Anticorrupción defiende al juez del caso Montoro y rechaza que sea una investigación "política" sino de "grave corrupción"

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la investigación del 'caso Montoro' y en un escrito ha tratado de "dejar claro y sentado" que alguno de los correos electrónicos intervenidos "lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideologia política alguna", según especifica el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Asimismo, el Ministerio Fiscal ha aprovechado el escrito para defender al magistrado que investiga en Tarragona el caso, Rubén Rus Vela, sobre quien ha asegurado que sus escritos "han seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar, como no puede ser de otra forma, tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, evitando injerencias y daños colaterales".

Y pese a todo, lamenta la Fiscalía, "algunas defensas, llegando más lejos, quieren hacer valer la pretendida arbitrariedad del magistrado instructor en su interés por asumir una causa que consideran de notorio cariz político y especial relevancia mediática [...]. Otros afirman, sin rubor alguno, de la existencia de 'anomalías' procesales 'sobradamente conocidas".

No ha citado a los investigados

Sin embargo, en el documento el Ministerio Fiscal comprende que "importunen a las defensas el resultado de la investigación practicada en la causa".

En el mismo sentido, Anticorrupción recuerda que el magistrado, "para garantizar el derecho de defensa de las partes, para permitir que se instruyan de las actuaciones, no ha fijado todavía fecha para la declaración de los investigados, quienes podrán aportar antes de su declaración, o en el acto de la misma, toda aquella prueba que tengan por conveniente". Así, rechaza que la causa se haya convertido en un "procedimiento inquisitorial realizado a espaldas de las partes", que han asegurado que "no han podido proponer prueba alguna, ni ser informados de los hechos supuestamente delictivos que se les atribuyen, ni ser oídos sobre su versión de los mismos, ni hacer valer los recursos...".

En sentido contrario, Anticorrupción destaca que el juez Rus Vela "les ha dado traslado de todas las actuaciones, se les han notificado autos de imputaciones ajustados a derecho, se les están respetando plazos procesales para recurrir y, contrariamente a lo que se dice pretender, no han solicitado ningún tipo de diligencia pese al tiempo ya transcurrido desde el levantamiento del secreto".

Utilidad del secreto

En el escrito, el Ministerio Público defiende "la utilidad del secreto" de la causa, que se mantuvo durante siete años, "y su necesidad, por la importancia que el análisis de la documentación y correos requeridos al Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos ha tenido para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus partícipes".

Los informes de Mossos D'Esquadra y de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, completa la Fiscalía, "constatan la indiciaria existencia de una organización, los pagos efectuados por las empresas gasistas a Equipo Económico, previos a cada actuación administrativa de favor, la elaboración del reglamento de la Ley de Impuestos Especiales a la carta de aquellas mercantiles, eliminando los funcionarios intervinientes en la fase administrativa la exigencia, por aquel reglamento, de acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el beneficio fiscal, introducido en la reforma legislativa concertada, etc.", concluye.

"Proceso legislativo"

Precisamente, el despacho que fundó Montoro está en el centro de las pesquisas que mantiene abiertas el juez del 'caso Montoro', quien en su auto destacó el papel que habría desempeñado Equipo Económico en la presunta trama. En concreto, acusa a esta mercantil de que, "mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

El magistrado sostiene que las gasísticas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que esta interviniese "en el procedimiento legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el IAE, de manera que se llevasen a cabo modificaciones legales que satisficieran sus intereses".

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