La Audiencia Nacional no se fía de la Fiscalía chavista y rechaza extraditar a la hermana de un opositor detenido por "traición a la patria"

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la extradición a Venezuela de una ciudadana venezolana residente en la Comunidad de Madrid al sospechar que su entrega podría "ser utilizada de alguna manera en el proceso penal seguido contra su hermano por los delitos de terrorismo y de traición a la patria, por el cual se encuentra en la actualidad preso", según especifica un auto de 9 de diciembre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Tampoco contribuye a la transparencia de la solicitud el hecho de que el fiscal encargado del asunto en Venezuela que formula la acusación en el caso de autos se encuentre en la actualidad en prisión por la comisión de varios hechos delictivos, entre otros por obstrucción a la justicia, relacionados con organizaciones criminales [Tren de Aragua], según informó en fecha 25 de enero de 2024 la propia Fiscalía de la República", prosigue la resolución judicial española, que se dictó en pleno acoso del Ejército de Estados Unidos, pero días antes de que se produjera la detención del presidente Nicolás Maduro.

Los magistrados sostienen, por ello, que en la petición de esta ciudadana venezolana por parte de las autoridades de Caracas hay "un dato de cierta relevancia que puede enturbiar la finalidad de la solicitud extradicional que ahora nos ocupa, cual es la existencia de una causa abierta en Venezuela contra el hermano de la reclamada, en la que figura como acusado junto con otros ciudadanos por los delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, porte ilícito de armas de fuego, y detentación de artefactos explosivos e incendiarios; iniciada el 11 de junio de 2025".

Varios opositores perseguidos

El hermano de la reclamada, según consta en el propio expediente judicial procedente de Venezuela, es abogado de profesión. Y en el procedimiento en el que está detenido se encuentran implicados entre otros el alcalde opositor del municipio de Colón (Zulia). Se les atribuye, según la investigación policial, que tenían en su poder "un cargamento de armamentos destinados a mercenarios".

El abogado que defendió a esta ciudadana venezolana relató a los magistrados de la Audiencia Nacional que muchos implicados eran opositores al régimen gubernamental. Y según la documentación que obra en poder de los magistrados españoles, tanto la reclamada como su hermano se les considera parte del denominado Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), que además "de comercializar de manera ilegal armas de guerra e ingresarlas por las trochas y otras vías alternas al territorio venezolano, con personas afectas a la oposición al gobierno constitucional venezolano, con el fin de realizar una insurrección armada también han ingresado un grupo importante de mercenarios a nuestro país".

Un delito político

Por eso, la Audiencia Nacional considera que la Fiscalía pretende atribuir a esta mujer "un delito de clara naturaleza política" que "no es el objeto de la extradición", y del que "nada han informado las autoridades venezolanas, y lo que es más importante, no han ofrecido garantía alguna al respecto", pues solo se le atribuye los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Según la abogada defensora, la Fiscalía venezolana, cuyo fiscal general es el polémico Tarek William Saab, habría utilizado la solicitud de extradición "para ocultar la represión política a personas contrarias al régimen o para proteger los intereses de sus amistades", y que pretende involucrar en los hechos, ocurrido en 2025, "a la ahora reclamada, cuando vive en España desde el año 2022".

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