El acceso a las redes sociales de los menores de edad

El anuncio realizado este marres por el presidente del gobierno de que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años ha suscitado un importante debate en nuestra sociedad. Es normal. Es un tema muy sensible y a casi todos los que tenemos hijos nos preocupa los contenidos que ven, con quién comparten información personal y otras muchas cuestiones. La propuesta no es una anomalía en nuestro entorno, puesto que el Reglamento Europeo de Protección de Datos ya establece la edad de acceso a los 16 años, pero permitiendo que los estados miembros la reduzcan, como hizo España.

Dicho esto, la pregunta que hemos de plantearnos es la siguiente: ¿Es el aumento de la edad de acceso a las redes sociales a los 16 años la solución? Lamento sostener que no. No lo es, como tampoco lo ha sido para los menores de 14 años, la prohibición de acceso a las redes sociales que opera para ellos desde el año 2018 en el que se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. ¿Cuántos niños menores de 14 años conocen ustedes que sean usuarios de las redes sociales? Según estudios recientes, más del 50% de los niños menores de 14 años son usuarios de, al menos, una red social. Y no es solo que cuenten con un perfil propio antes de los 14 años, sino que están, en un porcentaje muy significativo, dispuestos a compartir su información personal, incluyendo sus fotografías o su ubicación. Pero el problema no es solo que cualquiera con un smartphone pueda abrirse una cuenta en una red social sin apenas requisitos, sino la permisividad de muchos progenitores y los contenidos alojados en las redes.

Por eso, porque el problema tiene diferentes causas, no se soluciona con una simple prohibición, siempre el camino más simple, pero menos eficaz. Con respecto al contenido, nuestros tribunales han sido muy claros y contundentes: cualquier contenido que vulnere la ley o los derechos de terceros, son responsabilidad, no solo del usuario que lo sube, sino de las propias redes sociales que lo alojan. Tienen la obligación de retirar esos contenidos. Hagamos cumplir la ley. Por otro lado, hoy, ninguna red social tiene implantado un sistema real de verificación de la edad. La legislación actual se limita a señalar que sería deseable que se implantasen, pero no establece tal obligación. Igual que se exige un certificado digital para el acceder a la web de la Agencia Tributaria, es plausible obligar a las redes sociales a contar con un sistema de verificación de edad seguro. Esta última cuestión es relativamente fácil de solucionar.

Pero, en mi opinión, no basta con prohibir formalmente su uso a partir de una determinada edad, y exigir que esta prohibición se cumpla, si ello no va acompañado de otras acciones complementarias. Hemos de implicar a las propias redes sociales, para que implementen sistemas de control de acceso real, condiciones legales claras y sistemas parentales accesibles para los padres, que muchas veces desconocemos. Quizá no sea tanto el acceso global, como el contenido concreto que pueden ver y compartir. Hemos de implicar, obviamente, a las familias, a los centros educativos. Hemos de educar a nuestros hijos, hacerlos responsables de sus acciones en las redes sociales.

En definitiva, las redes sociales conllevan ciertos riesgos para los menores de edad, pero también es cierto que se han convertido en una herramienta de entretenimiento y comunicación para ellos con gran potencialidad en otros aspectos. Por eso hemos de ser capaces de encontrar un equilibrio entre la protección de su privacidad y su desarrollo personal, con un uso racional de las mismas. Esto, en mi opinión, pasa por permitir su acceso a una edad razonable, pero estableciendo una serie de exigencias a estas plataformas para garantizar, en la mayor medida posible, la seguridad de los menores y la protección de sus derechos. Y eso será responsabilidad del legislador, de las propias redes sociales, de las familias de los menores, del entorno educativo y, llegado el caso, también de la fiscalía y de los tribunales que cuentan con herramientas suficientes para evitar que contenidos que vulneren la legislación.