la publicación oficial de la resolución.

El argumento de la asociación pasa por señalar que no se trata de "un litigio ordinario", sino de la "primera causa penal en la historia contra un fiscal general del Estado en ejercicio, una figura que encabeza una institución constitucional, y cuyo enjuiciamiento tiene una evidente trascendencia democrática, institucional y social", lo que obliga a "estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías, no procedimientos abreviados ni prácticas propias de asuntos de naturaleza completamente distinta".

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