Canarias marca una línea roja a Rabat: "Hay que escuchar a los menores"

Marruecos ha exigido a España la devolución de los 1.600 menores no acompañados que permanecen bajo la tutela de Ceuta, tras la llegada masiva a la ciudad los pasados 30 y 31 de julio. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha asegurado que su país no está dispuesto a abandonar a sus niños y adolescentes y que están dispuestos a colaborar con España, por vía política y jurídica, para hacer posible su retorno. No se trata de una propuesta novedosa: en 2024, durante la visita del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a Rabat, el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ya planteó la disposición de recibir de vuelta a sus menores. Sin embargo, el retorno está sujeto a un procedimiento administrativo y judicial que exige acreditar los vínculos familiares y garantizar la protección de los menores, unos trámites que Marruecos considera un obstáculo para hacer efectiva la reagrupación.

"No se puede hacer así sin más", explica Sandra Rodríguez, directora general de Infancia del Gobierno de Canarias. El sistema de protección español no permite una devolución automática de un menor que se encuentra en situación de desamparo, cualquier reagrupación debe garantizar que el regreso se produce en condiciones de protección y que el entorno familiar puede hacerse cargo del menor. En el caso de menores tutelados canarios, la Administración conoce a las familias y puede realizar un seguimiento de la situación. Cuando se trata de menores migrantes no acompañados, sin embargo, es necesario comprobar la existencia de ese vínculo familiar, un proceso que puede prolongarse y en el que intervienen también servicios sociales internacionales.

Ante esta situación, la directora general considera que la propuesta de retorno debe abordarse desde el Estado y mediante un acuerdo bilateral con Marruecos. Si existe voluntad de recibir a los niños y niñas, explica, habría que concretar cómo se produciría el regreso, en qué condiciones y con qué garantías. Todo ello, subraya, teniendo en cuenta y dando prioridad a la opinión de los propios menores. Incluso si se acreditaran todas las garantías necesarias para su reagrupación, Rodríguez defiende que "hay que escuchar a los menores". Si un niño quiere regresar con su familia, deberá seguirse el procedimiento establecido: “No puede ser una imposición”, advierte.

Una situación excepcional

La directora general ejemplifica la complejidad de estos procesos con el caso de una menor tutelada en Canarias que fue reagrupada recientemente con su padre, residente en Francia, tras más de dos años de trabajo. El caso requirió comprobar si efectivamente existía esa relación y, según explica Rodríguez, este tipo de procedimientos puede incluir desde llamadas y gestiones con los familiares hasta visitas con presencia de técnicos e incluso pruebas de ADN. “A la infancia hay que protegerla venga de donde venga”, afirma. La directora explica que en Canarias apenas se han producido casos de retorno de menores a su países de origen, pero que cuando se producen, responden a la propia voluntad del menor. En cambio, contabiliza entre veinte y cincuenta las reagrupaciones con familiares residentes en otros países europeos en toda la legislatura.

Sin embargo, la dimensión de lo ocurrido en Ceuta también obliga a replantear el escenario. La llegada de alrededor de 1.600 menores en apenas unos días es una situación excepcional que, considera Rodríguez, no puede abordarse exactamente igual que los casos que atiende habitualmente el sistema de protección. Este, recuerda, fue diseñado en 1996 para responder a situaciones de desamparo en un contexto diferente al actual. “Lo que estamos viviendo es totalmente distinto”, señala, y plantea la necesidad de analizar si la llegada de menores migrantes no acompañados requiere protocolos específicos.

La ciudad ha tenido que habilitar centros escolares para acoger a los menores y el inicio del curso se acerca. A esto se suma que el procedimiento para su traslado, que también aplica a Canarias, puede prolongarse durante más de un mes. “¿Puede Ceuta sostener ese sistema de protección a la infancia? ¿Puede sostener en condiciones a estos menores durante ese procedimiento? No lo sé, lo desconozco", reconoce Rodríguez.

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