Kichi declara ante el juez como investigado por un presunto delito de prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha citado este lunes a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación al exalcalde de Cádiz, José María González Kichi, y a varias personas de su equipo, en relación al desempeño de un asesor de su partido que supuestamente dio instrucciones a los funcionarios.

Una denuncia de CCOO sobre la vinculación laboral de este asesor con el Ayuntamiento dio pie a una investigación que llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia contra el exalcalde, cuyo partido, Adelante Andalucía, enmarca esta citación en un nuevo caso del lawfare a la gaditana por el que Kichi sumó durante sus ocho años de mandato 17 denuncias que han sido archivadas.

Tras la nueva denuncia de la Fiscalía, el juzgado que instruye el caso ha citado para este lunes a José María González, los que fueran sus concejales al frente de las áreas de Personal, Hacienda y Deportes y Turismo y al que fuera asesor de su gabinete en esa época de su mandato, José Vicente Barcia.

La denuncia de la Fiscalía indica que pudo haber delito de prevaricación en el desempeño del asesor de Por Cádiz sí se Puede Fernando García Acuña, ya que dio instrucciones en dependencias municipales a funcionarios del Ayuntamiento sobre asuntos relacionados con las clausulas de dos concursos públicos.

El asesor de Por Cádiz sí se Puede hizo tareas en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 hasta abril de 2019, fecha en la que obtuvo una plaza como técnico de la administración general y se integró en la plantilla municipal del Ayuntamiento.

Según ha explicado Adelante Andalucía, el asesor externo implicado en esta investigación ayudaba al alcalde y sus concejales, con un contrato externo a través del partido, trabajaba en las dependencias del grupo municipal y con medios que facilitaba el partido.

Adelante andalucía habla de 'lawfare'

Por su parte, Adelante Andalucía Cádiz ha afirmado que se trata de una más de las 18 denuncias recibidas, "todas archivadas", que "responden a esa estrategia de lawfare de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente el trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal".

A juicio de Adelante Andalucía, "se trata del décimo octavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González Kichi a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo".

En este sentido, ha afirmado que "el factor principal a tener en cuenta en esta ocasión es que la investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos excargos de libre designación del PP".