El juicio del caso Kitchen que ha sentado en el banquillo al exministro del Interior de Rajoy queda visto para sentencia

Casi cuatro meses después de su primera sesión el pasado 6 de abril, el juicio por la denominada Operación Kitchen ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Varios de los acusados han tomado la palabra brevevemente para pedir al tribunal justicia y negar una vez más haber participado en ninguna acción parapolicial, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo: "Me pregunto cómo se me ocurrió pisar callos tan importantes para terminar como he terminado", manifestó.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas argumentó durante su alegato final el pasado 30 de junio que durante la vista oral "ha quedado acreditada la finalidad bastarda y delictiva" del operativo parapolicial organizado en 2013 para espiar y robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas. "No tenía nada que ver con investigar el caso Gürtel, sino con obtener documentación para boicotear el caso Gürtel", manifestó, para justificar la elevación a definitiva de su petición de 15 años de cárcel para el exministro, al que considera el 'número 1' de la trama, y la misma condena para su mano derecha, Francisco Martínez, por entonces secretario de Estado de Seguridad.

La defensa de Fernández Díaz, por su parte, pidió su absolución en el caso Kitchen' por falta de prueba que le vincule con los hechos, que ha calificado de "operación de inteligencia, no parapolicial", destinada a la obtención de información sobre el paradero del dinero que fue ocultado por Luis Bárcenas, o sus posibles testaferros". A juicio del abogado Jesús Mandri, su cliente nunca conoció esta operación y nunca tuvo "ningún interés" en la información de la que pudiera disponer el que fuera tesorero del PP.

La Fiscalía Anticorrupción pide la pena más alta para el excomisario José Manuel Villarejo, un total 19 años de prisión, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas acusa al comisario jubilado de haber captado como confidente al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para localizar "información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad".

La defensa de Ríos, que ha sido la última en exponer su informe de defensa antes de la intervención de la Abogacía del Estado, ha negado igualmente la ilegalidad de la operación y dice que el chófer solo fue uno de los 7 confidentes no desvelados del operativo de inteligencia.

En un momento de su alegato ha señalado que la familia Bárcenas, de los que ha manifestado que les mueve un "interés espurio" en esta caso, manejaba billetes de 500 euros pese a que tenía las cuentas embargadas y le obligaban a trasladar cuadros, por lo que su cliente no vería raro que se les estuviera investigando.

Información para el ministro

Según el relato del fiscal, Villarejo trasladaba dicha información al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que a su vez informaban al exministro.

El fiscal también sostuvo en su informe final que el "interés" por la documentación de Bárcenas "se plasmó en las agendas y diarios de Villarejo", una persona que "cuando hablaba con terceros podía incluso fanfarronear o exagerar", pero que cuando escribía en sus agendas "no se engaña a sí mismo". De este modo, las agendas y grabaciones de Villarejo son las pruebas clave del juicio en las que se respaldan las acusaciones, mientras que las defensas consideran que son indicios "subjetivos" y aseguran que su contenido "no es fiable".

Fiscalía también pide 15 años de cárcel para Pino y el comisario Gómez Gordo, mientras que para Ríos solicita 12 años y medio, así como la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía, cargo que presuntamente consiguió por sus actividades para la trama. Asimismo, pide la condena más baja para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, dos años y medio, por un supuesto delito de encubrimiento.

La familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, así como PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular, mantienen su acusación contra el comisario José Luis Olivera, que fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, mientras que Anticorrupción solicitó que se archivase la causa para él.

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