En manos de quién estamos

Uno de los grandes logros del Estado moderno es contar con un sector público que sirva con objetividad a los intereses generales. De ahí nacen principios como el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública: garantías de imparcialidad, profesionalidad y confianza ciudadana.

Para hacerlos efectivos, nuestro ordenamiento ha levantado una arquitectura exigente: oposiciones, procedimientos administrativos, reglas de contratación y mecanismos de control. Son diques frente a la arbitrariedad y la confusión entre lo público y lo partidista. Pero esa arquitectura incorpora rigidez. Por eso, junto a las administraciones clásicas, se han creado entidades públicas con formas más flexibles: empresas, agencias y otros entes instrumentales.

Su razón de ser puede ser legítima. Pueden aportar agilidad en ámbitos estratégicos o de servicio. Pero ahí se abre una grieta: esas entidades, aun siendo públicas, no siempre están sujetas a los mismos controles que las administraciones tradicionales. Y cuando gestionan dinero público, servicios esenciales y decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos, la pregunta resulta inevitable: ¿quién las dirige? ¿En manos de quién estamos? Es lo que en la Fundación Hay Derecho buscamos responder a través de nuestro informe llamado El Dedómetro.

En Andalucía existen 128 entidades de este tipo, una cifra solo superada por Cataluña. Gestionan 23.000 millones de euros y actúan en ámbitos como obras públicas, educación, transporte, energía, gestión agraria, vivienda, sanidad, emergencias, finanzas o patrimonio cultural. Su importancia es indudable. Sin embargo, las garantías para asegurar que estén dirigidas por los perfiles más idóneos son escasas.

Las empresas y agencias públicas no son el ajuar de quien gana las elecciones.

Hay entidades con miles de trabajadores o presupuestos de cientos de millones que no establecen requisitos específicos para ocupar su máxima responsabilidad directiva. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía emplea a alrededor de 1.600 personas. La Agencia Pública Andaluza de Educación gestiona 789 millones de euros. Ninguna exige requisitos concretos para dirigirla. Si cualquier empresa privada de cierta envergadura busca experiencia, conocimiento sectorial y capacidad de gestión, ¿por qué el sector público puede permitirse no hacerlo?

Desde la Hay Derecho nos hicimos hace tiempo esa pregunta. Queríamos saber quiénes dirigen estas entidades, con qué trayectoria, preparación y experiencia. Para responderla acudimos a datos objetivos: una muestra representativa de 40 entes públicos andaluces durante 25 años y 153 directivos analizados a lo largo de seis legislaturas. Examinamos su formación, experiencia profesional, experiencia previa de gestión y conocimiento específico sobre la materia que iban a dirigir.

El resultado ofrece luces y sombras. Hay perfiles solventes y también se aprecian mejoras en Andalucía. Pero cuando no existen exigencias claras, procesos abiertos ni mecanismos rigurosos de verificación, el pasilleo político encuentra terreno fértil. Y entonces los perfiles sobresalientes conviven con otros cuyo nombramiento solo puede explicarse por servicios prestados al partido, confianza personal o reparto interno de poder. Las empresas y agencias públicas no son el ajuar de quien gana las elecciones.

Medir la cualificación de un directivo no garantiza una buena gestión. Hay cualidades difíciles de cuantificar e imprescindibles: compromiso, visión estratégica, planificación, liderazgo e impulso. Pero la formación, la experiencia y el conocimiento del sector son el mínimo común denominador que cualquier responsable público debería acreditar antes de dirigir una entidad que maneja recursos, equipos y decisiones relevantes.

Los datos arrojan hallazgos. En los últimos años ha aumentado la cualificación media de los directivos en relación con la materia de la que deben ocuparse, después de que en el periodo 2010-2016 se apreciara una bajada. Es una buena señal: no nombrar a alguien que desconoce el sector debería ser una exigencia elemental. Pero quedan cuestiones necesitadas de mejora, entre otras: la experiencia previa en gestión y la rotación en los puestos.

No basta con conocer el área, haber ocupado cargos políticos o gozar de confianza.

Dirigir con garantías una entidad que cuenta por centenares sus empleados y por millones su presupuesto requiere capacidad de gestión demostrada. No basta con conocer el área, haber ocupado cargos políticos o gozar de confianza. La gestión pública exige decidir, ordenar recursos, planificar, evaluar y rendir cuentas. Una dirección estratégica es incompatible con cambios constantes: la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha tenido ocho directivos en veinte años. ¿A qué responden tantos cambios? ¿Dónde están las explicaciones públicas?

Si queremos un sector público imparcial, debemos asegurarnos de que los mejores perfiles puedan llegar a la dirección de estas entidades. Las empresas y agencias públicas no pueden ser lugares de colocación, ni botín para quienes acreditan obediencia, ni recompensa para agradar al partido de turno. Esa lógica empobrece la gestión y propicia el abuso. No es casualidad que tantos escándalos de corrupción hayan encontrado acomodo donde los controles son débiles y la rendición de cuentas difusa.

Para que profesionales cualificados opten a puestos de dirección pública, necesitan garantías de selección y permanencia: procesos abiertos, competitivos y transparentes; requisitos objetivos; evaluación de méritos; escrutinio suficiente; y contratos de desempeño que fijen metas, permitan evaluar resultados y sitúen la gestión en el centro de la rendición de cuentas. No se trata de eliminar la discrecionalidad política legítima, sino de acotarla, motivarla y orientarla al interés general.

No se trata de eliminar la discrecionalidad política legítima, sino de acotarla, motivarla y orientarla al interés general.

Andalucía tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo de dirección pública profesional. Cuando hablamos de quién dirige estas entidades, hablamos también de hospitales, viviendas, colegios, carreteras, emergencias, patrimonio, empresas y oportunidades. Hablamos de Estado de derecho en su dimensión más concreta. Por eso conviene exigir mecanismos que aseguren que lo público está en las mejores manos. No por desconfianza hacia la política, sino por respeto a la ciudadanía.

¿Es casualidad? No debería serlo. Y, desde luego, no deberíamos dejarlo al azar.