El Gobierno confía en que el Supremo no pare la regularización de migrantes ante las dudas que puede elevar al TJUE

El Gobierno sigue trabajando en el proceso de regularización de migrantes con normalidad y el convencimiento de que no habrá una paralización por parte del Supremo. Una respuesta del Ejecutivo después de conocerse que el Alto Tribunal ha planteado a las comunidades del Partido Popular que recurrieron el proceso que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de si este mecanimos "podría entrar en colisión" con normativa comunitaria. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo entienden que en un primer momento el Supremo ya rechazó tomar medidas cautelares ante otros recursos de las comunidades y de partidos contrarios a la iniciativa, y se muestran convencidos de que el proceso encaja con el ordenamiento jurídico de la UE.

El mensaje que se trasmite es de tranquilidad insistiendo en que el reglamento introdujo todas las observaciones realizadas por el Consejo de Estado y cumple con todas las garantías. No obstante, ahora mismo, se está trabajando mano a mano con la Abogacía del Estado para presentar alegaciones y no se espera que el Supremo se pronuncie antes del próximo 7 de julio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Aragón.

El plazo para las solicitudes, que ya supera el millón, terminó este martes y una parte de ellas ya han sido resueltas, al establecerse un máximo de tres meses. Es por ello que aun en el caso de elevarse la prejudicial al TJUE y decidirse de forma paralela una paralización, en ese momento una buena parte de las solicitudes ya contarían con una notificación provisional y, por tanto, no podrían ser suspendidas.

Los magistrados someten al parecer de las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".

Se trata de dos providencias que han sido dictadas por la Sala Tercera del Supremo antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas. "El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", se plantea en referencia al Pacto de Migración y Asilo.

En concreto, el tema judicial se resuelve através de dos providencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo.

Los magistrados someten al parecer de las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".

Se trata de dos providencias que han sido dictadas por la Sala Tercera del Supremo antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas.

Cabe recordar que hace un mes -el pasado 28 de mayo- el Supremo dio carpetazo a las peticiones de suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes y rechazó también la petición de la Comunidad de Madrid de paralizar la emisión de permisos de residencia y trabajo a extranjeros hasta resolver los recursos judiciales interpuestos contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada en abril. 

Plan de Integración

Desde el convencimiento de que el procedimiento es conforme a derecho y va a seguir su curso, este mismo martes el presidente del Gobierno presentó el siguiente paso, el denominado Plan de Plan de Integración y Ciudadanía. Con una dotación de 505 millones de euros solo durante el primer año, pretende financiar desde una visión integral la política migratoria del Ejecutivo. Desde el acceso a los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación profesional o el aprendizaje de lenguas cooficiales hasta la movilidad laboral con vías "legales y seguras". 

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, también ha salido en defensa del procedimiento para asegurar que “se ha hecho con todas las garantías" confiar en que así "quedará acreditado". La Generalitat considera que la regularización es correcta no solo en las formas, sino también en el fondo de la iniciativa. La portavoz ha alegado que ha servido para "dar derechos" y sacar de la "invisibilidad" a personas que llevaban años residiendo y trabajando en España y que merecían sobradamente regular su situación.

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