Prevenir desde la fiscalización

A lo largo de este verano, Andalucía y otras comunidades autónomas han sufrido múltiples incendios que nos han recordado la necesidad de contar con políticas públicas eficaces de prevención. Las terribles consecuencias, en pérdidas humanas, materiales y ambientales, de estos siniestros nos obligan a revisar de manera constante las estrategias para evitarlos y a replantearnos la manera de afrontarlos.

Los diferentes Órganos de Control Externo atesoramos un profundo conocimiento de la realidad de la gestión pública, derivado de nuestra labor de fiscalización. Este trabajo nos permite acumular un saber y una experiencia que debemos ser capaces de transmitir a los responsables de la administración. En el desarrollo de nuestra labor, y sin perjuicio de que se pongan de manifiesto todas las irregularidades que sean del caso o de que se efectúen las denuncias que haya que hacer, el control debe entenderse, ante todo, como un incentivo para el perfeccionamiento. Su primera virtualidad debe ser su capacidad para servir en la apreciación de las deficiencias y su eliminación o corrección más fácil e inmediata. Nos encontramos, pues, ante un pilar fundamental de una administración responsable, y son los propios ciudadanos los que deben estar atentos y exigirnos que llevemos a cabo nuestra labor de la manera más efectiva posible.

Hace unos años, la Cámara de Cuentas publicó un informe sobre el programa presupuestario 44E Gestión del medio natural. Aquel trabajo identificó, entre otros aspectos, deficiencias en la ordenación de montes, la caducidad de planes de gestión forestal que superaban los diez años de vigencia y la necesidad de actualizar el Plan Infoca, cuyo diseño databa de 2010. También se recomendó reforzar los planes locales de emergencia, actualizar los registros de fincas y aplicar medidas más ágiles para reducir los tiempos de respuesta ante los incendios.

Hoy resulta evidente que muchas de aquellas recomendaciones siguen plenamente vigentes. La principal es que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir los riesgos y que disponer de instrumentos actualizados, registros completos y planes locales activos marca la diferencia entre un conato controlado a tiempo y un desastre de grandes dimensiones.

La fiscalización que realizan los órganos de control externo tiene un componente esencial de anticipación. Nuestros informes no deben limitarse a revisar el pasado: debemos ser capaces de detectar riesgos futuros y proponer soluciones reales. Cuando en este informe señalamos la necesidad de actualizar planes y reforzar la ordenación de montes, lo hicimos convencidos de que ese esfuerzo preventivo sería menos costoso -económica, social y medioambientalmente- que atender los estragos de un gran incendio. Una de las principales virtudes de los informes de los órganos de control externo es su independencia. Actuamos con autonomía funcional y con criterios técnicos objetivos, alejados de intereses partidistas. Las recomendaciones de nuestros informes son propuestas fundamentadas en análisis rigurosos que buscan guiar a los responsables políticos y a los gestores públicos hacia una toma de decisiones mejor informada.

Revisar periódicamente la ordenación forestal, asegurar la vigencia de los planes de prevención, restaurar con rapidez las superficies quemadas o contar con planes locales de emergencia son medidas concretas, factibles y de desarrollo inmediato. Incorporarlas a la gestión ordinaria no solo refuerza la protección del medio natural, sino que genera confianza en la ciudadanía respecto al uso de los recursos públicos. Al recordar ahora el contenido del informe de 2021, no buscamos señalar culpables, sino insistir en la importancia de no relegar a un segundo plano las políticas de prevención.

La Cámara de Cuentas de Andalucía tiene un compromiso firme con la sociedad andaluza: garantizar que los recursos públicos se gestionen con eficacia, eficiencia y economía. En el ámbito de la protección del medio natural, ese compromiso adquiere una dimensión especial, porque lo que está en juego es la preservación de nuestro entorno, la seguridad de las personas y el futuro de nuestras generaciones.

Resumiendo, los informes de los órganos de control externo son mucho más que documentos técnicos: son herramientas de utilidad pública. Nos ayudan a mirar más allá de la urgencia del presente, a identificar riesgos latentes y a construir una administración pública más preparada y responsable. Como presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, reafirmo nuestro compromiso en seguir fiscalizando con rigor, proponiendo mejoras con independencia y defendiendo siempre el interés general.