En la Audiencia Nacional
El juicio a la familia Pujol queda visto para sentencia y el tribunal deberá aclarar el origen de la fortuna en Andorra
Todos los acusados renuncian a su derecho a la última palabra
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola pide su libre absolución porque no hay "nada" que acredite la acusación fiscal de que cobró por obra pública

Jordi Pujol Ferrusola a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar, a 29 de enero de 2026, en Madrid. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
El juicio a los Pujol ha quedado visto para sentencia después de que todos los acusados renunciaran expresamente a la última palabra y sus abogados pidieran para ellos su libre absolución al considerar que no se ha probado un origen corrupto del dinero en Andorra que mantienen que procede de un legado de su abuelo Florenci. La Audiencia Nacional ha puesto fin así al juicio a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol Soley por su fortuna oculta en Andorra tras 38 sesiones durante casi seis meses y se prepara ya para elaborar el fallo.
El expresidente catalán quedó exonerado, pero en el banquillo se han sentado sus siete hijos, la exesposa del primogénito y nueve empresarios acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificaciones de documentos mercantiles, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo pide la pena más alta, 29 años de prisión, para Jordi Pujol Ferrusola, y solicita 17 años para su exesposa Mercè Gironés, 14 años para su hermano Josep Pujol y ocho para los otros cinco hijos del expresidente de la Generalitat, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer.
'A por ellos'
La última sesión se ha centrado en los informes de los abogados de los empresarios, quienes han solicitado ser absueltos porque sus pagos al hijo mayor de los Pujol obedecen a trabajos reales y no a comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya. Unas designaciones que, han alegado, algunos ni recibieron, como fue el caso de Gustavo Buesa, cuyo abogado, Carles Monguilod, ha contrapuesto el "A por ellos" al "Espanya ens roba", al que recurrió el fiscal para negar que el procedimiento fuera "un ataque a Catalunya" y pedir la condena de los 17 acusados: los siete hermanos Pujol Ferrusola, la exmujer del primogénito y nueve empresarios.
El letrado ha explicado que "el daño reputacional, el perjuicio y el dolor" de su "cliente está hecho", pero no ha querido pasar por alto que en su informe final el fiscal "recordó un eslogan" que él, como catalán, ha calificado de "repugnante" y ante el que ha querido matizar: "España no roba... Quizá algún Gobierno, pero España es otra cosa", ha dicho. A continuación, ha señalado que "desde el otro lado alguien también dijo 'a por ellos', con una policía mal llamada patriótica". No obstante, el letrado ha concluido confiando en que "el tribunal no lo permitirá y valorará en conciencia la prueba practicada sin influencia", lo que le conducirá a dictar "una sentencia absolutoria", ha zanjado.
Buesa y Josep Mayola se sientan en el banquillo por la supuesta influencia de Pujol Ferrusola en la concesión de las licencias de los vertederos de Vacamorta y Tivissa. El letrado de Mayola, José María Fuster-Fabra, se ha sumado a la petición de libre absolución señalando que a Jordi Pujol Ferrusola se le considera una especie de "virus financiero contaminante". "Se parte de la base de que es un señor delincuente financiero y todo el que se relaciona con él se convierte en delincuente financiero, económico, contaminado con su presencia", ha criticado, para destacar la falta de pruebas.
Un Estado de Derecho
Todos los abogados defensores han ido, uno a uno, justificando ante el tribunal los pagos respectivos a las empresas de Jordi Pujol Ferrusola. Óscar Morales, defensor de Luis Delso, expresidente de la constructora Isolux Corsan, se ha remitido a la Constitución para señalar que define una “perfecta transición de una época oscura, en la que el Estado era solo Estado, a otra en la que pasó a ser Estado Social y de Derecho, en la que las Fuerzas de Seguridad estaban para algo más que para reprimir”. En este procedimiento, en su opinión, “el Estado ha tratado de desencadenarse de esas cadenas que le atan al sometimiento pleno a la ley y al derecho”, en referencia al pendrive de origen desconocido que se intentó introducir en la causa y por el que se condenó al exdirector adjunto operativo Eugenio Pino y se apartó del caso Pujol al instructor de las pesquisas.
Diego Artacho, defensor de Carles Sumarroca Claverol, exvicepresidente de Comsa Emte, e hijo de uno de los fundadores de CDC, Carles Sumarroca Coixet, ha explicado y ha justificado cada una de las operaciones que la fiscalía atribuye a su representado, pero ha ido más allá y ha dejado patente que la investigación al empresario obedece a que es amigo de la familia Pujol. "La amistad como hilo conductor", ha subrayado. Además, ha relatado que Emte fue fundada en 1961 y que, cuando sucedieron los hechos, Sumarroca padre ya era un "reputado empresario en Catalunya", al que se le otorgó la Creu de Sant Jordi, pero no su "amigo" Pujol Soley, sino el socialista José Montilla cuando era presidente.
La corrupción
Daniel Campos, en representación de Josep Cornadò, propietario del grupo Copisa, ha explicado que el escrito fiscal menciona "216 veces la corrupción", pero no cita ningún delito de los que se engloban bajo esa palabra. Ha insistido en "¿qué delito es una red clientelar?" o en si "las adjudicaciones son corruptas" por sí solas. "No todos los empresarios que participan en adjudicaciones públicas son corruptos", ha añadido, y ha dicho que "si no, que se demuestre todo lo contrario", tras calificar de "alusión perturbadora" la inversión de la prueba que, en su opinión, ha realizado el fiscal y que considera inconstitucional. Junto al abogado Jorge Ayo, ha rechazado que su representado cometiera irregularidades o fuera favorecido por los gobiernos de CDC.
El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo defendió el pasado martes ante el tribunal que se debe condenar a los hijos del expresidente catalán porque el juicio celebrado en la Audiencia Nacional desde noviembre sobre la fortuna que la familia ocultaba en Andorra "no es un ataque a Catalunya" ni a una "ideología", sino una defensa de "sus ciudadanos". En sus conclusiones argumentó que "en aquella Catalunya emergente se pagaba a los Pujol, como si fuera un club, con el 3%, para tener obra pública", dentro de "la red clientelar" tejida por la familia en torno al expresidente.
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