Otra oportunidad perdida

La reformulación de España que se produjo tras el final de la Dictadura dejó en la práctica una división de funciones por la que básicamente la Administración Central mantuvo el control sobre los servicios que conforman los cimientos comunes de un país (Defensa, redes de comunicaciones, grandes infraestructuras, control monetario, de fronteras…), mientras que a las comunidades autónomas se le fueron transfiriendo progresivamente todos aquellos que configuran lo que entendemos como pilares del Estado del Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales…). El hecho de que no fuéramos capaces de dar el paso definitivo de articular legalmente un modelo federal en el que los derechos y las obligaciones de cada parte estuvieran claros, la progresión social y demográfica que ha provocado el que los servicios transferidos a las comunidades hayan disparado sus necesidades de recursos muy por encima de lo que jamás pudo preverse y la presión política de la periferia hacia el centro que lentamente ha obligado a trampear el sistema hasta el punto de que en una materia tan sensible como es la fiscal se ha permitido el que algunas comunidades puedan utilizar los impuestos que pagamos todos como elemento competitivo frente a otras, ha acabado por generar un desequilibrio permanente que, sobre todo, perjudica la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

La Comunitat Valenciana ha sido una de las más perjudicadas en este proceso. El criterio utilizado por los padres de la Transición para determinar qué comunidades eran “históricas”, y por tanto tenían un máximo de competencias, regladas y presupuestadas al menos en origen, y cuáles no, que fue el de si en el momento en que colapsó la II República tenían estatutos aprobados o no, produjo la paradoja de que el histórico Reino de Valencia no tuviera esa consideración de “autonomía de primera”, a pesar de su identidad y su pasado. El ansia por llegar en la práctica ahí, por parte de la Comunitat Valenciana, y la búsqueda de una solución a ese sinsentido, hizo que se buscaran atajos legislativos, como la LOTRAVA. El resultado fue que se asumieron competencias, en Sanidad o Educación por ejemplo, sin tener garantizadas las correspondientes transferencias de recursos desde la Administración central. Fuimos desde el principio deudores. Y para rematar, éramos el “Levante feliz”, una comunidad próspera, que contenía en su territorio la tercera y la quinta provincia en aportación al PIB nacional. La realidad bajo esas cifras era, sin embargo, más oscura: unos sectores industriales en declive, una economía sumergida enorme, una disparatada atomización del tejido empresarial… La única de las tres provincias que durante algún tiempo logró mantenerse por encima de la media de convergencia europea fue Castellón. Valencia pudo estar con dificultades y no todo el tiempo en esa media. Alicante siempre estuvo muy por debajo. El resultado es que la Comunitat Valenciana podía ser, si se quiere decir así, “rica”. Pero su administración autonómica nunca dejó de ser “pobre” para prestar los servicios que estaba obligada a ofrecer a sus ciudadanos y que además ella misma había reclamado gestionar. Lejos de corregir eso, los distintos modelos de financiación autonómica que se fueron aprobando agravaron la situación, hasta llegar al que padecemos ahora, en vigor desde 2009 y caducado desde 2014, que situó a la Comunitat Valenciana como la peor financiada de España, sólo por delante de Murcia, la más endeudada en términos relativos y la segunda peor en términos absolutos. En tanto que, como ya dijimos antes, son los servicios relacionados con el Estado del Bienestar los que forman la base sobre las que asientan su razón de ser las comunidades (el principio de subsidiaridad, ahora decaído en beneficio del de ordinalidad, algo que la izquierda debería hacerse mirar), eso significa menos médicos, menos maestros, menos ayudas a la dependencia y una deuda que no sólo es cada vez mayor para compensar ese déficit, sino que comprometen cada vez en mayor medida esos propios servicios y por supuesto también los que recibirán y pagarán las generaciones futuras.

