La UCO investiga si el expresidente de la SEPI cobró mordidas de una empresa rescatada con 113 millones del Gobierno

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero cobró mordidas a cambio del rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos (TR), según ha adelantado El Mundo y ha podido confirmar esta redacción de las fuentes consultadas. Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó en 2021 el rescate por un total de 112,8 millones a esta sociedad, ubicada en la localidad de Amurrio (Álava).

Las citadas fuentes informan también a este periódico de la posibilidad de que Fernández Guerrero hubiera utilizado para enmascarar estos cobros a la empresa navarra Servinabar 2000, que la Guardia Civil atribuye al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al empresario Antxon Alonso. Este excargo del Gobierno del PSOE ha amasado un importante patrimonio, que el PP valoró en el Senado en más de 10 millones de euros.

Más de 100.000 euros

En este sentido, el expresidente de la SEPI aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Cerdán-Ábalos' sobre la información tributaria de Servinabar 2000. En esos documentos se detalla que recibió de la empresa un total de 68.632 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022, informa Europa Press.

Este sábado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha dejado en libertad a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' de Santos Cerdán-, y a Vicente Fernández Guerrero. Y lo ha hecho después de que la fiscal Elisa Lamelas Oliván no reclamara su ingreso en prisión.

132 millones

Otro de los contratos bajo sospecha serían, según informa El Confidencial, los adjudicados a las empresas Mercasa, Enusa, a Residuos Melilla y al Parque Empresarial del Principado de Asturias. En el caso de esta obra en la Comunidad asturiana, la empresa que obtuvo la adjudación fue la UTE formaba por Construcciones y Excavaciones Erriberri Afesa Medio Ambiente SA por un importe de 2,8 millones. Los contratos en los que se habrían producido amaños se elevan a 132 millones de euros.

Precisamente, Mercasa y Enusa fueron dos de la empresas, a las que se añade Cofivacasa, a las que acudió el pasado jueves la UCO en busca de documentación sobre las obras bajo sospecha. En Enusa, la sociedad pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas, fue donde trabajó la "fontanera del PSOE" Leire Díez, que después pasó a Correos, empresa pública a la que también acudieron los uniformados.

Dos ministerios

Los agentes de la Guardia Civil requirieron, asimismo, contratos en el Ministerio de Transición Ecológica, en la Dirección General de Patrimonio y en el Tribunal de Recursos Contractuales, estos dos últimos dependientes de Hacienda.

El mencionado diario digital informa de que el expresidente de la SEPI, la exmilitante del PSOE y el empresario Antxon Alonso disponían en sus teléfonos de un chat conjunto de Whatsapp denominado 'Hirurok', que en euskera significa "nosotros tres", y que usaban para sus actividades presuntamente irregulares.

También habrían creado la empresa pantalla Mediaciones Martínez SL para cobrar sus mordidas, alguna de ellas de unos 400.000 euros, a cambio de influir en la concesión de obras públicas a las empresas.