Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura

El documento marco aprobado por el PP para ordenar sus pactos autonómicos acota el terreno sobre el que podría cerrarse el acuerdo de gobierno con Vox en Extremadura. El texto, «único y vinculante» para toda España, fija los «ámbitos prioritarios» y los límites de cualquier negociación, pero dentro de esas pautas comunes para todos los territorios destacan tres ejes que podrían convertirse en la base del pacto en la Junta: la bajada de impuestos, la defensa del campo y la política energética, con mención expresa a la nuclear.

El documento impulsado por Alberto Núñez Feijóo blinda la coherencia nacional del PP a la hora de negociar y limita la posibilidad de aplicar pactos 'a la carta', con el doble objetivo de evitar que en unos territorios se conceda más que en otros y de garantizar la "proporcionalidad" en el reparto de poder. Es el argumento que el PP ha venido defendiendo en Extremadura tras el 21-D, cuando María Guardiola ganó las elecciones con el 43,2% de los votos frente al 16,9% de Vox. Este planteamiento refuerza el peso de las direcciones nacionales en el proceso, aunque según fuentes del PP extremeño, será la presidenta en funciones quien continúe liderando las negociaciones en Mérida.

En esa línea, cualquier exigencia programática de Vox deberá encajar en las competencias reales de la Junta, ya que el documento cierra la puerta a acuerdos que desborden el marco legal vigente. A ello se suma otra condición política de fondo: garantizar la aprobación de los cuatro presupuestos de la legislatura y un compromiso de estabilidad que evite el "chantaje parlamentario" para impedir que, como ocurrió en la pasada legislatura tras la ruptura de la coalición de gobierno, Vox pueda condicionar votaciones clave en la Asamblea.

Impuestos y rebajas fiscales

El contenido del posible pacto se ordena en torno a un bloque reconocible de materias: impuestos, campo, energía, vivienda, inmigración y políticas de apoyo a familias y jóvenes. La fiscalidad es uno de los ámbitos en los que PP y Vox han mostrado mayor sintonía en Extremadura, con la aprobación de varias rebajas de impuestos concebidas como herramienta para dinamizar la actividad y favorecer la inversión pese a las críticas de Vox por la "poca ambición" de las medidas del PP.

El PP enviará su dirección nacional a las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón

En 2023, bajo el primer gobierno de coalición, pactaron la rebaja del IRPF, la supresión de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y la tarifa cero para autónomos. En 2025, a cambio de la aprobación de la Ley de Concordia, se sumó una batería de exenciones fiscales vinculadas a la compra y el alquiler de vivienda.

Ahora, el decálogo sitúa la fiscalidad como uno de los pilares del acuerdo, con el compromiso de utilizar "todas las competencias autonómicas para aliviar la carga tributaria a familias, trabajadores, autónomos y a quienes quieren emprender, ahorrar o acceder a una vivienda, sin otro límite que la garantía efectiva de los servicios públicos esenciales". "La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no castigarlos", recoge el documento del PP que también apuesta por reducir burocracia y eliminar trabas regulatorias.

La defensa de agricultores y ganaderos frente a la "sobrerregulación" figura entre las materias prioritarias, un ámbito especialmente sensible en Extremadura por el peso del sector agrario en el empleo y el equilibrio territorial.

Central de Almaraz

En el ámbito energético, el documento rechaza "políticas climáticas que destruyan empleo o encarezcan la energía", y se opone a cierres que puedan comprometer la competitividad. Defiende un mix energético completo que incluya la energía nuclear, una referencia que tiene una lectura directa en la región por la central de Almaraz y el debate abierto sobre su continuidad. La posición recogida en el marco nacional refuerza la defensa de su mantenimiento como elemento de empleo, estabilidad industrial y capacidad energética para atraer inversiones. PP y Vox juegan en la misma banda, sobre todo después de que Guardiola ya avanzara la pasda legislatura en la rebaja de la ecotasa autonómica.

El texto también aborda otros asuntos que pueden formar parte de la negociación. En materia de vivienda, apuesta por un «shock de oferta» desde el ámbito autonómico: más suelo disponible, menos burocracia urbanística y movilización de suelo público para facilitar el acceso a la propiedad, especialmente a los jóvenes. En paralelo, plantea el desalojo exprés de viviendas ocupadas y el empadronamiento nulo en inmuebles ocupados ilegalmente. Ámbitos en los que también se ha venido trabajando desde la pasada legislatura, con el impulso del Plan Habita y la apertura de unas oficinas antiokupación que la oposición ya interpretó como un guiño a Vox.

Igualdad y violencia machista

El decálogo, que no ha gustado a Santiago Abascal, sitúa la igualdad en un marco más amplio y evita singularizarla en la mujer después de que este asunto haya centrado buena parte de la tensión política en Extremadura. Así, sin mención expresa al feminismo, el documento se pronuncia contra "cualquier discriminación por razón de territorio, ideología, lengua, sexo u otra condición". Incluye referencias a las "dificultades reales" que afrontan las mujeres en el acceso al empleo, la conciliación y la brecha salarial y apuesta por políticas "concretas y eficaces" (sin detallar medidas específicas) para resolver estos problemas "no enfrentando a los ciudadanos por su sexo".

En la misma línea, la violencia de género se encuadra en un apartado general de "condena inequívoca contra toda forma de violencia: políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase", sin un desarrollo específico diferenciado. De esta forma, el texto mantiene la condena expresa, pero la integra en una categoría más amplia fijando un marco que facilite el acuerdo sin alterar consensos básicos y dejando margen para eventuales ajustes en políticas concretas. En ese mismo capítulo, se recoge el compromiso de continuar promoviendo la prohibición del burka y el niqab.