Emvisesa Inmobiliaria, dígame

¿Es merecedor de una vivienda de VPO alguien que cobra 59.000 euros anuales?, ¿entra en el canon de lo que se considera tradicionalmente VPO una vivienda que cueste 350.000 euros? Ambas cuestiones están sobre la mesa esta semana por dos razones: en primer lugar, la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo decreto de vivienda de manera urgente por el que amplia por arriba el umbral de los potenciales beneficiarios de las viviendas impulsadas desde las administraciones públicas. De este modo son más y con sueldos más altos los que compiten por un piso, a priori en igualdad de condiciones, con los seculares aspirantes a un techo propio: familias vulnerables, jóvenes que no pueden emanciparse o aquellas familias que, incluso, con un sueldo o dos cada mes en casa, son incapaces de acceder a una vivienda en el actual mercado inmobiliario. Sirva un dato de contexto: en Sevilla capital, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en 2023, el salario medio bruto anual fue de 23.216 euros brutos al año, en la provincia baja a los 19.399 euros.

La segunda pregunta viene a cuenta del rango de precios en que ha sacado a la venta el Ayuntamiento de Sevilla la nueva promoción residencial de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, en los terrenos de la antigua fábrica de la Cruz del Campo. Los pisos ofertados van desde los 174.510,86 y 318.039,29 euros más IVA. Rafa Aranda se ha hecho eco de la indignación social que ha desatado estos precios. Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, de octubre de 2024, la vivienda ocupa el tercer lugar entre los problemas que más preocupan a los andaluces, por detrás del paro y la sanidad.

El alcalde de Sevilla ha defendido que los precios son una traducción necesaria de la actual situación económica, que no se puede comparar los precios de la VPO del año 2000 con los de 2025, que el coste de estas casas está un 42% por debajo de la vivienda libre y que a lo largo de los últimos diez años se ha incrementado el precio del acero, del cemento, del ladrillo y de todos los materiales de construcción.

Y seguramente no le falte razón al señor Sanz al señalar la escalada de precios a nivel global (y lo que se espera con las andanadas arancelarias de Trump). Pero también es cierto que puestos a hacer números, como contamos este jueves en El Correo de Andalucía, en esta operación Emvisesa gana y mucho. Y más que una empresa pública con una vocación netamente social pareciera que se ha convertido en los últimos años en una inmobiliaria con pingües beneficios. La diferencia entre el coste por levantar las primeras 92 VPO del residencial Cruz del Campo y lo que pagarán sus futuros compradores y residentes es de siete millones de euros. ¿Qué hará el Ayuntamiento de Sevilla con el beneficio que saca de una operación tan rentable como ésta? Preguntado directamente, no sabe, no contesta.

Para colmo, como ha contado Victoria Flores, la actual normativa aprobada por la Junta permite que estas viviendas, insistimos, catalogadas como VPO y por las que las promotoras deben cumplir una serie de exigencias pero también se sirven de otros tantos beneficios en materia fiscal, se puedan vender en el mercado libre en siete años y no en los habituales 30 que regía en el anterior marco legal. De modo, que aquello que fue levantado con dinero público -y por tanto, con esfuerzo de todos- pase en menos de una década a convertirse en materia de negocio de unos pocos, abonando el campo de la especulación inmobiliaria de infausto recuerdo tras la crisis de 2007 y de la que, pareciera casi 20 años después, no hemos aprendido nada.

¿Quiénes tienen en la cabeza Ayuntamiento y Junta cuando piensan en los beneficiarios de las VPO en Sevilla y en toda Andalucía? Convendría saberlo.