Moncloa soslaya la presión de Sumar y se limita a aceptar una reunión para "escuchar" sus exigencias

Moncloa trata de evitar el choque con Sumar, al igual con el resto de socios parlamentarios después de que hayan subido el tono por su gestión tanto de los escándalos de presunta corrupción como de los casos de acoso sexual en el PSOE. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que se despedía hoy del Consejo de Ministros para centrarse en la campaña de las elecciones en Aragón, ha soslayado la presión del socio minoritario para limitarse a aceptar reunirse para “escuchar” sus exigencias. Sin demasiada autocrítica y sin ofrecer una hoja de ruta sobre regeneración o impulso de la agenda legislativa para superar esta crisis, como exigen. Otras fuentes de Moncloa se refieren a sentarse a hablar y consensuar que "impulso dar" a la coalición.

Si el Gobierno busca normalizar y minimizar las voces de alerta de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, hace lo propio con respecto a las nuevas tramas de corrupción investigadas por la UCO. Concretamente, en lo relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra, cuyos máximos dirigentes fueron detenidos la pasada semana por presunto blanqueo de capitales relacionado con esta operación, Alegría ha defendido la legalidad de la operación. Un proceso dirigido por la SEPI, cuyo expresidente, Vicente Fernández, también fue detenido la pasada semana en la trama relacionada con la exmilitante del PSOE, Leire Díez.

En la que fue su última rueda de prensa como ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Alegría se refirió a “bulos” para defender que este y otros rescates fueron realizados con “criterios absolutamente transparentes”. Asimismo, apuntó que fueron validados por el Tribunal de Cuentas y el TJUE, además de ser aprobados por la Comisión Europea. Préstamos, insistió, “para rescatar empresas que eran fundamentales en nuestro país”, durante la crisis económica por la pandemia del coronavirus, “y que mayoritariamente ya han sido devueltos”.

Frente a la “crisis de credibilidad y de confianza del PSOE, que afecta al Gobierno y que exige una respuesta a la altura", según Sumar, desde el Gobierno replican que “compartimos una hoja de ruta conjunta”. Lo fundamental, señalan, es “seguir avanzando” en la agenda trazada. Fuentes parlamentarias del PSOE minimizaban el envite de sus socios de coalición al acotarlo a la celebración de la mesa de partidos. Lo "más barato" que podría pagar de esta crisis, sostienen las mismas fuentes.

Para aplacar la respuesta de los socios se agita el fantasma de la alternativa de PP y Vox, una “unión de intereses para retrotraer avances”. Con todo, Alegría siguió la pauta marcada ya este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrar “máximo respeto” a las posiciones de sus socios y recoger el guante para “escuchar sus planteamientos”. Una empatía a la que, sin embargo, añaden que “lo importe” sería no perder el horizonte de los dos años que quedan de legislatura para seguir desplegando su hoja de ruta.

Este mismo martes, los partidos de la coalición de izquierdas -IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los Comuns- hicieron frente común en una comparecencia en el Congreso, donde Enrique Santiago, portavoz de IU, ejerció de portavoz. "Es evidente que no vamos a mantener la confianza de los ciudadanos si no salimos adelante relanzando contundentemente la acción de Gobierno", advirtió. "Lo que no es opción es no moverse", defendió el diputado y secretario general del PCE.

Reunión entre Sánchez y Junqueras

A ello se suma una petición este lunes por parte de ERC para celebrar una reunión entre su líder, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno. Tras una conversación telefónica, Sánchez accedió a la que será la primera foto entre ambos. Los socialistas entienden que Junqueras sobre la mesa avances en el modelo de financiación, tras pactarse la financiación singular de Catalunya, o la delegación del IRPF.

El Ejecutivo está dispuesto a presentar su propuesta de reforma del modelo de financiación en el primer trimestre del próximo año. Antes de ello, entre enero y febrero, el ministerio de Hacienda convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se esbozará la propuesta, antes de someterla a audiencia pública y llevarla a tramitación parlamentaria.