El número dos de la SEPI defiende ante el juez reuniones con Air Europa antes del rescate de la compañía

De un lado, abogados de Air Europa; enfrente, Industria. Hubo reuniones entre la cúpula de la aerolínea y representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el verano de 2020, en plena etapa postconfinamiento del covid, antes de que la compañía formulase su petición de ayuda por el impacto de la pandemia en sus cuentas; incluso antes de que se les abriera formalmente a las empresas la posibilidad de pedir rescates. Compareciendo en sede judicial, el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, imputado por presunta prevaricación, no ha negado que se produjeran esos encuentros, defendiéndolos como un proceder no irregular.

Del juzgado ha salido Lora en silencio ante las preguntas de los periodistas tras su primera comparecencia ante el juez por el rescate de Air Europa. "Respeto el trabajo de los medios de comunicación, pero no voy a hacer declaraciones", ha dicho tratando de avanzar entre informadores y cámaras. La abogada del Estado Rosa Seoane, que lo acompañaba, ha apuntado que Lora "ha contestado a todo el mundo, porque puede contestar a todo el mundo".

Ha dicho la letrada que esta comparecencia "ha ido perfectamente", pero es solo el inicio de una compleja investigación judicial, otra, sobre la ayuda pública a Air Europa. Cómo y bajo qué criterios concedió el Gobierno el rescate de 475 millones de euros a la aerolínea como empresa estratégica, en noviembre de 2020, es el eje en torno al que gira una nueva pesquisa en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

En el interrogatorio han sido parte principal las reuniones de representantes de la SEPI con representantes de la cúpula de Air Europa antes de que se materializara la petición de rescate, y también el interés que no deja de suscitar a la acusación el dividendo que la compañía repartió pese a su peligrosa situación financiera.

Al número dos del órgano de inversión industrial del Gobierno le acusan de ordenar una concesión de ayuda que "presuntamente prescindió de requisitos esenciales, apoyándose en estructuras instrumentales y reinterpretaciones 'ad hoc'" , dice el auto con judicial con el que se le citó, y además "con conocimiento de los elementos que hacían injusta la decisión". O sea, prevaricación.

Querella de PP y Vox

Con el interrogatorio del número dos de la SEPI ha arrancado la causa, que estrena en el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid el magistrado José María Escribano, y que se suma a otras ya cerradas en torno al mismo asunto, una de las cuales señaló, sin refrendo judicial, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En esta ocasión son una querella del PP y otra de Vox las que el juez Escribano ha admitido a trámite. La acusación de base reside en que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa", expresa el juez en un auto de apertura de las diligencias.

La denuncia del PP abarca dos ayudas financieras de arranque del rescate. La primera, el 18 de mayo de 2020, de 35 millones de euros concedidos a Air Europa con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y con Caixabank, el Banco Santander, Unicaja, Liberbank y Banco Sabadell entre otros financiadores. La segunda, un préstamo adicional de 141 millones de euros, también con el ICO en el centro de la operación y con Air Europa y su consejero delegado, Javier Hidalgo. como perceptores.

En la instrucción de este caso, el juez Escribano ha pedido a la SEPI toda la documentación relativa al rescate de Air Europa, empezando por una identificación en una lista de todos los ejecutivos que intervinieron como funcionarios o como vocales en la concesión del préstamo. La petición ha incluido todas las actas de reuniones para aprobarlo, la documentación que informara a los vocales de las circunstancias que atravesaba la compañía aérea en la pandemia, los borradores, y cualquier informe, incidiendo en los que pudieran recoger también las razones para la no tramitación.

La pesquisa del juzgado 49 de Madrid incluye el tráfico de correos electrónicos relacionados con el préstamo, y todas las comunicaciuones que entre organismos públicos se pudieron llevar a cabo durante la gestión de la ayuda financiera para la aerolínea. Además, su resultado: el contrato de financiación, sus anexos y las justificaciones técnicas de la ayuda; incluso cómo se sometió todo este trabajo a la supervisión europea.

Se prevé en esta nueva investigación judicial sobre el rescate de Air Europa que por el juzgado 49 de Madrid pasen, posiblemente, integrantes del consejo asesor del rescate, vocales de la SEPI y técnicos que intervinieron en la concesión de los distintos tramos del préstamo.

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