Cinco días sin sondeos: una prohibición del siglo pasado 

La democracia española mantiene una vieja tradición electoral: durante los cinco días previos a la votación desaparecen oficialmente las encuestas. Es decir, desde hoy martes, los medios dejan de publicar sondeos, los porcentajes desaparecen y se activa lo que popularmente se conoce como “apagón demoscópico”.

Esta prohibición está recogida en el artículo 69.7 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que establece que “durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”.

No se prohíbe hacer encuestas, lo que se prohíbe es publicarlas. De hecho los partidos siguen haciendo sus trackings internos, y siguen adaptando sus estrategias en la recta final de campaña en base a ellos. 

La lógica original de esta norma de 1985, es relativamente sencilla: impedir que en el último momento se pudiera alterar el comportamiento electoral de los ciudadanos (como si 7 días antes de la jornada electoral un sondeo no tuviera influencia sobre el voto). 

La idea era evitar el llamado “efecto arrastre”: votar al partido que parece ganador, abandonar opciones pequeñas por el “voto útil” o desmovilizarse ante la sensación de derrota inevitable.

En esencia, la ley buscaba proteger una decisión más libre y menos condicionada por la presión política y mediática del último minuto. Pero insisto, hablamos de 1985, cuando internet era poco menos que ciencia ficción y la información circulaba casi exclusivamente por periódicos, radios y televisiones.

Precisamente ahí aparece el gran problema actual: esta regulación pertenece a un mundo analógico que ya no existe. Internet ha transformado por completo el ecosistema informativo y ha hecho mucho más difícil controlar cómo circulan las encuestas y las filtraciones en campaña electoral.

A partir de hoy lo que va a ocurrir en torno a los sondeos es casi teatral. De repente aparecerán “encuestas” publicadas desde Andorra, metáforas sobre frutas y verduras para esquivar la ley —la famosa “frutería electoral”— y toda clase de sondeos que circularán de móvil en móvil por canales de WhatsApp y Telegram.

La realidad es que los datos seguirán moviéndose, aunque ya no lo hagan de forma abierta ni transparente. Lo que antes aparecía en la portada de un periódico ahora se convierte en capturas reenviadas, mensajes anónimos o códigos más o menos ingeniosos que todo el mundo termina entendiendo.

La consecuencia es paradójica: la prohibición no elimina la información, simplemente la desplaza hacia espacios menos transparentes y más difíciles de verificar. Y esto es importante, porque es imposible chequear la autenticidad de la información que llega. 

La cuestión de fondo es inevitable: ¿se trata de proteger al ciudadano o de limitar la información que recibe?

Quienes defienden mantener la prohibición argumentan que las encuestas sí influyen en el comportamiento electoral y que la democracia necesita ciertos límites para evitar manipulaciones de última hora.

Y probablemente tengan parte de razón. La demoscopia puede favorecer el voto útil, generar sensación de victoria inevitable o desmovilizar a determinados electores.

Pero hay una versión crítica igualmente potente: en una sociedad democrática adulta, ocultar información no parece la mejor solución, especialmente cuando esa información sigue circulando igualmente por canales informales y muchas veces poco fiables. 

España no es una excepción. Buena parte de los países de tradición latina y mediterránea mantienen algún tipo de restricción sobre la propaganda electoral y la publicación de encuestas en los días previos a la votación. Italia, Portugal o Francia aplican modelos similares —Italia incluso prohíbe publicar sondeos durante quince días— y en América Latina existen figuras parecidas como la ‘veda electoral’ en países como Argentina en la que está prohibida la venta de alcohol durante 3 días. Doy fe que no te ponen ni una caña en un restaurante. 

Otras democracias, sin embargo, optan por el modelo contrario.

En Estados Unidos no existe una prohibición general de publicar encuestas hasta el último momento. Tampoco en países como Reino Unido o Alemania, donde se considera que limitar sondeos puede afectar a la libertad de información.

Quizá el verdadero debate ya no esté en la intención original de la ley, sino en su eficacia real en la era digital. Porque prohibir encuestas en 1985 podía significar controlar de verdad su difusión, pero en 2026 el apagón demoscópico se parece cada vez más a una ficción legal.

Los partidos siguen teniendo datos. Los periodistas conocen tendencias. Y buena parte de la ciudadanía termina accediendo igualmente a filtraciones y sondeos por vías alternativas.

La información no desaparece; simplemente deja de circular de forma transparente.

Y precisamente por eso, en cada campaña electoral vuelve a surgir la misma pregunta: si tiene sentido mantener una norma diseñada para un mundo que ya no existe.