El juez Peinado pregunta a las partes del caso Begoña Gómez si archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid

El juez Juan Carlos Peinado ha preguntado a las partes personadas en la causa que instruye contra Begoña Gómez si debe acordar el sobreseimiento de las actuaciones respecto del Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, dado que esa fue la medida que adoptó en relación a la actual secretaria general de Moncloa, Judit González Pedraz, que le sustituyó en el cargo. Según ha planteado la fiscalía, Martín sigue imputado, pese a compartir responsabilidades con la segunda, que quedó exonerada tras declarar ante el magistrado en relación con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

En una providencia, el juez explica que, cuando resolvió el recurso en el que la defensa de Begoña Gómez se oponía al auto en el que daba impulso a la causa para que continuara por cinco delitos por el trámite del tribunal del jurado, todavía no había comparecido ante él Judit González, que fue quien sustituyó a Martín en la Secretaría General de Moncloa. El magistrado dictó el sobreseimiento libre de las actuaciones relativas a ella, después de tomarle declaración y que negara ante él que Cristina Álvarez dependa de alguna forma de ella, porque ni siquiera comparten edificio en el complejo de La Moncloa, ya que la asesora de Gómez trabaja en el que reside el presidente del Gobierno y su familia

El ministerio público le ha hecho ver en un escrito "lo extraño de la situación, toda vez que en una situación idéntica" a la de González "se mantiene la condición de investigado de Francisco Martín Aguirre: mismo puesto, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada". La fiscalía destaca que mientras uno estaba imputado, sobre la otra se había decretado el sobreseimiento libre.

No corrigió el desvío

Frente a la posición del ministerio público, las acusaciones niegan la mayor: el caso de Martín no es equivalente al de González, porque él sí dijo conocer las funciones que desarrollaba Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En su escrito Hazte Oír argumenta que "el investigado tenía una posición de conocimiento efectivo y directo sobre la estructura, las funciones y la operativa del personal eventual de la Secretaría General, así como sobre los mecanismos de control interno en la asignación de tareas y uso de recursos públicos".

Esa "posición comportaba, de forma inherente, el deber de garantizar que los medios personales y materiales de la Presidencia del Gobierno fueran empleados exclusivamente en el marco de las funciones institucionales que justificaban su financiación pública", argumenta la acusación.

Pese a ello, señala, "no adoptó ninguna medida para impedir o corregir la desviación de medios públicos hacia fines privados, permitiendo que durante años se consumara un uso espurio de fondos del Estado. Por ende, resulta procedente en este momento procesal mantener su condición de investigado".