Relaciones Estado-Comunidad Autónoma
Canarias se aísla de la posible censura de Feijóo a Sánchez y apura junio para arrancar al Gobierno los compromisos pendientes
Alfonso Cabello asegura que "aprovecharemos hasta el último minuto los resquicios para sacar adelante todos los asuntos"

Imagen de archivo de los presidentes Pedro Sánchez (i.) y Fernando Clavijo en la Moncloa. / Europa Press
El Gobierno de Canarias no se deja arrastrar por el ruido político nacional abierto en torno a una posible moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez. Mientras en Madrid se agita el tablero parlamentario, el Ejecutivo autonómico que preside Fernando Clavijo se sitúa en otra pantalla: la de los expedientes pendientes con el Estado, las transferencias comprometidas, la negociación sobre la participación en la gestión de los aeropuertos y la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF).
La posición del Ejecutivo canario es doble: distancia política respecto a la batalla nacional y máxima presión institucional en los asuntos propios. Frente al debate en torno a la moción de censura al Gobierno de Sánchez, Canarias, pese a pedir que el inquilino de Moncloa se someta a una cuestión de confianza o convoque un adelanto electoral, quiere colocar en primer plano su agenda, y junio es un mes decisivo para medir hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado en la respuesta a las demandas reclamadas por Canarias.
Así lo confirmó este lunes el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno. "No valoramos la moción de censura o no", afirmó antes de subrayar que Canarias mantendrá abierta la vía de negociación con el Estado: "Sí aprovecharemos hasta el último minuto todos los resquicios que hay para sacar adelante todos los asuntos que Canarias tiene pendientes con el Estado a lo largo del mes de junio”, sostuvo Cabello, en una declaración que resume la estrategia del Ejecutivo autonómico: aislarse de la inestabilidad política nacional y concentrar todos los esfuerzos en cerrar compromisos concretos para las Islas.

Fernando Clavijo preside la reunión del Consejo de Gobierno. / Acfi Press
Todos los expedientes siguen abiertos
El portavoz explicó que el Gobierno regional sigue "pendiente de todos los expedientes abiertos", algunos de los cuales "avanzan de forma satisfactoria" y otros con menor ritmo, aunque se mantiene una "conversación abierta con los distintos ministerios", porque el Archipiélago no va a detener su agenda institucional ni a esperar a que se aclare el escenario político estatal.
Uno de los asuntos centrales es la negociación sobre los aeropuertos. El Gobierno de Canarias continúa a la espera de recibir formalmente la documentación solicitada el pasado 25 de mayo a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas sobre el contenido del acuerdo de participación en la gestión aeroportuaria con Euskadi, de cara a la comisión bilateral anunciada por el ministro Ángel Víctor Torres.
La primera valoración del presidente Clavijo sobre ese acuerdo fue positiva, aunque el Ejecutivo regional considera que el Estatuto de Autonomía de Canarias permite ir más allá. En concreto, el Gobierno invoca el artículo 161, apartados 3 y 4, que según la interpretación de Cabello "va más allá del acuerdo" que el Estado pactó con Euskadi en la capacidad de decisión sobre las tasas aeroportuarias.
El Ministerio de Hacienda adeuda al Archipiélago 350 millones correspondientes al actual ejercicio
350 millones pendientes
Cabello también señaló que sigue pendiente una reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre el REF, otro de los frentes que el Ejecutivo canario quiere activar en las próximas semanas. A ello se suma la reclamación económica por las cantidades que el Estado debe transferir a la Comunidad Autónoma: 350 millones correspondientes "a solo este año".
"En el Consejo se ha abordado cuál es el minuto y resultado exacto de cada uno de los expedientes y transferencias pendientes por parte del Estado a esta Comunidad Autónoma", explicó Cabello durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pero recalcó que esos 350 millones constituyen "una preocupación especial que tiene este Gobierno" en este momento.
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