La jueza Mercedes Alaya podría paralizar este miércoles la supuesta venta de las acciones de Lopera, después de tomarle declaración. Alaya ha dictado este lunes 12 de julio una providencia por la cual convoca a las partes (acusación particular, fiscalía y defensa de Lopera) para que, una vez finalice la declaración de Lopera, se debata sobre la posible adopción de medidas cautelares, que los abogados de los grupos opositores van a solicitar con toda seguridad.
La jueza, por tanto, caso de atender las peticiones de las partes acusadoras, que hoy se reúnen para mantener una estrategia conjunta, podría adoptar varios tipos de medidas cautelares tras esa reunión: anular este mismo miércoles los derechos políticos de las acciones de Lopera y paralizar todo el proceso de venta, del que no se tiene aún constancia oficial en el Consejo Superior de Deportes. Declarar la intervención judicial del club e incluso ordenar la prisión preventiva del imputado, lo que no parece que se vaya a producir
Los abogados de Béticos por el Villamarín ya solicitaron la pasada semana que se embargaran las acciones de Lopera y sus bienes personales, por importe de 12,5 millones de euros, para hacer frente a las posibles responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.
De este modo, el ya ex máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, declarará mañana miércoles, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en calidad de imputado por un presunto delito societario en su gestión al frente del club verdiblanco.
Lopera se deshizo el pasado 7 de julio del paquete mayoritario de acciones que controlaba, al traspasarlo, a cambio de 16 millones de euros, pagaderos en 5 años al grupo Bitton Sport.
En la declaración, que comenzará a las 10.30 de la mañana, Lopera deberá responder a la denuncia, planteada por la Fiscalía de Sevilla por descapitalizar, presuntamente, al Betis "en beneficio propio". Como se recordará, un informe llevado a cabo por dos peritos judiciales cuantificó en 12,9 millones de euros los perjuicios causados al club a través de la gestión de empresas interpuestas vinculadas al propio Lopera, en el periodo que va de los años 1993 a 1999.
Petición de la Fiscalía. No obstante, la propia Fiscalía pidió, en abril pasado, el archivo de los hechos investigados correspondientes al lustro comprendido entre 1993 y 1998, al estimar que los posibles delitos cometidos por Lopera ya habrían prescrito al haber pasado diez años.
Ello fue rechazado por la juez Mercedes Alaya, titular del antes citado Juzgado número 6, quien entendió que, por contra, el plazo para la prescripción se extendería hasta los quince años, dada la especial gravedad del delito cometido.
Manuel Ruiz de Lopera ya fue condenado en 2006 por dos delitos contra la Hacienda Pública, que fueron sustituidos por sendas multas de 36.000 euros, y el pago de casi dos millones de euros, también en concepto de multa.
Por último, hay que decir que la juez Mercedes Alaya, ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) toda la documentación relativa a la venta del paquete mayoritario de acciones del Betis a la empresa Bitton Sport.
