Sucesos
Nueva agresión en una cárcel de Sevilla: un interno se lía a golpes y puñetazos contra un funcionario
Varios presos acusaron al agresor de deberles dinero y éste reaccionó contra el trabajador

Entrada Centro Penitenciario de Sevilla I / Joaquin Corchero / Europa Press

Un funcionario de la cárcel de Sevilla I tuvo que ser atendido este lunes por los servicios de urgencias tras recibir varios puñetazos y golpes por parte de un interno. Es el segundo episodio contra funcionarios de prisiones en menos de una semana en la provincia hispalense, después del registrado el pasado sábado en la centro penitenciario de Morón de la Frontera.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado a Europa Press la agresión, sobre la que ha alertado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). En una nota de prensa, la APFP ha detallado que este lunes por la tarde, tras la bajada de celdas al patio del módulo 54, varios internos se acercaron al funcionario agredido para informarle que otro interno les debía una suma importante de dinero a varios internos.
El funcionario llamó al interno, que "se acercó de forma nerviosa". El trabajador intentó tranquilizarlo para que le explicara el problema que tenía. El interno se puso "muy agresivo" y "de forma súbita le empezó a golpear con patadas y puñetazos". "El funcionario del departamento intentó zafarse de los golpes pero varios puñetazos le impactaron en la zona izquierda del cuerpo, pero consiguió avisar a otros compañeros y con la llegada de éstos, y utilizando la fuerza física imprescindible, lograron reducir al interno y llevarlo a otro departamento".
Desde APFP han lamentado que "para los internos agredir a un funcionario de prisiones es gratis". "Cada día hay más agresiones por la mala clasificación de los internos y menos respeto al ordenamiento jurídico y a la figura del funcionario de prisiones que carece de la condición de agente de la autoridad", ha afeado la asociación.
La APFP ha vuelto a reclamar al Ministerio del Interior el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad; el reconocimiento de profesión de riesgo; adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para "ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con los compañeros de Cataluña.
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