Campaña de los hosteleros contra la retirada de veladores: "Se perderá parte de nuestra sevillanía"

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y la Provincia quemará hasta el último cartucho para lograr una ordenanza de veladores de consenso con su opinión sobre cómo deben desarrollar su actividad, ya que aseguran que solo se aceptó una alegación de las 42 que presentaron. El Gobierno de José Luis Sanz sigue con la idea de llevar esta nueva normativa al pleno de marzo, pero este pasado miércoles volvió a reunirse con la patronal de los hosteleros para intentar llegar a un acuerdo, de la cual no han trascendido detalles. Mientras tanto, estos siguen manifestando públicamente su rechazo. "Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, y nos la quieren quitar", asegura una voz en off en un vídeo realizado por la asociación con imágenes de gente sentada en terrazas disfrutando.

"Con la nueva ordenanza de veladores no solo se perderán cientos de terrazas y miles de puestos de trabajo", continúa el vídeo, en consonancia con las palabras de Alfonso Maceda, su presidente, cuando la semana pasada cifró en más de 12.000 veladores los que se retirarían con la obligación de dejar un paso de 1,80 metros para los peatones. "Calculamos que afecta a un 40% de los veladores que están actualmente, se podrían perder unos 8.000 puestos de trabajo. A ver cómo explican a esas familias que se van a quitar esos veladores, se van a quedar sin trabajo y no van a tener a quién servir", aseguró.

Además de esta consecuencia, los hosteleros también afirman que "se perderá nuestra manera de vivir la ciudad, desenvolvernos en ella". "Se perderá parte de nuestra sevillanía", añaden, para decir "no a la nueva ordenanza de veladores".

"La hostelería es un motor económico muy importante que el Ayuntamiento de Sevilla tiene que cuidar y mimar, pero también hay que buscar el descanso de los vecinos y encontrar ese equilibrio", defendió este martes José Luis Sanz.

La defensa de Maceda de los veladores

El presidente de la Asociación de Hosteleros ya defendió a capa y espada la importancia que tienen los bares y sus terrazas en la ciudad. “El velador es una demanda ciudadana, no es una demanda de los hosteleros. A raíz de la pandemia y el uso del tabaco dentro de los establecimientos, se disparó la demanda del uso de veladores al aire libre. El ciudadano nos pide una mesa exterior, los consumidores preferimos al aire libre que al interior. Es una demanda ciudadana, hay que darle respuesta", argumentaba.

“Pedimos respeto. A pesar de ser un sector fundamental en la ciudad, en redes sociales se nos trata muy mal. No sé por qué se nos odia tanto, que si ganamos mucho dinero o hacemos lo que queremos. Nunca tenemos noticias buenas, todo es malo. No se entiende una reunión sin una cerveza, un refresco, unas tapas. Nos gustaría que se nos quisiera más", defendía Maceda.

Pidió a los grupos de la oposición que no apoyen la ordenanza cuando se lleve a pleno, y anunció la convocatoria de una asamblea. "Tenemos la esperanza de retomar el diálogo antes de que sea tarde", aseguró, sin descartar "medidas de presión" que no se atrevió a definir, como una huelga.

Dos líneas rojas

El punto más conflictivo, el que tiene en pie de guerra a los hosteleros, es la modificación del artículo relativo al paso peatonal que se debe dejar con la colocación de las mesas en las terrazas, es decir, el espacio mínimo libre que se debe dejar en la acera. Se debe garantizar que un espacio libre de acera mínimo de 1,80 metros para paso peatonal, que no puede verse reducido por la existencia de alcorques, mobiliario urbano u obstáculos de cualquier naturaleza.

La segunda línea roja de los hosteleros es la cuantía de las sanciones. Se podrá revocar la licencia con dos multas o más, y los hosteleros aseguran que se ponen multas por infracciones muy leves que también podría conllevar en la pérdida de veladores en algunos bares. La otra lectura es que las sanciones se incrementan. Las infracciones leves se sancionarán con multas desde 600 euros hasta 2.999 euros. Las graves van desde 3.000 a 29.999 euros (antes hasta 5.999) y las muy graves de 30.000 a 120.000 euros (antes desde 6.000 euros).