Veto a la iniciativa flamenca independiente

Así en mayúscula y en negrita recibo en mi email un AVISO IMPORTANTE de la Consejería de Cultura informando sobre las novedades de las ayudas para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía que, siguiendo “un proceso de escucha activa a las compañías y empresas que anualmente solicitan estas ayudas, así como de la experiencia derivada de la tramitación de anteriores convocatorias”, cita el texto, introducen nuevas líneas para apoyar “la creación, experimentación e investigación, la producción de espectáculos, la distribución, y la difusión o exhibición” de estas artes. Bien.

Además del incremento presupuestario, que se cifra en 2,5 millones de euros, las nuevas bases reguladoras se han diseñado para ser “más útiles, equilibradas y adaptadas a la realidad del sector”, destaca la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Así, entre las novedades, se han incorporado ayudas para la difusión y exhibición, que comprenden proyectos de promoción y mediación cultural, la organización de festivales, ciclos y ferias, el respaldo a salas privadas y una nueva sublínea para el fomento del encuentro de profesionales del sector y el acercamiento a la ciudadanía a través de encuentros, jornadas, seminarios, congresos y actividades similares que se celebren en Andalucía. Con la idea de “impulsar la creación, la circulación y la visibilidad” de la música y las artes escénicas andaluzas y mejorar tanto la eficacia de los incentivos como su accesibilidad.

La alerta salta cuando leo que se excluye expresamente al flamenco porque, me explican cuando pregunto, éste cuenta con convocatorias específicas a través del Instituto Andaluz del Flamenco. El problema es que, pese a la demanda de los profesionales, el IAF sólo contempla subvenciones para el tejido asociativo, la producción y creación de espectáculos, y festivales y eventos de especial interés organizados por municipios andaluces con menos de 100.000 habitantes. Es decir, en ningún caso a empresas, profesionales o gestores culturales que desarrollen proyectos o actividades promoción, difusión, divulgación o exhibición, como sí asumen las de artes escénica y música. 

Según fuentes de la consejería consultadas por este medio, “ahora, con el análisis desarrollado con ocasión del Plan General Estratégico del Flamenco en Andalucía, se trabaja en la actualización del flamenco para atender las nuevas necesidades en el sector, entre ellas nuevas líneas de ayudas para asistencia a eventos y festivales internacionales y producción fonográfica”. Lo que quiere decir que la iniciativa flamenca privada que proponga ciclos, ferias, encuentros o festivales en torno a lo jondo seguiría quedando fuera y sin opciones de recibir el apoyo económico de la Junta de Andalucía.

Dicho de otro modo, a día de hoy la Agencia andaluza de Instituciones Culturales deja al flamenco fuera de sus competencias porque se las otorga al Instituto Andaluz del Flamenco. Y éste, a su vez, se escuda en la falta de presupuesto y en otras trabas para desatender las demandas de los profesionales de lo jondo que se vuelven a quedar en terreno de nadie entre unos y otros.

Es inconcebible que la consejería de Cultura haya centrado sus esfuerzos en un Plan Estratégico cuando se incumplen cuestiones básicas como facilitar la libre concurrencia competitiva al sector en unas subvenciones que, como apunta la propia Del Pozo, sirven para “fortalecer el tejido cultural de la comunidad como motor de desarrollo económico y generador de empleo”. Y, por ende, diversificar y hacer más accesible la oferta.

La falta de profesionalización en el flamenco, sumado a la precariedad endémica del tejido cultural, ha permitido que se asuma como natural esta desatención por parte de las administraciones públicas a las que, recordemos, les corresponde actuar con transparencia y apoyar -con el dinero de todos- las propuestas que cumplan con los requisitos y valoraciones oportunas y contribuyan a generar un impacto sociocultural en la comunidad. Como, por cierto, hacen ya otras administraciones como el ministerio de Cultura o el Ayuntamiento de Sevilla y la misma Junta de Andalucía con otros sectores.

Por eso, que el IAF, organismo que de facto tiene el monopolio sobre la administración de los fondos públicos para el flamenco en nuestra región, no contemple esta vía se traduce en una desigualdad que beneficia el crecimiento del tejido profesional de otras disciplinas artísticas frente a lo jondo y, por tanto, frena el emprendimiento.

Lejos de favorecer al sector y fortificar el mercado, este control sobre lo flamenco está capitalizando y desestabilizando su industria, desfavoreciendo como siempre a los más débiles y convirtiendo al flamenco en el patrimonio inmaterial de unos cuantos. Entre otras cosas, porque se prioriza la rentabilidad inmediata y no el desarrollo de medidas sólidas que generen oportunidades reales para quienes sostienen la cultura.

En esta línea, no se entiende que el IAF haya promovido el programa de Especialista en Gestión Cultural del Flamenco, junto a la Universidad Pablo de Olavide y, al mismo tiempo, margine a estos futuros gestores quitándoles la posibilidad de acceder a unas subvenciones que sí tienen otras disciplinas artísticas.

Igualmente, resulta paradójico que andemos tan preocupados por la generación de nuevos públicos y no se dé cabida a quienes propongan renovar el tejido con nuevos formatos e ideas originales que construyan un relato de lo jondo distinto. De nuevo, la rentabilidad inmediata y la imagen antes que la construcción de un ecosistema cultural sostenible, innovador y rico.

Mientras no se atiendan las demandas de los profesionales, se tenga en cuenta la realidad actual y se siga reduciendo la industria flamenca a la creación y producción de espectáculos o a los festivales de pueblos, el IAF seguirá siendo un lugar donde los artistas acuden a presentar sus discos o los municipios anuncian sus carteles. Pero, desde luego, no un ente catalizador que estimule un sector vivo y efervescente, que pide a gritos una nueva mirada. Ojalá veamos pronto una modificación de las bases actuales o una convocatoria específica desde el organismo flamenco que cubra esta parcela y acabe con este veto