El PSOE alega que los servicios jurídicos del SAS recibieron información "falsa" de los contratos de emergencia

¿Se engañó a los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud? El PSOE sostiene que sí. Así lo defiende en la demanda admitida a trámite en el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla y que investiga la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos a dedo por vía de emergencia de 242 millones de euros desde 2020 a 2023, extinguida ya la pandemia covid. La investigación judicial se ciñe, de momento, a un presunto caso de prevaricación, descartando la malversación.

Desde el Gobierno andaluz señalan que todos los contratos de emergencia, censurados duramente por la Intervención General de la Junta de Andalucía, contaban con informes de los letrados que dieron el visto bueno al procedimiento. De ahí que el ejecutivo de Juan Manuel Moreno asegure que que no hay caso en los contratos a dedo de Salud porque hay "garantías jurídicas", ya que un informe de los servicios jurídicos del SAS dio luz verde. Defienden además que todos los contratos estaban publicados en el portal de la transparencia.

Según ha podido conocer este periódico, hay dos informes de la asesoría jurídica del SAS. Uno fechado el 10 de agosto de 2022 y otro anterior de 28 de diciembre de 2021. El último se emite tras pedir Salud "informe sobre la posibilidad de ampliación, durante la licitación y hasta la adjudicación de los nuevos contratos, de la contratación de emergencia". "La petición de informe se hace en términos muy generales y por tanto el informe jurídico a emitir por esta Asesoría Jurídica responderá a este condicionante", advierten los servicios jurídicos. Concluye que "existen evidentes razones de interés general para la continuación de la prestación objeto de la contratación de emergencia".

Una prueba para el PSOE

El aval jurídico de 2021, ese informe que hicieron los servicios jurídicos a petición del Servicio Andaluz de Salud para seguir prorrogando los contratos por la vía de emergencia cuando lo peor del covid ya había pasado, forma parte de la demanda del PSOE. En ese informe se avisa de que "la figura excepcional de la prórroga" solo vale "hasta que se formalice la nueva licitación, de modo que no se cause perjuicio para el interés público". Advierten además los servicios jurídicos de que "el órgano de contratación debe documentar formalmente la continuación provisional y limitada de la vigencia del contrato anterior (...) con un límite temporal de nueve meses".

La denuncia de los socialistas, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, apunta a que "a los asesores jurídicos se les dio premisas falsas con el fin de obtener un informe favorable", se las aseguró que "estaba en trámite la contratación ordinaria, lo cual era falso" y "se indujo a confusión a los asesores jurídicos". Eso fue en 2021, resalta la denuncia, y los contratos a dedo se prorrogaron hasta 2023.

Dos años y medio de contratos

“Del informe jurídico del que disponemos”, señala la demanda admitida a trámite, “se denota que, presuntamente, a los asesores jurídicos se les habrían suministrado premisas falsas con el fin de obtener un informe favorable” con el objetivo de conseguir una prórroga de los contratos de emergencias habilitados por el covid. “Fueron expresamente advertidos por el servicio jurídico del organismo sobre extremos singularmente relevantes y sin que eso impidiera que siguieran usando la vía de emergencia durante dos años y medio más".

En la información proporcionada por el Servicio Andaluz de Salud para conseguir la prórroga se informa de que ya se habían comenzando los trámites para retomar la licitación por la vía ordinaria. Algo que era “completamente incierto” y de lo que “inciertamente informaron a los asesores jurídicos”. “No dijeron aquellos responsables la verdad a los autores del informe, y no la dijeron con el objetivo de obtener así un informe pseudo-favorable”, señala la denuncia.

La ley de contratos del sector público apunta que se podrán prorrogar los contratos hasta ejecutar uno nuevo "en todo caso por un periodo máximo de nueve meses" (artículo 29.4). Por eso, la demanda que investiga la Fiscalía Anticorrupción sostiene que “finalizado el año 2021, ya no era posible prorrogar la contratación de emergencia”. Se suspendió en mayo de 2023.

En junio de 2021, la Consejería de Hacienda ya emitió una instrucción clara para que cesaran los contratos de emergencia y se volviera al procedimiento ordinario. Pese al aviso, la querella destaca que con “impunidad” se siguió usando esa vía de contratación paralela.

El papel de la Intervención

La Intervención General de la Junta ha emitido varios informes, hasta 18, que censuran duramente tanto la prórroga de los contratos de emergencia como el fraccionamiento “irregular” de estas adjudicaciones, lo que permitía que se hicieran sin concurrencia pública y competitiva de varias empresas. Los interventores advirtieron de que se actuaba “en fraude de ley” y en el caso de los servicios provinciales del Servicio Andaluz de Salud se señaló que en un 71% de los contratos analizados “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido”.

En la demanda, los socialistas piden una montaña de documentación y de testimonios. Todos los funcionarios y empleados públicos que hayan intervenido, los autores de los informes jurídicos, los interventores de la Junta… Como investigados, los gerentes del SAS. Reclaman que se requiera al Servicio Andaluz de Salud todos los contratos con empresas privadas desde 2015 hasta la actualidad. También todos los informes de control de la Intervención de la Junta desde esa misma fecha hasta la actualidad. Ese año de partida todavía gobernaba el PSOE en la Junta y Susana Díaz era presidenta.

Solicitan que sean los peritos de la Intervención General del Estado quienes analicen todos y cada uno de los contratos de emergencia bajo sospecha. Y que entren “investigadores especializados en casos de corrupción” y aluden a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Es una construcción del caso idéntica a la que siguió entonces el PP con el caso de los ERE.

Un encarecimiento de precios

En la demanda se explica por qué se considera que hay menoscabo de fondos públicos en la contratación de emergencia acudiendo a multitud de ejemplos. Se apunta que esas adjudicaciones a dedo supusieron un incremento de los precios del 10%. "Cuando se aplica la Ley de Contratos del Sector Público y las empresas compiten entre ellas, la baja media sobre los precios de partida es siempre, como mínimo, del 10%", sostiene la querella. El 10% de 242 millones arrojan un presunto menoscabo de “más de 24 millones de euros”.

Desde el Gobierno andaluz insisten en que no hay ni irregularidades ni ilegalidades. La gestión es “intachable”. Aseguran fuentes de la Junta que la orden de precios que estaba en vigor era de 1998 y que hay procedimientos que “incluso se abaratan” en los contratos de emergencia. No dan más datos pero será una de los argumentos que aporte el SAS cuando llegado el momento el juez pida la personación de la Junta. Mientras, bucean en una gestión socialista que dejan claro que tiene todavía muchos cadáveres en los armarios de San Telmo. Así se arman frente al ataque.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió de oficio una investigación sobre un presunto caso de corrupción en los contratos del SAS en 2020 y ha sido archivada, según comunicó el Gobierno andaluz esta misma semana.