El Congreso deja lista para aprobar la reforma que facilitaría a ERC y Junts tener grupo parlamentario propio en el futuro

Con la vista puesta en unas futuras elecciones nacionales, y ante el riesgo de no lograr unos buenos resultados en los comicios, varios partidos nacionalistas y minoritarios han cerrado con el Gobierno la reforma del reglamento para rebajar los requisitos necesarios para tener grupo parlamentario propio en la Cámara Baja. PSOE y Sumar, junto a todos sus aliados en el bloque de la investidura, han dado el visto bueno a una reforma del Reglamento que, previsiblemente, será ratificada por el pleno del Congreso la próxima semana.

Al comienzo de cada legislatura, como marca el reglamento, se produce la conformación de los grupos parlamentarios. Actualmente, el reglamento de la Cámara Baja recoge que es necesario tener al menos 15 diputados, salvo una gran excepción: tener cinco escaños y haber logrado el 15% de los votos en todas las circunscripciones en las que se presenta el partido o el 5% de los votos a nivel nacional. A esta salvedad se suelen aferrar los partidos nacionalistas, ya que es raro que ERC, Junts, EH Bildu o PNV alcancen la quincena de escaños.

El proceso debería ser sencillo, pero hay veces que los partidos no cumplen alguno de los requisitos y tienen que echar mano de alguna argucia. En 2023, por ejemplo, ERC y Junts tenían los diputados, pero no los porcentajes de voto, por lo que fue necesario que PSOE y Sumar les prestaran algunos escaños de manera provisional para cumplir los mínimos exigidos. Sin embargo, en unas futuras elecciones, una hipotética mayoría de PP y Vox podría frenar estos mecanismos en la Mesa del Congreso.

Así, la propuesta aprobada este martes en la Comisión de Reglamento y que aún deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara Baja, rebajar a un 10% los votos mínimos que se deben cosechar en las circunscripciones en las que se han presentado o un 3% de los emitidos a nivel nacional. De esta forma, republicanos y posconvergentes no tendrían problemas, ya que ambos suelen superar el 10% en las provincias catalanas.

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