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La causa del tanatorio lleva ante el juez al presidente del PP de Sevilla y otros tres altos cargos

Arrancan las declaraciones por el caso de Mairena del Alcor tras apreciar el Juzgado indicios de infracciones penales en la denuncia del PSOE y abrir una investigación a cuatro dirigentes populares y dos personas vinculadas al sector privado

Archivo - El presidente del PP en la provincia de Sevilla, Ricardo Sánchez.

Archivo - El presidente del PP en la provincia de Sevilla, Ricardo Sánchez. / PP DE SEVILLA - Archivo

EP

SEVILLA

La causa judicial abierta por la construcción del tanatorio en el Polígono El Gandul de Mairena del Alcor sienta a partir de esta semana ante el juez como investigados a cuatro dirigentes del PP sevillano, entre ellos el presidente provincial y exalcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez. Junto a él están citados el actual alcalde de Mairena, el presidente del PP de este municipio y un miembro de la ejecutiva regional.

El presidente del PP de Sevilla, delegado del Gobierno andaluz en la provincia y exalcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez, será quien abra este calendario de declaraciones este lunes 3 de marzo como investigado por un posible delito de administración desleal.

Será el arranque de hasta seis declaraciones de altos cargos del PP y personal de la empresa acordados por el Juzgado mixto número uno de Carmona que apreció en su auto del 5 de febrero indicios de infracciones penales en la denuncia formulada el 15 de abril de 2024 por parte del Grupo Socialista de Mairena del Alcor.

En este auto el juzgado abre una investigación por los presuntos delitos de administración desleal, tráfico de influencias y prevaricación que afectan además de al citado Ricardo Sánchez, al alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López (declarará el martes), al coordinador de Empresas en la Viceseretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa y a José Navarro Gómez (presidente del PP de Mairena del Alcor y actualmente asesor de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla). También están citados Juan Alfonso F.C., J y José Antonio G.G por la parte privada de la causa. Todos ellos declararán como investigados durante este mes de marzo.

El relato del auto judicial

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, en 2015 el entonces alcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez, invierte 21.118 euros en la redacción del proyecto constructivo de un tanatorio público en un suelo calificado, según el auto judicial, como no urbanizable. Por este motivo, en 2024, el proyecto resulta abandonado precisamente por esta calificación del suelo en un expediente en el que se notifica que se ha iniciado una modificación del planeamiento para adecuarlo.

En paralelo, en 2017, según la denuncia, el Ayuntamiento enajenó dos parcelas municipales donde hoy se alza el tanatorio privado de la localidad y "como la subasta quedó desierta, inició los trámites para la adjudicación directa, que concluyó en julio de 2018, con la adjudicación a la mercantil Compañía Pineda Álvarez", según recoge la denuncia del PSOE.

A continuación, según el informe policial recogido en el auto del Juzgado, se inicia la tramitación de un tanatorio privado por parte de la mercantil Gesit Trazabilidad. En el análisis de la documentación inicial por parte del Juzgado se constata que este proyecto "no tiene las preceptivas licencia de obras o Declaración responsable" para los reformados ejecutados para el bar cafetería y zona de horno crematorio y que durante el proceso no se cumplieron los trámites de audiencia y se pudo haber llegado a una situación de caducidad del expediente.

Como consecuencia, a juicio de la instrucción judicial, "los administradores se han beneficiado de una prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones, todas favorables y en muy corto espacio de tiempo, así como por la permisibilidad continua en todo lo ocurrido en relación con los reiterados incumplimientos de los trámites de audiencia permitiendo llevar a cabo las obras de los reformados sin la preceptiva licencia de obra y omitiendo la labor inspectora".

Crisis del PP de Sevilla

El inicio de esta instrucción judicial coincide con la crisis abierta en el seno del PP de Sevilla después de que se filtraran las cuentas del Grupo Popular en la Diputación y en el Ayuntamiento de Sevilla que incluían, de acuerdo con la información difundida por Diario de Sevilla, pagos a dirigentes como Juan Bueno (que alegó que eran compensaciones por gastos de representación facturados) o a Asunción Fley, entonces delegada del Ayuntamiento y sin relación orgánica con el PP de Sevilla.

La información desvelada por El Correo de Andalucía reflejó que estas cuentas fueron depositadas en una notaría por la anterior dirección del PP y que posteriormente, a finales del año pasado, fueron retiradas por parte del actual número dos de Ricardo Sánchez en el PP, José Ricardo García. Esta situación dio pie a la apertura de una investigación interna por parte de la dirección regional del PP.

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