Dos versiones y una venta encallada: el choque entre Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla

La compraventa del Sevilla Fútbol Club ha entrado en una fase de bloqueo marcada por dos relatos enfrentados. La discusión no gira únicamente en torno al precio de las acciones, sino sobre la propia naturaleza de la operación, si el grupo de Sergio Ramos mantenía el acuerdo pactado o si intentó tomar el control del club mediante una estructura distinta. De un lado, Sergio Ramos sostiene que su grupo inversor no ha incumplido ningún acuerdo en la LOI y que la última propuesta presentada responde a una adaptación necesaria para garantizar la viabilidad económica del club.

El punto de partida, según los accionistas, estaba en una carta de intenciones vinculante suscrita el pasado 26 de enero con Five Eleven Capital y Sergio Ramos. Ahí está uno de los matices jurídicos del conflicto: Ramos defiende que no llegó a firmarse el SPA, el contrato definitivo de compraventa, mientras que los vendedores sostienen que la carta de intenciones ya fijaba obligaciones suficientes como para reclamar el incumplimiento. Ese acuerdo contemplaba la venta de hasta el 85% del capital social del Sevilla.

La fricción definitiva llegó el 27 de mayo. Los accionistas afirman que, a pocos días de que expirase el periodo de exclusividad, Ramos y sus asesores trasladaron un planteamiento "absolutamente diferente" en forma y fondo. En su comunicado, las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente sostienen que el Grupo DMI, el inversor mexicano, pasó a ser el actor principal de la operación cuando, según ellos, no había formado parte del planteamiento inicial. También aseguran que Five Eleven desaparecía en la práctica del esquema y que cambiaban los interlocutores, los asesores y la arquitectura económica de la compra.

El choque: adaptación para Ramos, incumplimiento para los accionistas

Sergio Ramos, en cambio, niega esa interpretación. En su comparecencia pública defendió que DMI estuvo con él "desde el principio" y que no se ha producido una caída de socios, sino una distorsión de la realidad. Su tesis es que la negociación ha evolucionado porque los parámetros han ido cambiando, no sólo por su parte, y porque LaLiga y los asesores recomendaron elevar la ampliación de capital de 80 a 120 millones. Es más, según pudo confirmar El Correo de Andalucía, LaLiga no exigió una ampliación de capital por ese valor. Hubo una reunión en la primera semana de marzo con Martin Ink y su equipo, nos preguntaron a LaLiga cuál era el efecto del fair play financiero sobre una ampliación de capital de 80 millones, se lo explicamos, resolvimos alguna duda y fin. Nosotros no hacemos recomendación a nadie y desde entonces no hemos sabido nada de ellos. Aunque nos hubieran preguntado sobre una ampliación de 120, aquello fue la primera semana de marzo", relatan fuentes a este medio.

Ahí aparece una de las claves del bloqueo. Para Ramos, la nueva propuesta no rebaja el precio de la acción, sino que aplaza parte del pago y obliga a los actuales accionistas a acompañar el proceso de recuperación del club. Para los vendedores, en cambio, no es lo mismo mantener nominalmente el precio por acción que alterar el dinero efectivo recibido, los plazos de cobro y las condiciones asociadas a la segunda parte de la operación. El exjugador insiste en que el pago se haría en dos partes".

En las diapositivas mostradas durante la comparecencia, se pudo leer que la segunda parte de la compra de acciones quedaba sujeta a la consecución de "ciertos hitos" y "condiciones a pactar con socios". Ese matiz no es menor: para la parte vendedora, una cantidad condicionada o pendiente de futuros acuerdos no equivale a un pago cierto en los mismos términos que la operación inicialmente pactada.

El control del club, el papel de DMI y el bloqueo final de la operación

Para la parte vendedora, sin embargo, el problema no está sólo en el calendario de pago, sino en el cambio de naturaleza de la operación. Según fuentes de la negociación, la propuesta inicial contemplaba una inversión comprometida muy superior, con una compra mayoritaria directa de acciones y una ampliación posterior. La diferencia es relevante porque una ampliación previa permite al nuevo inversor ganar peso accionarial dentro del club sin comprar primero la totalidad del paquete previsto a los actuales propietarios. La última fórmula, en cambio, situaba en primer lugar una ampliación de capital de 120 millones.

Esa diferencia es esencial. Desde el lado de los accionistas se interpreta que ya no se estaría comprando el 85% del Sevilla en los términos pactados, sino obteniendo el control mediante una ampliación previa y una adquisición posterior mucho más limitada. Además, advierten de que los actuales propietarios quedarían con un paquete minoritario, menos liquidez inmediata y el riesgo de futuras diluciones si el nuevo accionista mayoritario impulsara nuevas ampliaciones de capital.

El perfil de DMI también ha generado preocupación en la parte vendedora. Los accionistas señalan en su comunicado que el cambio de inversor despertó dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad. Ramos, por su parte, negó que el estadio o la ciudad deportiva hayan sido la prioridad de la operación y aseguró que esos asuntos ni siquiera han centrado la negociación. Su mensaje fue claro: el objetivo sigue siendo cerrar la venta y acometer una ampliación antes del 30 de junio. Desde los accionistas mantienen a este periódico que "es falso que estuviera DMI desde el principio y que los que sí estaban son Kirkoswald, Oak Hill y el grupo familiar Werthein, ahora desaparecidos".

También difieren las versiones sobre la información económica del Sevilla. Los accionistas sostienen que el club ha sido transparente, que la due diligence fue satisfactoria y que los compradores ya contaban con toda la documentación desde abril. Ramos replica que la situación del Sevilla es delicada, con pérdidas acumuladas y recurrentes, y que precisamente por eso se hacía imprescindible revisar el esquema final de la oferta.

El resultado final, a 1 de junio y fuera del periodo de exclusividad, es que la negociación está estancada aunque Sergio Ramos afirme que quiere sentarse, esta misma semana, y que se muestra ilusionado por ver aún factible cerrar la transacción. Por su parte, los accionistas anunciaron reclamación de cláusula penal, daños y perjuicios y han reactivado contactos con otros grupos interesados.

Entre ambas posiciones, la venta del Sevilla Fútbol Club queda con la duda de si la última propuesta de Ramos era una adaptación necesaria para salvar al Sevilla o una ruptura de lo pactado que dinamitó cinco meses de negociación. En el club lo tienen claro tal y como sostienen a El Correo de Andalucía, no tienen nada que negociar con Sergio Ramos y su última propuesta: "Se ha considerado una tomadura de pelo".