El ex jefe de la UCO admitió presiones de sus superiores para no ser "proactivos" en el caso contra el hermano de Sánchez

Las presiones en torno a jueces, fiscales y policía judicial intervinientes en causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez habrían partido también desde la propia cúpula de la Guardia Civil, según se desprende de varias declaraciones que obran en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que el juez de la Audiencia Nacional indaga en presuntos pagos realizados desde el PSOE a una trama en la que participaba entre otros la exmilitante Leire Díez para sabotear causas judiciales.

En la parte de las actuaciones que contienen los interrogatorios realizados por los agentes de la UCO en la propia Dirección General de la Guardia Civil se incluye la declaración de Rafael Vicente Yuste, ex jefe de la UCO, como coronel, entre Julio de 2023 y diciembre de 2025, al que le fue preguntado si tenía conocimiento de que se hubieran transmitido presiones políticas. El hoy general de Brigada reconoció que el propio DAO de la Guardia Civil le indicó en julio de 2024, en plena investigación al hermano del presidente del Gobierno -- a quien se juzga estos días en Badajoz-- que no fuese "proactivo", y se pusiera "de perfil" debiendo ser, en este caso concreto, "la autoridad judicial quien tomase la iniciativa".

Días antes, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos -predecesor de la actual directora, Mercedes González-, el general Jefe de Policía Judicial, el teniente general Director Adjunto Operativo Manuel Llamas, y este testigo como jefe de la UCO habían mantenido una reunión ante la solicitud de la jueza instructora para recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación seguida a David Sánchez.

"En el curso de la citada reunión, como hecho más destacable, el entonces Director General afirmó que el oficio de solicitud efectuado a la UCO, era "totalmente prospectivo y malintencionado", afirmando que la "credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos". Además, solicitó que el siguiente viernes -- 19 de julio de 2024--, el informe a efectuar por la unidad tenía "que estar analizado y que no haya nada".

En este sentido, por parte del testigo, se expuso que esto era materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial. Fue unos días después cuando se produjo el traslado del DAO a las dependencias y se dio la orden concreta de no ser proactivos.

Sin vacaciones

Según otro de los testimonios, el del general Alfonso Alberto López Malo, que fuera titular de la Jefatura de Policía Judicial desde junio de 2023, el DAO de la Guardia Civil ordenó hacer un informe de los mails de David Sánchez donde se concluyera que "no había nada", algo a lo que había que dar prioridad máxima: si los agentes tenían que quedarse sin vacaciones, que se quedaran.

También manifestó que el propio Marcos le llamó el 12 de julio de 2024 a su despacho, donde le manifestó que estaba "estaba enfadado y contrariado" respecto al informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados se encontraba el hermano de Sánchez, "reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de la entrega de dicho informe de forma previa a su entrega".

Posteriormente, aludió a la reunión mencionada también por el jefe de la UCO. "En dicha reunión el Director General les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada Op. CAJIRON", agrega el acta aportada por los investigadores sobre el interrogatorio a este alto mando. Fue en este encuentro en el que se pidió el informe que concluyera que no había nada delicitivo.

En otro momento del interrogatorio, López Malo, habla con otro superior al que el DAO le ha dado orden de investigar una posible filtración, después de que el diario El Mundo publicara un extracto de una conversación entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez.

El jefe de la Policía Judicial le recomendó al instructor de la información reservada, no ponerse en contacto con el magistrado del Supremo que llevaba el caso, Leopoldo Puente, porque tenía total confianza que la posible filtración de la información a la prensa no podía tener su origen en la UCO, ya que algunas de las imágenes eran posteriores a la fecha en la que se produjo la incautación de los dispositivos". El juez fue llamado igualmente y le dijo que ese asunto estaba judicializado y no debía ser objeto de una investigación administrativa paralela.