El despacho de Montoro ficha a un ex alto cargo de Hacienda para desmontar la investigación judicial: "Hay errores sustanciales"

Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, ha contratado al ex alto cargo de la Agencia Tributaria Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros para desmontar la investigación del titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus Vela, y por la que permanecen investigados los directivos de la empresa, además del extitular del Ministerio de Hacienda y otros excargos del PP.

En el caso Montoro se investiga si varias empresas gasísticas contrataron a Equipo Económico por sus supuestos vínculos con el entonces titular de Hacienda, que creó la firma en 2008 -pero de la que asegura haberse desvinculado en 2011- para conseguir que el Gobierno de Mariano Rajoy realizara dos modificaciones legales en otros tantos impuestos.

Pero Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, con un amplio historial profesional como abogado del Estado, sostiene en dos dictámenes periciales que los trabajos elaborados por la Unidad de Agencia Estatal de Administración Tributaria de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción y los de los Mossos d´Esquadra, en los que se basa la investigación judicial, incurren "en errores de concepto sustanciales".

Una acusación "temeraria"

En la primera pericial, sobre la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas, el abogado sostiene que la afirmación que indica que toda la retribución percibida por Equipo Económico se debe al contacto con el responsable de la Dirección General de Tributos "y no a ninguna labor de asesoramiento", resulta "temeraria porque, siendo una grave acusación, está huérfana de toda prueba". Este dictamen defiende que la tesis de los informes de los investigadores de que toda la retribución percibida por Equipo Económico se debe "a ese contacto y no a ninguna labor de asesoramiento queda, además, desmentida si se analizan los trabajos realizados para la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)".

Asimismo, sostiene que no se aprecia "ninguna irregularidad en la forma de actuar del Director General de Tributos después de recibir el correo de Equipo Económico en su buzón oficial sino que su actuación resulta la que sería normal en cualquier órgano directivo: primero solicita al Subdirector General que le informe de la problemática y, con posterioridad autoriza a que se consulte al Ministerio de Industria, que es quien le puede proporcionar, dentro de la propia Administración Pública, un criterio técnico y objetivo sobre el funcionamiento de esas industrias". "Y el Ministerio de Industria se mostró favorable a la tesis de las gasistas", destaca este letrado.

Además, Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros ve "una clara y grave contradicción afirmar en la página 49 [del informe a la Unidad de Apoyo a Anticorrupción] que la retribución de Equipo Económico se debió a un mero contacto para luego 'quitarse de en medio' porque no se localiza ningún trabajo o documento en el que Equipo Económico hubiera intervenido cuando con anterioridad el mismo informe (páginas 27 a 29) había puesto de relieve que Equipo Económico estuvo trabajando en la elaboración del informe técnico que soportara la reivindicación de la AFGIM. Esta contradicción es un nuevo ejemplo de que el informe de la Unidad de Apoyo utiliza en cada momento la argumentación que cree que le sirve para apuntalar su tesis, omitiendo otros datos que la contradicen, incluso aquellos que el propio informe había reflejado con anterioridad", prosigue.

Finalmente, este abogado del Estado en excedencia advierte de que ni los funcionarios de Hacienda adscritos a Anticorrupción ni los Mossos han puesto de manifiesto "ningún tipo de infracción procedimental en la tramitación" legislativa y que la Dirección General de Tributos "ya había manifestado su disposición favorable a la reforma normativa en septiembre de 2016, esto es, ocho meses antes de la llamada 'entrada en escena de Equipo Económico' en mayo de 2017".

Segundo informe pericial

El segundo informe pericial, que analiza la Reforma del Impuesto sobre la Electricidad, destaca que, "en contra de lo que dice el informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a Anticorrupción, ningún órgano del Ministerio de Hacienda tiene 'capacidad de decisión final' en un anteproyecto o proyecto de ley", al mismo tiempo que sostiene que "el Ministerio de Industria -departamento ministerial con conocimiento directo y objetivo del sector industrial al que se refería el anteproyecto- se mostró expresamente favorable a la reforma".

"No se ha advertido ninguna irregularidad en la tramitación del anteproyecto ni del proyecto de ley examinado ni las supuestas irregularidades reprochadas por el informe de la Unidad de Apoyo y el de los Mossos d´Esquadra resultan acertadas", completa Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros en este segundo trabajo, en el que advierte de que desde la entrada en vigor de dicha reforma, "la Ley ni el Reglamento no han sido objeto de modificación alguna en lo que se refiere al tratamiento fiscal de los supuestos analizados, ni se ha promovido iniciativa legislativa o reglamentaria tendente a su revisión o corrección".

Para este letrado este dato "no es menor ni puede considerarse irrelevante pues la permanencia inalterada de una regulación durante más de una década constituye un indicador claro de su adecuación técnica y jurídica".

Un nuevo recurso

Por otra parte, Equipo Económico ha vuelto a reclamar que la investigación por el presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, en la que está imputado el exdirigente del PP, se envíe a los juzgados de Madrid, al considerar que el juez de Tarragona, Rubén Rus Vela, no es competente para instruir el caso. Su abogado, Carlos Luis Rubio Soler, argumenta que las pesquisas se extienden a ex altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda, que tienen su sede en la capital de España, al igual que el propio Equipo Económico y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que supuestamente habría influido para que se elaborara una legislación favorable al sector.

El despacho fundado por Montoro ha presentado un recurso ante la Audiencia de Tarragona contra la decisión del juez Rus Vela de declararse competente para continuar con la instrucción del caso. El escrito, que recoge uno anterior en el mismo sentido, sostiene que cuando el magistrado se refiere a la “Administración central” se trataría “de los órganos superiores y directivos de la organización central —por contraposición con la organización periférica— de la Administración General del Estado; más concretamente”, del Ministerio de Hacienda, con sede en Madrid. "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado en el territorio del partido judicial de Tarragona", subraya. A su entender, si se hubiera cometido algún delito —lo que la defensa rechaza—, se habría cometido en Madrid, ciudad donde, además, tienen lugar "las reuniones, los contactos, los informes, los trabajos y las propuestas legislativas que finalmente aprueban las Cortes Generales".

Sin embargo, el letrado recalca que la actividad de la asociación AFGIM "respondía a una finalidad absolutamente legítima, que incluso estaba recogida en su objeto social", como es “formular y suministrar informaciones, estudios y recomendaciones, a efectos de colaborar con las autoridades y los organismos locales, autonómicos, nacionales e internacionales en la preparación de leyes o reglamentos". El abogado rechaza también que la competencia se deba regir solo por el "hallazgo casual" de unos correos durante un registro en una empresa de Tarragona.

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