La mayoría tiene un precio

Vox se ha quedado fuera de la Mesa del Parlamento. Era uno de los escenarios posibles y, desde entonces, las negociaciones han continuado. Sabemos que PP y Vox se han reunido. Lo que no sabemos es qué ha ocurrido dentro de esas reuniones, de puertas para fuera, el clima fue de “cordialidad”.

Juanma Moreno tiene dos problemas: los dos escaños que le faltan para la mayoría absoluta y cómo conseguirlos sin sacrificar la imagen de moderación que lleva años construyendo.

Y esa es precisamente la contradicción estratégica en la que se encuentra atrapado. Durante años ha trabajado para presentarse como un presidente moderado, centrado en Andalucía y alejado de los marcos más duros de la política nacional. El problema es que ahora necesita a un socio que le exige precisamente acercarse a esos marcos.

Por eso lo que se negocia estos días no es solo una investidura. También se está negociando quién cargará con la responsabilidad si esa investidura fracasa.

El PP ya ha dejado claras sus líneas rojas: gobernar en solitario y no aceptar la llamada prioridad nacional que exige Vox. Y esto último no es un detalle menor. Moreno ha invertido mucho tiempo en consolidar una imagen de presidente moderado, centrado en Andalucía y alejado de los marcos más duros de la política nacional. Aceptar ahora la prioridad nacional supondría dinamitar parte de ese capital político.

El problema es que las alternativas tampoco son sencillas.

La primera opción sería un pacto de investidura ligero. Un acuerdo que permitiera a Moreno ser investido sin asumir las principales exigencias de Vox. Esta opción se me antoja más cercana al mundo onírico que a la realidad que nos ocupa. Porque no se trataría solo de alcanzar un acuerdo, sino de que Vox aceptara rebajar unas condiciones que lleva meses negociando desde Madrid en todas las comunidades autónomas que han pasado por las urnas en este ciclo electoral. Y en política hay algo más difícil que cambiar de opinión: hacerlo sin que parezca que has cedido.

La segunda opción es un acuerdo más profundo. Ya sea aceptando la prioridad nacional, incorporando a Vox al gobierno o ambas cosas a la vez. Matemáticamente resolvería el problema. Políticamente abriría otro. Porque dañaría precisamente aquello que Moreno más ha protegido durante los últimos años: su perfil de dirigente moderado y autónomo.

Y luego está la tercera vía: pedir la abstención del PSOE.

A primera vista parece una opción condenada al fracaso. Los socialistas andaluces ya han dejado claro que no están dispuestos a facilitar un gobierno del PP. Pero eso no significa que la propuesta carezca de utilidad.

Primero, porque existe un precedente muy cercano. En Extremadura, el PSOE ha planteado públicamente al PP la posibilidad de facilitar un gobierno popular para evitar que Vox entre en las instituciones. Y eso permite a Moreno lanzar una pregunta incómoda a los socialistas andaluces: si esa fórmula es válida en Extremadura, ¿por qué no lo es en Andalucía?

No porque espere necesariamente una respuesta afirmativa, sino porque le permite trasladar parte de la presión al PSOE y reforzar la idea de que ha explorado todas las alternativas posibles.

Porque la abstención del PSOE quizá no sea el objetivo real. Lo verdaderamente importante es que ayuda a construir un relato en caso de bloqueo.

Porque si Vox mantiene unas exigencias que el PP considera inasumibles y el PSOE rechaza cualquier posibilidad de facilitar la investidura, Moreno tendrá argumentos para presentarse ante la opinión pública como el dirigente que intentó todas las vías posibles antes de llegar a un callejón sin salida.

Otra cuestión muy distinta es que ese relato termine imponiéndose.

Vox podría responder que sus condiciones eran conocidas antes de las elecciones y que el PP sabía perfectamente cuál era el precio de sus apoyos.

El PSOE, por su parte, podría sostener que la responsabilidad de encontrar una mayoría corresponde exclusivamente al partido que ganó los comicios y que intentar trasladar a los socialistas la responsabilidad de una repetición electoral se parecería demasiado a un chantaje político.

La batalla no sería entonces por los escaños, sino por la interpretación de lo ocurrido.

Porque unas nuevas elecciones no solo obligarían a explicar por qué no hubo acuerdo. También obligarían a explicar de quién fue la culpa, y a demostrar quién puede ofrecer una salida.

Y precisamente por eso las negociaciones que estamos viendo estos días no consisten únicamente en buscar una mayoría. De forma paralela también se prepara el terreno para el día después, por si esa mayoría nunca llega a existir.