Juicio por acoso
El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez como pedía el Supremo para juzgarle por acoso
El eurodiputado español tiene cinco causas pendientes. Este primer suplicatorio del alto tribunal español ha sido votado favorablemente por la Eurocámara

El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega / Europa Press

El Parlamento Europeo suspende la inmunidad del eurodiputado español Luis 'Alvise' Pérez para ser juzgado por el Tribunal Supremo por un caso de presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.
Así lo ha decidido este martes una mayoría de euridiputados durante el pleno de la institución europea en Estrasburgo (Francia). La votación se ha realizado a mano alzada y la mayoría ha apoyado la propuesta de suplicatorio de suspensión de la comisión de Asuntos Jurídicos para quitar la protección legal especial del líder de Se acabó La Fiesta (SALF), tal y como solicitó el alto tribunal español, para poder procesarle por el presunto acoso.
El Parlamento Europeo destaca que los hechos fueron presuntamente cometidos en 2024, antes de que adquiriera su condición de parlamentario. 'Alvise' Pérez habría difundido en un canal de Telegram mensajes contra la fiscal que desencadenaron una avalancha de comentarios insultantes y que podrían encajar en delitos como acoso, incitación o coacciones según el Código Penal español.
"El PP y los de Abascal se hayan unido a toda la ultraizquierda europea para juzgarme por criticar la inmigración masiva ilegal y la persecución ideológica es la constatación de que mi país sufre una evidente partitocracia corrupta", ha dicho el 'Alvise' Pérez a EL PERIÓDICO. "Si me preguntaran por mis victorias judiciales tanto como por mis imputaciones, tendría el mismo número de respuestas para ambas, porque lo gano todo. Estoy encantado de ir a declarar ante un juez"
Alvise Pérez tiene otras cuatro causas abiertas. Una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por la que también se ha remitido un suplicatorio a la Eurocámara. Se investigan los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024. Otra trata de la difusión de una PCR falsa de covid del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando era ministro de Sanidad. La tercera es por supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido. Otra más es por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce.
No hay indicios de persecución política
El pasado 24 de abril salió adelante, con 16 votos a favor y una abstención, una propuesta de la comisión parlamentaria que estudiaba el caso recomendó al Parlamento Europeo suspender la inmunidad del líder de Se Acabó la Fiesta para que pueda ser investigado y enjuiciado como presunto autor de un delito de acoso o de 'stalking', delito de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes sociales.
Ha argumentado que los delitos por los que el Supremo quiere investigarle "no constituyen una opinión expresada o un voto emitido" por 'Alvise' el ejercicio de sus funciones, por lo que no vulnera sus "privilegios y las inmunidades" reconocidos por la Unión Europea por ser eurodiputado, informa Europa Press.
"Considerando que el objetivo de la inmunidad parlamentaria (...) consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias (...). Decide suspender la inmunidad parlamentaria de 'Alvise' Pérez", se lee en la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Tras analizar el caso, el Parlamento no aprecia indicios de persecución política (fumus persecutionis). Por ello, decide suspender la inmunidad de Alvise Pérez y comunicar la decisión a las autoridades españolas para que continúe el procedimiento judicial.
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