Los fiscales progresistas hacen campaña para lograr apoyo ciudadano a que se indulte a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales ha prestado su apoyo a una organización de derechos humanos que ha iniciado una campaña en change.org para lograr que el Gobierno indulte a Álvaro García Ortiz. El que fuera fiscal general del Estado hasta hace tan solo unas semanas fue condenado por un delito de revelación de datos reservados del que fue víctima la pareja de Isabel Díaz Ayuso, incurso en un procedimiento por fraude fiscal.

Esta asociación de fiscales, a la que perteneció García Ortiz y también la actual fiscal general, Teresa Peramato, ha utilizado redes sociales como X para dar publicidad a la iniciativa argumentando que "defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros".

Por eso respaldan la iniciativa de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la que agradecen que hayan dado este paso. En su mensaje llaman a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa, que se gestiona a través del enlace https://www.change.org/Indulto_para_Alvaro. A la hora de cerrar este artículo, la petición había logrado recoger ya 1.163 firmas.

La iniciativa parte de la idea de que indultar a García Ortiz sería "un acto de justicia, serenidad democrática y protección institucional", y añade que en España se vive hoy "un momento delicado para el Estado de Derecho". Añaden que la reciente condena del Fiscal General del Estado está generado "inquietud social, división institucional y dudas profundas" sobre el respeto de derechos fundamentales.

Actuó contra un "bulo"

Según esta organización, García Ortiz fue condenado por hechos relacionados con la emisión de una nota informativa "destinada a frenar un bulo que afectaba directamente al funcionamiento de una institución constitucional", es decir, se trató de una actuación institucional en defensa del interés general. También aluden al voto particular discrepante de dos magistradas que aluden a la vulneración de la presunción de inocencia y hablan de que la elaboración de la nota fue "la única opción legal posible", ante las informaciones falsas.

Según los impulsores de la campaña el indulto no anula la sentencia ni cuestiona al Tribunal Supremo. "Es un mecanismo constitucional para corregir situaciones excepcionalmente injustas, proteger el interés general y evitar daños irreparables para el sistema institucional", insisten.

Efectos de la sentencia

Precisamente este miércoles, los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que condenaron a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado y al pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización de 10.000 euros, por revelar secretos de Alberto González Amador han ordenado ejecutar el fallo, así como comunicárselo a la Fiscalía "a los efectos oportunos".

Estos efectos pasan por  activar su reingreso administrativo en la carrera fiscal --los fiscales generales quedan en situación de servicios especiales mientras ostentan el cargo-- un trámite que precipitará la respuesta que debe dar la propia Fiscalía en cumplimiento de la condena de inhabilitación de dos años que le fue impuesta, y que obliga a adoptar medidas disciplinarias contra él.

Así, Peramato tendrá que tomar la primera decisión de calado de su mandato, la de aplicar al caso de García Ortiz las disposiciones del Estatuto y del Reglamento de la Fiscalía, que obligan a expulsar a los fiscales que hayan sido condenados por un delito doloso, como es el caso.