El caso del tanatorio de Mairena del Alcor entra en una nueva fase: el juez inicia el procedimiento para ampliar la instrucción

El pasado 5 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona tras analizar una denuncia del PSOE y el informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, emitió el auto en el que concluía que había indicios suficientes para citar como investigados a seis personas, cuatro de ellas dirigentes del PP, por el proceso de construcción de un tanatorio privado en Mairena del Alcor. Una vez que todas estas personas han prestado declaración y antes de que concluya el periodo máximo de instrucción de una año, el magistrado ha comunicado a las partes el inicio del procedimiento para una prórroga de la instrucción y, por tanto, para que continúen las investigaciones previas al inicio de un juicio oral o el archivo de las actuaciones.

Así, se recoge en la providencia trasladada esta semana a las partes implicadas que han tenido cinco días para presentar sus alegaciones en torno a la decisión de continuar el procedimiento con una prórroga sobre el periodo máximo de un año de instrucción judicial que prevé la Ley de Enjuiciamiento criminal y que concluía el próximo mes de mayo. Tras analizar estos informes, tomará decisión final sobre el proceso.

De los próximos pasos que dé el juez y, sobre todo, si se decide a abrir un juicio depende en buena medida la estabilidad del PP de Sevilla. Hasta cuatro dirigentes han pasado por el juzgado en las últimas semanas dentro del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona.

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez

El primero en hacerlo fue el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, quien compareció en los juzgados de Carmona en calidad de investigado por un posible delito de administración desleal. El ex alcalde del municipio y actual presidente del PP de Sevilla está investigado por un presunto delito de administración desleal. De acuerdo con el auto judicial del pasado mes de febrero, el juez le investiga específicamente por el gasto en al año 2015 de 21.118 euros para la redacción de un proyecto constructivo para la ejecución de un tanatorio público en Mairena de Alcor del que poco después el Ayuntamiento desistió al estar ubicado en un terreno no urbanizable, lo que abrió la puerta al desarrollo de un proyecto privado. En su declaración defendió la legalidad de sus actuaciones.

Aunque no respondió a las preguntas planteadas por la acusación, dirigida por el PSOE, la intención en este aspecto de los abogados denunciantes fue ampliar el foco de la participación del presidente del PP para que entre a formar parte de la segunda parte de la investigación, la que afecta a los permisos y trámites que realizó el Ayuntamiento para la construcción de un tanatorio privado en el municipio.

Esta es la parte de la instrucción por la que han tenido que declarar en las últimas semanas las otras cinco personas investigadas. Entre ellos, el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, el coordinador de Empresas en la Viceseretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa y José Navarro Gómez, presidente del PP de Mairena del Alcor y actualmente asesor de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Juan Manuel López fue citado como investigado por el delito de tráfico de influencias; José Navarro y Francisco Rodríguez Roa por los delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Todos ellos han prestado declaración aclarando las circunstancias de una investigación que se centra en el proceso por el que el tanatorio privado de este municipio obtuvo todos los permisos urbanísticos municipales para iniciar su actividad de una forma en la que el informe de la Guardia Civil aprecia indicios de irregularidades.

"Se han beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones todas favorables en muy cortos espacios de tiempo y por la permisibilidad continua patente de todo lo ocurrido con los reiterados incumplimientos de los trámites de audiencia, permitiéndoles llevar a cabo las obras de los reformados sin la preceptiva licencia de obra mayor o declaración responsable y omitiendo la labor inspectora de las obras que tiene ecomendada la Agencia Urbanística", recoge el informe de la Guardia Civil citado en el auto judicial de febrero.