El presidente surcoreano no acude al juicio sobre su destitución por imponer la ley marcial

La primera jornada del juicio contra el aún presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha durado cuatro minutos. No ha comparecido a la apertura de la fase oral en el Tribunal Constitucional (TC) como tampoco lo hizo a las variadas comisiones que le investigan por aquella delirante ley marcial que aprobó a principios de diciembre. No le servirá su absentismo en las siguientes sesiones, la primera de ella el jueves, que saldrán adelante con o sin él.

Ya habían adelantado sus abogados que faltaría por cuestiones de "seguridad". Aludían al riesgo de detención si sale de la residencia oficial en la que permanece atrincherado. Ahí pudieron repeler sus irreductibles a la policía que acudió a principios de mes con la orden de arresto dictada por la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Cargos (CIO, por sus siglas en inglés).

Tras seis horas de discusiones y forcejeos, los agentes se fueron de vacío. Y ahí siguen los centenares de ancianos, nostálgicos de los tiempos dictatoriales, y el Servicio de Seguridad del presidente, algo parecido a un Ejército privado de Yoon, atareado ahora en impedir el cumplimiento de la ley. En los últimos días, y en previsión de otro intento policial, su guardia pretoriana ha colocado alambre de espino sobre los muros y aparcado autobuses frente a las puertas. "Lucharé hasta el final", había prometido Yoon. Su ausencia en el TC respeta la casuística: tampoco los presidentes Roh Moo-hyun, en 2004, ni Park Geun-hye, en 2017, honraron con su presencia a los jueces que debatían sobre su futuro.

En el cargo sin funciones

Yoon sigue en el cargo aunque ya desnudado de sus funciones por el Parlamento. Al Tribunal Constitucional le restan cinco meses para sellar su destitución o devolverlo al cargo. La segunda opción parece inverosímil cuando el culpable de la peor crisis política en décadas cuenta con menos del 10 % del apoyo popular pero todo lo relacionado con Yoon escapa de la razón.

El órgano cuenta ahora con ocho miembros después de que el presidente en funciones, Choi Sang-mok, permitiera el relevo de dos jubilados. Su tarea, desde la distancia, no parece compleja: tendrán que examinar si Yoon dictó la ley marcial atendiendo a los supuestos que la legitiman y no hay ninguno parecido a la fantasmal conspiración del Parlamento con Corea del Norte que citó. El tribunal ha etiquetado el asunto como "prioritario" para devolver la paz social y política al país y pocos esperan que agote los seis meses de plazo.

"Este caso de 'impeachment' sólo investiga la situación previa a la ley marcial. Muchos de los que participaron ya han sido imputados y los hechos ya han sido probados así que no parece que vaya a tomar mucho tiempo", ha revelado un abogado relacionado con el caso a la agencia France Press.

Delito de insurrección

El futuro político de Yoon se ventila en el TC y afronta también investigaciones sobre el alcance criminal de sus acciones. Tantas se solapaban que la policía, el CIO y el estamento militar han unido las suyas. A Yoon se le acusa de insurrección, un delito que escapa de la inmunidad presidencial, y para el que la ley prevé la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. No se ha aplicado la última en décadas pero necesitará un milagro Yoon para evitar una larga temporada entre rejas. No sorprenderá en Corea del Sur, con una pulsión casi irrefrenable para enchironar a sus expresidentes, pero sería el primero arrestado ocupando el cargo.

Contra todos está Yoon desde que empujó por unas horas al país a su tenebroso pasado dictatorial. Repudiado por el pueblo, por el Parlamento, por su propio partido conservador y por la prensa afín, se resiste a un destino ya escrito con unos centenares de fanáticos que chirrían en un país moderno y orgullosamente democrático.