"No pagará más quien más contamina": los expertos rechazan la nueva tasa de residuos de Sevilla

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha sido contundente al analizar la nueva tasa de residuos que exige la Unión Europea y que debe implantar el Ayuntamiento de Sevilla a partir del próximo mes de marzo. "La configuración de la tasa no cumple el objetivo de que pague más quien más contamina o más residuos generen. Y desde luego, el tratamiento proporcional en función del número de personas empadronadas en cada domicilio no incentiva de ninguna forma el esfuerzo de reciclar, pues tal y como está configurado, el ciudadano va a pagar el mismo importe con independencia del esfuerzo por separar los residuos en origen que haga", explican en un dictamen emitido este lunes.

Este órgano, formado por agentes sociales de Sevilla en materia económica y social (expertos, sindicatos, empresarios o vecinos, entre otros), tiene entre sus funciones emitir informes con carácter preceptivo sobre propuestas, proyectos y normas que pueda desarrollar el Ayuntamiento antes de su aprobación provisional en el pleno.

En esta ocasión, ha valorado la nueva tasa de residuos para este 2025, un impuesto que repercutirá en todos los sevillanos. Los técnicos municipales calculan que habrá una subida de un año a otro de 9,9 millones entre la tasa de viviendas y de locales. Actualmente, la recaudación total es de 18,1 y 19,9 millones y pasaría a 23,1 y 24,7 millones respectivamente desde abril de 2025 hasta final de año. Esta cifra es el resultado de la suma de todos los costes derivados de la gestión de residuos en la ciudad.

En aras del objetivo de reducir la cantidad de residuos generados por los ciudadanos y las empresas europeas y mejorar su gestión conforme a los principios de jerarquía de residuos y de “quien contamina paga”, la Unión Europea ha obligado a los Estados miembros a tomar diferentes medidas, enumerando distintos instrumentos económicos entre los que se encuentran las tasas y restricciones a las operaciones de depósito en vertederos e incineración de residuos y que incentiven la prevención y el reciclado de residuos.

Por ello, el Ayuntamiento está obligado a implantar una nueva tasa, y en diciembre de 2024 pidió al CESS un dictamen sobre el expediente de imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios específicos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

No pagarán más los que más contaminan

Según el CESS, "no se está cumpliendo con el objetivo de quien contamina paga, al no tener en cuenta el volumen de residuos que generan unas viviendas u otras". "Entendemos que tal y como está configurada la tasa y su correlación con la tasa de recogida de residuos no cumple con los objetivos que la ley pretende: la separación en origen de los residuos, y el principio de quien contamina paga", explican estos expertos.

¿Cómo debería aplicarla el Gobierno de Sanz? Para cumplir con los objetivos que la Ley de Residuos establece, el CESS entiende que se debería "concienciar a la población para que se realice la separación en origen de los residuos; actuar contra el vandalismo; o analizar los costes reales que deben financiarse con esta tasa y exponer de forma clara cómo se ha repercutido en cada una de las tarifas dicho coste y su total separación de los costes computados en la actual tasa de recogida de basuras vigente".

También "analizar otras fuentes de financiación que permitan reducir el coste del servicio y, por tanto, la tasa que deba repercutirse a los usuarios; analizar qué bonificaciones permite la ley y su posible aplicación; tener en cuenta que, en la tributación de las viviendas deshabitadas y locales sin actividad, si nos basamos en el principio de “quien contamina paga” exigido por la Ley de Residuos, podría ser necesario en la determinación de la cuota en estos casos, diferenciar una parte de la cuota por disponibilidad del servicio y otra por generación; o elaborar un proyecto que vaya orientado a la consecución paulatina del objetivo pago por generación".

En definitiva, aseguran que no se pagaría en función de lo que se contamine o lo que se genere y que se debe estudiar cómo conseguir que de forma clara haya diferenciación entre quien genere más o menos residuos, cómo conseguir bonificaciones y cómo reducir costes para los usuarios.

Hay que recordar que esta tasa, bautizada por el Gobierno local como "tasa Sánchez", ha sido criticada por el Partido Popular en multitud de ocasiones al considerar que supone "un ataque al bolsillo de los sevillanos, que tendrán que pagar los costes íntegros de la gestión de los residuos. Supone una clara invasión de las competencias locales”. Recientemente el pleno aprobó reclamar al Gobierno de España su derogación.

¿Qué es la nueva tasa?

La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica para cubrir los costes del servicio de gestión de residuos antes del 10 de abril de 2025.

En su artículo 11, la ley obliga a que las entidades locales implementen una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuos. Incluye recogida, transporte, tratamiento, campañas de concienciación, y vigilancia de las operaciones relacionadas.

Si no se cumple antes del 10 de abril de 2025, el Ayuntamiento estaría en situación de incumplimiento legal. El Gobierno local está "en contra de que se obligue a los ayuntamientos a crear una tasa municipal para alcanzar estos objetivos". Además, defiende que la Unión Europea ofrece a los Estados miembros diferentes alternativas para ejecutar la directiva europea, pero el Gobierno español "ha optado por gravar directamente su coste a los ciudadanos a través de los ayuntamientos".

De los 20 millones estimados, 9,88 corresponden al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración, que también se deriva de esta ley estatal. Este impuesto fue implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 y hasta ahora ha sido absorbido por el presupuesto municipal, sin repercutirlo a los contribuyentes.

La ley obliga a que a partir de abril de 2025 este gasto sea repercutido a los ciudadanos junto con los restantes costes del servicio. El Ayuntamiento de Sevilla asegura haber retrasado la creación de esta nueva tasa todo lo que ha sido legalmente posible.