La jueza de la dana de Valencia inicia la ronda de alcaldes en la investigación

Casi año y medio después de la dana de Valencia y tras numerosas declaraciones en el juzgado que investiga la gestión de la emergencia, tanto de afectados como testigos, peritos e investigados, por fin comparecerá uno de los alcaldes de municipios afectados por la catástrofe. El juzgado de Catarroja tiene casi una treintena de responsables municipales a la espera de fecha para comparecer. Este martes ha abierto la veda y ha fijado la testifical del primer edil de Utiel, el popular Ricardo Gabaldón, para el próximo 7 de mayo.

Gabaldón será el primero de un total de 27 alcaldes que tienen previsto desfilar por el juzgado de Catarroja. Una nómina donde también se encuentran primeros ediles como la de València, María José Catalá; la de Catarroja, Lorena Sirvent, ya dimitida; o el de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, entre muchos otros. Al final, Utiel fue uno de los más afectados desde por la mañana y contabilizó seis víctimas mortales a causa de la riada. Sin embargo, la jueza ha constatado la rápida reacción del primer edil, rechazó su imputación y defendió que, al ordenar el cierre de los centros escolares desde primera hora de la mañana, Gabaldón “adoptó medidas de protección de la población que iban mucho más allá del consejo de no acercarse a las riberas y ríos" de la Generalitat, por lo que, sin necesidad de recibir orden alguna, actuó "con una antelación muy superior" a la administración autonómica que dirigía Carlos Mazón y cuyos máximos responsables de la emergencia eran el entonces secretario autonómico Emilio Argüeso y Salomé Pradas, investigados en la causa.

El registro telefónico aportado por Pradas recoge hasta trece llamadas entre el alcalde de Utiel y la entonces consellera, de las cuales ocho fueron canceladas o fallidas. Tras el aviso de Gabaldón por la difícil situación que atravesaba la localidad a las 14 horas de la tarde, y tras hablar con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la consellera solicitó la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Pero quizá una de las principales incógnitas que rodea al primer edil tiene que ver con Mazón. El entonces president preguntó al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, el número del alcalde de Utiel y el de Cullera a las 17.46 horas. Según dijo Mompó en su testifical ante la jueza, porque "Utiel es donde empieza la cuenca del Forata y Cullera el final, adonde iría en caso de rotura de la presa".

Eso ocurrió en plena sobremesa de la comida que mantuvo Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro. Para entonces, habían pasado cinco horas del desbordamiento del Magro y más de dos horas de la activación de la UME. Lo curioso es que se desconoce si llegó a hablar con Gabaldón. Mazón insinuó que le había llamado pero en el listado aportado a las Cortes Valencianas no figura ninguna llamada directa.

La responsabilidad de los alcaldes

Cabe recordar que, aunque algunos técnicos han señalado la responsabilidad de los ayuntamientos en la vigilancia de cauces tal como marca el Plan Especial de Inundaciones, la magistrada ha descartado responsabilidad penal en los alcaldes. Por ello los cita en caliad de testigos. En el auto que rechazaba la imputación de Gabaldón, solicitada por una familia de Utiel, la jueza expuso que "existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población" y que "la atribución indiscriminada de responsabilidad penal en los fallecimientos a cualquier autoridad o funcionario público, y en especial de las autoridades locales, ha de descartarse de plano".

Asimismo, en otro de sus autos, la instructora argumentó que los responsables municipales "se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa, ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar", a diferencia de la Generalitat, que disponía de "múltiples canales de información".