En esas estábamos cuando en esta semana (habría que decir que por fin) la vicepresidenta Montero presentó su propuesta para un nuevo modelo de financiación. El manual antiguo decía que en política, todo lo que no son cuentas, son cuentos. Pero eso era antes. En la nueva era, es justo al revés: valen menos los hechos que el relato y la oportunidad. Y ese es el problema de este plan Montero, que la vicepresidenta no pudo siquiera anunciar antes de que recibiera el visto bueno de Junqueras en una reunión a dos con Sánchez. Fíjense bien: el presidente del Gobierno no se reunió para abordar algo tan serio como la financiación de las comunidades autónomas ni siquiera con su homólogo en Cataluña, sino con el jefe del partido cuyo apoyo parlamentario en Madrid necesita. Siguiendo con la metáfora, empezamos bien el cuento.

Lo que propone Montero no es en sí mismo malo para la Comunitat Valenciana, sino por el contrario bastante bueno. No les voy a liar con números, pueden encontrar en este mismo periódico análisis muy serios, aunque necesariamente apresurados, sobre las cifras. Pero baste saber que teóricamente la Comunitat Valenciana recibiría más del doble de lo que ahora incorpora a sus presupuestos como ingresos que son ficticios para poder cuadrarlos, una práctica que han ejercido tanto el Botànic como el PP y que al final sólo deviene en falseamiento de cuentas y facturas en los cajones porque esos ingresos “supuestos” jamás llegan y se contratan servicios que no se pueden pagar. Ahora esos ingresos no serían “ficticios”, sino reales. Y el doble. ¿Quién en su sano juicio los rechazaría?

Pero el plan adolece no sólo del pecado original de haberse cerrado primero y exclusivamente con una comunidad, sino también de la oportunidad (se presenta cuando empieza un nuevo ciclo electoral), de la opacidad (qué se ha pactado realmente con Cataluña, de donde cada día nos viene una noticia distinta, qué pasa durante el periodo transitorio, qué ocurrirá con el endeudamiento derivado de la deuda histórica…), en definitiva, de la falta de posibilidades reales de ser aprobado por un Congreso agonizante en estas circunstancias. Seguimos haciéndonos trampas al solitario. Algo tan esencial como la financiación de España no puede acordarse sin la participación activa, sin la negociación larga y rigurosa, de los dos principales partidos, el PSOE y el PP. Y eso no se ha hecho. Así que es difícil evitar pensar que lo único que se pretende es darle más alas a la polarización que sufre el país. El Gobierno de Sánchez anuncia un plan que distribuye una cantidad ingente de dinero y corrige muchas de las desigualdades que padecía el sistema actual. Pero tan cierto es esto como que ha hecho expresamente depender ese modelo de una sola de las comunidades, Cataluña, que además es en todos los epígrafes, se mire por donde se mire, la que más gana con él, sin haber escuchado (dice que lo hará a partir de ahora) a las demás y disparando directamente a la línea de flotación del PP menoscabando a Madrid. Así que ya tenemos el tablero dispuesto como más les gusta a los polarizadores de uno y otro bando: el PSOE repetirá ahora que por estrategia política y por órdenes de Ayuso el PP va a rechazar un sistema que objetivamente beneficia a muchos de los ciudadanos que viven en comunidades que los populares gobiernan y el PP contestará que Sánchez no tiene voluntad de arreglar el problema general, sino el particular de su sostenimiento en el Gobierno con la ayuda de Esquerra Republicana et alii. Y sus socios no se van a privar, ya lo están haciendo, de repetirnos a todos que ellos son los ganadores.

Todo indica, y nadie estaría más contento de equivocarse que el que esto firma, que estamos de nuevo ante otra oportunidad perdida por la irresponsabilidad de quienes tienen en su mano alcanzar verdaderos acuerdos de Estado y son sistemáticamente incapaces de hacerlo. A falta de la altura de miras que deberíamos exigirles tanto a Sánchez como a Feijóo, sería la hora de los presidentes autonómicos, el momento en que ellos forzaran una negociación de verdad que diera con un acuerdo asumible por todos y estable. Pero en Madrid, que ya es el único sitio donde se decide, hace tiempo que los presidentes autonómicos dejaron de ser barones para convertirse en vasallos. Y así nos va.