El Gobierno vincula las colas para los procesos de regulación de migrantes al “boicot” de ayuntamientos del PP

Ayuntamientos como el de Madrid han denunciado “colapso” en sus servicios públicos ante los trámites que deben atender para otorgar el certificado de vulnerabilidad requerido en algunos casos para el procedimiento de regularización de migrantes. Una alerta que se ha acompañado en algunos casos de largas colas. Desde el Gobierno han respondido contrastando a los ayuntamientos que estarían “colaborando y poniendo recursos” frente a los que acusan de hacer lo contrario. “Siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando derechos de miles de personas”, ha arremetido la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La también responsable del decreto de regularización como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha acusado directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de no querer colaborar. Asimismo ha cuestionado la “incoherencia” de que la Comunidad de Madrid se diga “amiga” de los migrantes, especialmente latinoamericanos, que engrosan la lista de solicitudes.

Para sortear estas supuestas trabas que en el Ejecutivo atribuyen a los ayuntamientos del PP, Saiz ha informado que en los casos en que se necesite el informe de vulnerabilidad este se puede descargar de manera telemática y no tiene que ser acuñado solo por los servicios municipales, sino que también se puede acudir a las más de 200 entidades sociales acreditadas por el ministerio. “A pesar de ese boicot injustificado de algunos”, arremetió, irían por detrás de la sociedad civil, la propia Iglesia, los agentes sociales o las entidades colaboradoras a favor de dotar de “más derechos” a los migrantes irregulares.

Sobre la polémica respecto a la circular en centros penitenciarios para informar a los presos que cuentan con este derecho, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aclarado que el decreto excluye a quienes tengan antecedentes penales. Asimismo, en el caso de los preventivos, sin antecedentes penales, será la Policía quien emita un informe para valorar si tienen derecho a residencia en base a que un solicitante suponga un riesgo para la seguridad pública o nacional.

“Ninguna persona con antecedentes va a ser regularizada”, ha apostillado el titular de Interior para añadir que los presos preventivos pueden tener antecedentes penales por hechos condenados anteriormente, además de que serían sometidos a una valoración por parte de la Policía Nacional. El hecho de que se les informe de que son susceptibles de regularización respondería así, según Grande-Marlaska, a que se trata de un procedimiento “garantista”.

De 1.500 a 5.500 peticiones

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, calificó la regularización como un "auténtica barbaridad", acusando a Moncloa de querer "colapsarlo todo". Para el portavoz del Ejecutivo regional, el proceso es un "caos" que da "pábulos a las mafias y a todos aquellos que trafican con personas", convirtiendo a España en un "paraíso" para la inmigración irregular.

La crítica sobre el colapso se repitió también desde la capital. El delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento, José Fernández, cargó contra el decreto señalando que se había aprobado “sin escuchar a las otras administraciones públicas implicadas”. La medida se ha adoptado de forma “precipitada” y “quizá buscando el colapso”, lamentó el delegado, según quien ya se están dejando sentir sus efectos en la red municipal: “Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas a lo largo del día. Una semana después, cuando el decreto entra en vigor, pasamos a 4.000 y al día siguiente, 5.500”.