Galicia
El maquinista del Alvia de Angrois solicita al Constitucional paralizar su ingreso en prisión
Francisco José Garzón recurre a la Justicia alegando la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso judicial y que las condiciones de seguridad ferroviaria no fueron óptimas en el momento del accidente

Francisco José Garzón durante el juicio por el accidente del Alvia de Angrois en julio de 2024. / Álvaro Ballesteros
Francisco José Garzón, maquinista del tren Alvia descarrilado en Angrois el 24 de julio de 2013, presentó este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña —que lo ratificó como el único condenado por el accidente tras la absolución del Director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte—. Garzón alega diversas vulneraciones de derechos constitucionales durante todo el proceso judicial.
Tal y como avanza el diario praza.gal, el abogado del maquinista defiende ante el TC la transgresión de esos mismos derechos, esgrimiendo que al recurriente se le condena cuando las condiciones de seguridad ferroviaria no eran óptimas y él tuvo que desarrollar su trabajo sin esas garantías de seguridad. El recurso también sostiene que se vulneraron sus derechos constitucionales a la igualdad de trato y a la tutela judicial efectiva, ya que la sentencia no tuvo en consideración varias circunstancias atenuantes. Entre ellas, la excesiva duración del proceso judicial —que se prolongó durante más de una década—, y el hecho de que el acusado pidiera disculpas, indemnizara económicamente a las víctimas y prestara ayuda desde el primer instante.
Pide un indulto
Además, recurso solicita como medida cautelar que se paralice el ingreso en prisión del maquinista, condenado a dos años y medio de cárcel, mientras el Tribunal Constitucional estudia el recurso de amparo. La petición se basa en que el perjuicio para el recurrente sería irreversible en caso de que finalmente se reconociera alguna de las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas. Asimismo, sostiene que dicha suspensión no causaría un perjuicio grave al interés general ni afectaría a los derechos y libertades de terceras personas.
Tan solo unos días antes de presentar este recurso de amparo constitucional, el abogado del maquinista solicitó al Ministerio de Justicia oficialmente el indulto para su defendido, alegando el arrepentimiento mostrado por Garzón y recordando que las víctimas ya fueron indemnizadas. La petición de indulto también sostiene que no supone un peligro para la sociedad, que nunca había sido condenado y que el accidente fue consecuencia de un error profesional sin intención delictiva.
Añade que Francisco José Garzón, ya jubilado y con problemas de salud, tampoco presenta riesgo de reincidencia. Además, el escrito señala que cuida de su madre de 93 años, dependiente de él, y que su ingreso en prisión agravaría tanto su situación familiar como médica. La solicitud cuenta con el apoyo del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y concluye que la pena de cárcel es innecesaria y contraria al objetivo de reinserción social que defiende la Constitución.
Por otra parte, el documento defiende que el recurso debe ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional porque la cuestión planteada va más allá del caso concreto y dibuja un debate jurídico de especial relevancia y con importante impacto social. Poniendo el foco en futuros supuestos relacionados con accidentes graves en sistemas de transporte colectivo, especialmente en el ámbito ferroviario, defiende la necesidad de fijar jurisprudencia y determinar si, para desvirtuar la presunción de inocencia, puede exigirse a un trabajador compensar con su actuación la falta de medidas de seguridad existentes en la infraestructura ferroviaria.
La condena
En julio de 2024, el maquinista y el exjefe de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, fueron condenados por el juzgado de lo Penal número 2 de Santiago a dos años y medio de cárcel como responsables por imprudencia profesional grave de 79 homicidios involuntarios. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña corrigió esta sentencia en enero de 2026, absolviendo al exalto cargo del administrador de las infraestructuras ferroviarias. El tribunal ratificaba así la responsabilidad del maquinista en el siniestro, al no reducir la velocidad antes de la curva. Mientras, en sentido contrario, consideraba que no existía una relación directa entre la decisión de Cortabitarte de no habilitar sistemas de control automático de velocidad en ese tramo que pudiesen evitar un fallo humano y el accidente.

Protestas de víctimas durante la última jornada del juicio por el accidente del Alvia de Angrois, en julio de 2024. / Xoán Álvarez
Una interpretación judicial que fue duramente cuestionada tanto por el colectivo de maquinistas como por las asociaciones de víctimas, que esperaban que el proceso sentara un precedente en materia de responsabilidades compartidas. Francisco José Garzón confesó en una entrevista concedida al programa Salvados, en septiembre de 2025, que él mismo requirió a Adif la colocación de unas balizas de seguridad en ese tramo de Angrois. En reiteradas ocasiones, ha pedido «perdón» a las víctimas del siniestro y sus familias, asegurando ser «responsable» de lo acontecido, pero «no el único culpable».
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