¿De qué Presupuestos estamos hablando?

La política se ha convertido en un reality show tan entretenido y veloz que, con la ayuda de las redes sociales, corremos el riesgo de ignorar los aburridos asuntos de la gestión y las políticas públicas. Es el caso del Proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025. Para los que seguimos estos temas el debate, salvo contadas excepciones, no transciende los ya habituales lugares comunes: "los presupuestos que (no) necesita Andalucía", "los más (menos) sociales de la historia", "los que más (menos) apuestan por la provincia X", etc.

A mi juicio, se están orillando temas de alcance que pretendo compartir en este artículo y que, no siendo una novedad en ocasiones, conviene recordar. El primero, la cifra. “Casi 50.000 millones de euros”. Desde el punto de vista del esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía y su impacto directo sobre la economía, lo adecuado es trabajar con el gasto no financiero, descontando también aquel en el que la Comunidad es mera intermediaria. Por tanto, si de los “casi 50.000 millones” restamos la participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado, las ayudas agrarias de la Unión Europea y el servicio de la deuda (intereses y amortización), nos quedamos en 39.600, unos 10.000 millones menos.

Un segundo tema: el cuadro macroeconómico que ofrece el proyecto de cuentas públicas andaluzas no prevé convergencia con la renta per cápita española. En efecto, dado que el crecimiento de la productividad es el principal motor de convergencia entre territorios, el proyecto de presupuestos revela un crecimiento de aquella inferior al del conjunto de España, que no es para lanzar cohetes. Andalucía debería presentar un crecimiento de la productividad sustancialmente superior al del resto de España para iniciar un proceso de convergencia real que, en estos momentos, no existe: nuestra Comunidad ocupa la última posición en el ranking de renta per cápita.

Un tercer tema que considero ausente en el debate es el de la disciplina fiscal. Bien es cierto que esta ausencia no es privativa del gobierno de la Junta de Andalucía sino compartida con otros ejecutivos, siendo el gobierno central el principal responsable de que en estos momentos se carezca de una gobernanza fiscal creíble y eficaz. Pero en este contexto de notable incertidumbre institucional sobre cuáles son los objetivos fiscales, hay una regla que sigue vigente: la regla de gasto.

El proyecto de presupuestos para 2025 fija el crecimiento del gasto computable a estos efectos en el 3,1%. Más exigente que el del propio gobierno central con Bruselas. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal duda que nuestra Comunidad consiga ese objetivo el año que viene y estima más bien dicho aumento en torno al 6%. Casi el doble. Es posible que la Junta de Andalucía pretenda auto disciplinarse con más rigor que nadie, quizás para expiar sus no pocos pecados anteriores. De hecho, en el año en curso parece que tampoco se va a cumplir el objetivo (2,6% oficial versus 4,7% real) y ya no digamos en 2023, cuando el crecimiento del gasto fue el más elevado de España (más de un 13%). En este contexto, hay que advertir frente al furor del converso porque se pierde credibilidad si los deseos no van acompañados por la realidad o la capacidad.

Precisamente, y este sería un cuarto tema, se vende una estabilidad presupuestaria que arroja dudas. Si bien la necesidad de financiación de la Junta de Andalucía prevista para 2025 alcanza el equilibrio, el déficit presupuestario superará los 1.900 millones de euros. Serán ajustes técnicos de contabilidad nacional los que, maravillas del destino, lograrán exactamente el déficit cero. ¿De qué ajustes estamos hablando? Principalmente inejecución del presupuesto anterior (que no es motivo de exhibición) y transferencias finalistas del Estado (cuyo aterrizaje y contabilización habrá que analizar).

Hay una última circunstancia que no me resisto a mencionar. No supone un desembolso elevado ("solo" 64 millones) pero tiene su significado. El Plan de Fomento del Empleo Agrario, antes conocido como PER. Lleva décadas instalado en nuestro presupuesto. Ningún gobierno se atreve a realizar una evaluación seria de su eficacia y eficiencia. Los dos únicos indicadores en el presupuesto por programas de la Junta de Andalucía son los jornales que se contratarán y el número de beneficiarios, y salen 17 jornales por persona y año. Sí, ya se sabe, el arraigo de la población al territorio y demás, pero no es propio de la Andalucía del siglo XXI que se vende.

En definitiva, la discusión presupuestaria andaluza no aborda, en mi opinión, algunos temas de sustancial relevancia. Me he referido a la convergencia regional con el resto del país, a la disciplina fiscal de una Comunidad con desequilibrios presupuestarios crónicos o a la evaluación de eternos programas de gasto. Un gobierno con mayoría absoluta como el andaluz puede y debe iniciar reformas estructurales de alcance, y el presupuesto es una herramienta adecuada para ello.